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Viernes, 04 Febrero 2011 13:27

Las cooperativas uruguayenses y el fraude a la ley laboral

Escrito por Santiago Joaquín García

Por Santiago Joaquín García - El Sindicato de Empleados de Comercio realizó un seguimiento del accionar de la  Cooperativa de Trabajo La Lomita Ltda., que puede ser la punta de un iceberg que esconde a sectores del poder político, jurídico, económico, y que tiene a los trabajadores como los principales perjudicados.


La cantidad de cooperativas que se han creado en los últimos cinco años, supera a las que se habían creado en los setenta y cinco años anteriores. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, desde 1927 hasta 2004 había 909 cooperativas. Desde 2005 hasta 2009 se crearon 1.222 nuevas. Esto no responde a un explosivo auge del cooperativismo, sino a las posibilidades que este tipo de asociaciones brinda para la evasión, el lavado de dinero y la superexplotación de los trabajadores. El asesinato de Mariano Ferreyra puso sobre el tapete este tema, y una red de complicidades que llegan hasta la propia Casa Rosada.


Denuncias contra La Lomita: el primer paso


En los últimos 5 años, la Cooperativa de Trabajo La Lomita Ltda. tiene por lo menos cuarenta expedientes en la Dirección Provincial de Trabajo que la obligan a pagar multas por contratar trabajadores en fraude a la ley laboral. Esto quiere decir que esos empleados no tienen acceso a una jubilación, ni defensa gremial, ni ART, ni seguro, ni recibo de sueldo, ni pueden acceder a un crédito, y mucho a menos a algo tan básico como una vivienda. Para decirlo en pocas palabras: se trata de trabajo en negro, que permite la evasión impositiva, previsional, y vulnera los convenios colectivos de trabajo. La categoría bajo la que se contrata a los empleados, generalmente, es la de “trabajador promovido”, y es difícil de explicar por qué la Afip ni el Ansés no dicen nada al respecto.


Mil nombres y una sola dirección


Sin embargo, la lista de expedientes se hace más larga si se incorpora a por lo menos otras tres cooperativas que han funcionado en la misma dirección: Carosini 141. Se trata de la Cooperativa de Trabajo Eventur Ltda., La Cooperativa de Trabajo Colonia Barraquero y la Cooperativa Mercosur. El cambio de nombre es una modalidad que debe ser investigada, ya que puede ser una forma de protegerse cuando los expedientes se multiplican. Entre los empresarios locales que han debido pagar multas por fraude laboral con estas cooperativas, se destacan los Supermercados Riccio, Industrias Plásticas, Rendering S.A., Nueva Concepción S.R.L. y Agüero Estela Alicia.   


Como dato a investigar, vale destacar que Carosini 141 es el mismo domicilio que da el contador Lucas Rodríguez para participar en el sorteo de peritos para las designaciones de oficio de la Justicia Provincial durante 2010.        


Las verdaderas cooperativas y la falta de decisión política


Una cooperativa debería ser una asociación voluntaria de personas para formar una organización democrática. Los principales valores cooperativos son la ayuda mutua, el esfuerzo propio, la responsabilidad, la democracia, la solidaridad, la libertad, la igualdad de deberes y derechos y la equidad en la distribución de los excedentes entre los miembros de la cooperativa.

Sin embargo, en nuestro país, las cooperativas, entre otras cosas, no pagan impuestos a las ganancias, lo que las convierte en paraísos fiscales y una herramienta sencilla para lavar dinero, hecho que quedó demostrado en el escándalo de la mafia de los medicamentos. Es importante señalar que en la ciudad de Concepción del Uruguay diferentes cooperativas tienen a su cargo la recolección de la basura, el cuidado de los espacios públicos, el control de algunos balnearios de la ciudad, obras públicas, etcétera. Las preguntas evidentes son: ¿funcionan bajo los principios cooperativos, o un grupo de personas reciben más beneficios que el resto? ¿Ha solicitado algún control el municipio antes de otorgarles tanta responsabilidad?


La falta de decisión política


El organismo que debería regular el correcto funcionamiento de las cooperativas es el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social). El Sindicato de Empleados de Comercio de Concepción del Uruguay envió una carta el 31 de enero a dicho organismo para que tome las medidas pertinentes, respecto al caso particular de La Lomita Ltda. Habrá que ver si cumplen con su labor en nuestra ciudad. Da la impresión que el verdadero problema es esa falta de decisión política, tanto del ministerio de trabajo nacional, de la Dirección Provincial de Trabajo, del propio INAES, de los ex gobernadores y del propio Urribarri. Si no toman medidas concretas, queda claro que en vez de proteger a los trabajadores como corresponde, serán cómplices de gravísimos hechos de corrupción.


Publicado en Río Bravo el 04 de febrero de 2011.
Modificado por última vez en Viernes, 04 Febrero 2011 13:49

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