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Domingo, 09 Febrero 2020 23:17

Fumigaciones: ambientalistas repudiaron rechazo del STJ al recurso para ir a la Corte Suprema

Escrito por Río Bravo

La coordinadora “Por una vida sin agrotóxicos - Basta es Basta” repudió, a través de un comunicado, la resolución de los jueces Germán Carlomagno, Bernardo Salduna, Susana Medina, Emilio Castrillón y Juan Ramón Smaldone, del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que rechazan “el Recurso Extraordinario Federal para ir a la Corte Suprema de la Nación a reclamar la protección de las escuelas rurales de las fumigaciones con agrotóxicos".

Los ambientalistas consideraron la medida como “un escándalo jurídico” y señalaron que la Justicia actuó “otra vez contra la gurisada, contra la Constitución y contra las leyes”.

“El Superior Tribunal de Justicia en otro fallo escandaloso volvió a asumir una clara posición contra la protección de la salud de niños y niñas entrerrianas que asisten a las escuelas rurales dentro de todo el territorio provincial”, alertaron desde la coordinadora, que recibió este sábado una notificación de parte del STJ informando sobre la medida adoptada.

Además, señalaron, esta decisión “contradice la Ley de Amparos que garantiza la gratuidad, ya que el STJ pretende cobrar honorarios de 14 mil pesos en concepto de costas para el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes (a quien todos y todas pagamos su abultado sueldo). Situación de una absoluta ilegalidad y enorme vergüenza por los derechos afectados. Más que un acto jurídico, parece una acción dirigida a silenciarnos”. Sin embargo, redoblaron la apuesta: “No lo lograrán, iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque el derecho nos respalda”.

Cabe recordar que, tras el Decreto 4.407/18 del gobernador Gustavo Bordet que establecía distancias mínimas respecto de las escuelas de 500 metros para las fumigaciones aéreas y 100 metros para las terrestres, las organizaciones ambientalistas ambientalistas impulsaron un primer amparo que dio lugar a una medida cautelar de la Justicia y se fijaron distancias de 3000 y 1000 metros para fumigaciones aéreas y terrestres, respectivamente, hasta tanto se estableciera una nueva regulación, que –según cuestionaron en su momento desde Basta es Basta, sin modificaciones sustanciales– vino de la mano del Decreto 2239/19 del Ejecutivo, tras lo cual, el STJ rechazó un nuevo amparo.

Ahora, el STJ rechazó el recurso para llevar la controversia ante la Corte Suprema. Frente a eso, los ambientalistas se preguntaron: “¿A qué intereses sirven cuando desconocen la Constitución a la que se deben? ¿Al mal denonimado agronegocio? Ya ni siquiera es buen negocio esa práctica de la agricultura industrial” y acompañaron el texto con una fotografía de una reunión que mantuvieron miembros del STJ y la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias, al tiempo que resaltaron que “jamás escucharon a las y los afectados”.

Finalmente, se preguntaron “qué resultados generó el Decreto 2239/19 que vino a reducir la protección lograda por nuestro amparo”, normativa que, según el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, “garantiza la seguridad ambiental y la salud” y señalaron: “Le cabe al fiscal y al Gobierno de Entre Ríos responder varias preguntas:

- ¿Por qué no está disponible de manera completa el mapa georreferenciado de Escuelas Rurales de la provincia de Entre Rios (art 7°)? (…) ni el gobernador ni el fiscal de Estado saben si se fumiga o no al lado de las escuelas. Y si lo saben, no lo controlan ni lo verifican.

- ¿Se inició el programa de seguimiento de la salud de los agricultores y comunidades rurales (Art 15°)?

A modo de conclusión consideraron “inaceptable que el Estado deje la provincia liberada para fumigar” e impida que se avance en “un modelo productivo que nos incluya y respete la vida en la tierra, tal como lo propusimos de manera permanente a través del Foro de Agroecología, al que se comprometió el gobierno de Bordet”.

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