En los primeros días de febrero de 2016, la asamblea ambiental "Más ríos menos termas", denunció en la secretaría de Ambiente el vertido de residuos altamente contaminantes por parte de la industria láctea que forma parte de la fundación  Red de Acciones e Iniciativas Comunitarias para la Empresa Social (RAÍCES), de la que el ex ministro de Ambiente de Cambiemos es miembro fundador y ex director ejecutivo.

Bergman comenzó a relacionarse con Avigdor hace ya casi dos décadas, cuando la Fundación Judaica, de la que también forma parte, comenzó a desarrollar actividades en la última colonia de inmigrantes judíos de nuestro país. "El desarrollo y el futuro de Colonia Avigdor son, en definitiva, una muestra de quiénes somos y qué queremos como comunidad respetuosa de sus tradiciones y valores y comprometida con nuestro país y el futuro que queremos para nuestros hijos", definen en el sitio web oficial de esta fundación con fuerte influencia en la vida institucional y social de este pueblo que, al momento del Censo 2010, contaba con 692 habitantes.

Sin embargo, son frecuentes las prácticas ambientales y laborales reñidas con esos valores y objetivos por los que brega la fundación y sus unidades productivas y educativas. Denuncias, decisiones administrativas y secretos a voces dan fe de ello.

En el mismo expediente, quedó asentdo que la empresa no inició los trámites para obtener las certificaciones de radicación y funcionamiento exigidas en la Ley 6260 de Prevención y control de la contaminación ambiental y sus decretos reglamentarios, aconsejando la necesidad de realizar una inspección para corroborar el estado de situación de la empresa.

La inspección finalmente se llevó a cabo, se confirmó la irregularidad existente respecto del tratamiento de los efluentes y se comprobó que la firma no contaba con la documentación reglamentaria. "Esta industria vertía el suero lácteo en un arroyo a través de un caño de conducción enterrado desde las cámaras salientes de la planta", recordó Elio Kohan, vocero de "Más ríos menos termas", en diálogo con Río Bravo. "Se le dieron distintos plazos para regularizar su situación", agregó; en un primer momento 25 días para tramitar las certificaciones correspondientes.

El trabajo (precario) como herramienta de presión social

El activista de la asamblea recordó que tuvieron "varias represalias" a partir de las denuncias realizadas, incluida una agresión física hacia su persona por la que radicó una denuncia policial. Hubo, también, hechos de incitación a la violencia y hostigamientos de distinto tipo, sobre todo vía telefónica y a través de redes sociales. "Hubo incitación a través de la radio y en declaraciones del mismo ministro de que me financiaba un partido político", señaló Kohan.

Pero tal vez uno de los golpes más bajos y actitudes más viles fue la evidente intención de generar presión sobre los denunciantes poniendo a la población en su contra, bajo amenaza de cerrar la planta, utilizando a los trabajadores casi como rehenes, en caso de que prosiguieran las denuncias.

Trabajadores que, por otro lado, no gozaban (¿gozan?) de las mejores condiciones laborales y así pudo corroborarlo este cronista en otra oportunidad, al tomar contacto con exempleados que cobraban parte o la totalidad de sus haberes en negro y que eran obligados a retirarse de la planta cuando llegaban las inspecciones de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), quedando solo aquellos cuyos contratos se ajustaban a legislación laboral.

A fines del año pasado, hubo una denuncia por despido y trabajo en negro, aunque desde la fundación -como suele suceder en estos casos- desconocieron la relación laboral.

Cuatro años en la ilegalidad y sin control

Aunque tras aquella denuncia inicial, se registraron algunos cambios, la industria láctea de la Fundación RAÍCES siguió dando que hablar. "Luego de varios pedidos de informe accedimos a los distintos expedientes, logramos que se dejaran de vertir los efluentes en el arroyo, aunque se siguió con algunas prácticas clandestinas", recordó Elio Kohan, vocero de "Más ríos menos termas", en diálogo con Río Bravo.

De los trámites posteriores surgió que la empresa tramitó el certificado de radicación, pero nunca (hasta hoy) el de funcionamiento, que exige -entre otros datos- información sobre cantidad de trabajadores, horarios y días de trabajo", tipo y cantidad de materias primas y productos; volumen y procedencia del agua a utilizar, cantidad y tipos de combustibles, energía eléctrica; residuos y efluentes industriales (tipos, tratamientos, almacenamiento, transporte y/o destino).

La construcción de "una cámara para depositar los efluentes aunque sin autorización o inspección de las autoridades de control", fue otra de las irregularidades registrada en este tiempo por los ambientalistas.

Sin embargo, desde la denuncia originaria hasta la fecha la asamblea no obtuvo casi respuesta a las posteriores solicitudes de informes, por lo que volvieron a la ofensiva en los primeros días de mayo a los fines de obtener una respuesta del actual secretario de Ambiente de la provincia, Martín Barbieri: "Luego de varios e insistentes pedidos de informes respecto del seguimiento de los expedientes mencionados, no hemos tenido respuestas de la situación en la que se encuentran, que no se han realizado inspecciones luego de la realizada en marzo del 2016, por lo que si se realizaron modificaciones en las instalaciones tal como mencionara en una entrevista radial en julio del 2018 una persona relacionada directamente con el funcionamiento de dicha industria, o como en estos días que se están realizando excavaciones en la zona de las cámaras y el caño de conducción enterrado, no habrían sido autorizadas por el organismo de control".

Publicado en Río Bravo el 20 de mayo de 2020