La Fiscalía de Concepción del Uruguay está convocando a testigos que puedan contribuir a esclarecer los hechos, profundizar el conocimiento sobre cómo operó la dictadura en la zona, quiénes son las víctimas y los responsables. La secretaría de Derechos Humanos de la Nación, querellante en la causa, dio a conocer el testimonio de un jornalero que declaró cómo el y otras personas encontraron cadáveres flotando y hasta vieron caer cuerpos desde helicópteros hace 45 años.

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Si bien la condena al expolicía Carlos Carvallo generó satisfacción en su víctima, Manuel Ramat, y las organizaciones de derechos humanos, existe un fuerte malestar por la falta de labor investigativa de parte de la Justicia Federal y, en particular, del juez Leandro Ríos, ya que advierten que otros testigos y víctimas ubicaron a Carvallo en el mismo momento y lugar y, que de haber ampliado la investigación, no sólo podría haber sido condenado por otros delitos sino que podría haberse avanzado en el procesamiento de otros represores. Cuestionan que el trabajo fragmentado en la instrucción de las causas de lesa humanidad.

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El Juzgado Civil y Comercial Nº 4, a cargo de la Jueza Helena Albornoz, dispuso la suspensión de los aportes personales dispuestos en la mencionada Ley en salarios nominales hasta 100.000 pesos. "Ratifica la legitimidad de nuestros justos reclamos y va en dirección de lo que venimos denunciando desde el momento en que se  conoció el proyecto de Ley del Ejecutivo y enviado a la Legislatura", celebraron desde AGMER.

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Este miércoles 19 de agosto se conoció el fallo de la jueza María Evangelina Bruzzo, integrante del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, donde se rechaza por improcedente la acción de amparo que había sido presentada por la abogada Nadia Vanina Telis en contra de la desconexión virtual. El paro virtual que está desarrollando el sindicato docente concluye este viernes y es el último tramo de un plan de acción resuelto por el Plenario de Secretarias/os Generales de AGMER. En los fundamentos se señala que la medida llevada a cabo por el colectivo docente en toda la provincia, no constituye una accionar ilegítimo o arbitrario.

En consonancia con lo que fuera expuesto por el sindicato docente en diferentes oportunidades, el fallo ratifica que no es AGMER quien debe garantizar el derecho a la educación, dado que se trata de una responsabilidad que constitucionalmente recae sobre el Estado. Al mismo tiempo, se indica que la acción de amparo “radica esencialmente en la suspensión del ejercicio de un derecho constitucional de naturaleza social como el de huelga”, sosteniendo que “la contraposición o choque de derechos” de igual jerarquía –en alusión al aparente conflicto entre esta medida y el derecho de aprender– obliga a buscar una solución armónica que no sacrifique uno de ellos, lo cual estaría ocurriendo si se diera curso al pedido de Telis.

Desde la Comisión Directiva Central de AGMER se celebró el fallo, “no sólo porque rechaza una presentación cargada de injurias y argumentos infundados, sino también porque reconoce abiertamente la compleja situación que viene atravesando la docencia entrerriana durante los últimos meses, lo cual constituye una razón más que suficiente para sostener el plan de lucha resuelto en el marco del conflicto con el gobierno provincial.

El trabajo docente en el contexto de pandemia

Por otro lado, la jueza manifiesta en el mismo fallo su rechazo a los argumentos planteados por la abogada con relación a una presunta “falta de concreción de clases virtuales y limitadas devoluciones a los pocos contenidos teóricos impartidos”. Respecto de esto, se citan los resultados de la encuesta nacional realizada por CTERA entre los meses de mayo y junio, donde se observa claramente que el sostenimiento de la enseñanza en el contexto de la virtualidad ha implicado para el colectivo docente la utilización de nuevas tecnologías muchas veces no disponibles o de difícil acceso, un considerable incremento en las horas de trabajo y el hecho de tener que desarrollar la actividad laboral en el mismo espacio doméstico que se comparte con el resto del grupo familiar, con todas las dificultades que esto conlleva. En otras palabras, una acusación que carece de pruebas es desmentida por medio de datos concretos que surgen de un relevamiento estadístico serio.

Finalmente, el fallo descarta que la desconexión virtual pueda considerarse ilegítima o arbitraria, además, debido a que la misma se da en circunstancias excepcionales que se inscriben en un contexto de emergencia económica y sanitaria, el cual incluye la falta de convocatoria a paritarias por parte del gobierno provincial –lo que se traduce en más de un semestre de inflación acumulada sin recomposición salarial– y la sanción de la Ley de Emergencia Pública N° 10.806, cuestionada por AGMER junto con las demás organizaciones de trabajadores estatales por su carácter regresivo y confiscatorio.

Fuente: https://agmer.org.ar/. Publicado en Río Bravo el 20 de agosto de 2020.

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La coordinadora “Por una vida sin agrotóxicos - Basta es Basta” repudió, a través de un comunicado, la resolución de los jueces Germán Carlomagno, Bernardo Salduna, Susana Medina, Emilio Castrillón y Juan Ramón Smaldone, del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que rechazan “el Recurso Extraordinario Federal para ir a la Corte Suprema de la Nación a reclamar la protección de las escuelas rurales de las fumigaciones con agrotóxicos".

Los ambientalistas consideraron la medida como “un escándalo jurídico” y señalaron que la Justicia actuó “otra vez contra la gurisada, contra la Constitución y contra las leyes”.

“El Superior Tribunal de Justicia en otro fallo escandaloso volvió a asumir una clara posición contra la protección de la salud de niños y niñas entrerrianas que asisten a las escuelas rurales dentro de todo el territorio provincial”, alertaron desde la coordinadora, que recibió este sábado una notificación de parte del STJ informando sobre la medida adoptada.

Además, señalaron, esta decisión “contradice la Ley de Amparos que garantiza la gratuidad, ya que el STJ pretende cobrar honorarios de 14 mil pesos en concepto de costas para el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes (a quien todos y todas pagamos su abultado sueldo). Situación de una absoluta ilegalidad y enorme vergüenza por los derechos afectados. Más que un acto jurídico, parece una acción dirigida a silenciarnos”. Sin embargo, redoblaron la apuesta: “No lo lograrán, iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque el derecho nos respalda”.

Cabe recordar que, tras el Decreto 4.407/18 del gobernador Gustavo Bordet que establecía distancias mínimas respecto de las escuelas de 500 metros para las fumigaciones aéreas y 100 metros para las terrestres, las organizaciones ambientalistas ambientalistas impulsaron un primer amparo que dio lugar a una medida cautelar de la Justicia y se fijaron distancias de 3000 y 1000 metros para fumigaciones aéreas y terrestres, respectivamente, hasta tanto se estableciera una nueva regulación, que –según cuestionaron en su momento desde Basta es Basta, sin modificaciones sustanciales– vino de la mano del Decreto 2239/19 del Ejecutivo, tras lo cual, el STJ rechazó un nuevo amparo.

Ahora, el STJ rechazó el recurso para llevar la controversia ante la Corte Suprema. Frente a eso, los ambientalistas se preguntaron: “¿A qué intereses sirven cuando desconocen la Constitución a la que se deben? ¿Al mal denonimado agronegocio? Ya ni siquiera es buen negocio esa práctica de la agricultura industrial” y acompañaron el texto con una fotografía de una reunión que mantuvieron miembros del STJ y la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias, al tiempo que resaltaron que “jamás escucharon a las y los afectados”.

Finalmente, se preguntaron “qué resultados generó el Decreto 2239/19 que vino a reducir la protección lograda por nuestro amparo”, normativa que, según el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, “garantiza la seguridad ambiental y la salud” y señalaron: “Le cabe al fiscal y al Gobierno de Entre Ríos responder varias preguntas:

- ¿Por qué no está disponible de manera completa el mapa georreferenciado de Escuelas Rurales de la provincia de Entre Rios (art 7°)? (…) ni el gobernador ni el fiscal de Estado saben si se fumiga o no al lado de las escuelas. Y si lo saben, no lo controlan ni lo verifican.

- ¿Se inició el programa de seguimiento de la salud de los agricultores y comunidades rurales (Art 15°)?

A modo de conclusión consideraron “inaceptable que el Estado deje la provincia liberada para fumigar” e impida que se avance en “un modelo productivo que nos incluya y respete la vida en la tierra, tal como lo propusimos de manera permanente a través del Foro de Agroecología, al que se comprometió el gobierno de Bordet”.

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Sábado, 21 Diciembre 2019 15:02

El primer 20 de diciembre sin Mario

El salón de ATE no dio abasto. Cientos de militantes de diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas, desbordaron la capacidad del salón mayor de la casa central de ATE Entre Ríos, e incluso siguieron el desarrollo del acto desde el patio interno del local. Luego de los chaparrones que obligaron a trasladar el acto previsto en la Plaza 20 de Diciembre, bajo una tenue llovizna se escuchó con atención la lectura del documento consensuado por la Multisectorial que recuerda las jornadas de lucha de diciembre de 2001 y homenajea a los asesinados por la represión estatal en nuestra provincia.

Algunos aspectos de la conmemoración se mantuvieron invariables: el repudio a las políticas neoliberales que, tanto en ocasión del gobierno expulsado por la pueblada (recordada como "Argentinazo") como en el que terminó hace pocos días, generaron muerte, pobreza, hambre y represión en el país; así como el pedido de justicia por los asesinados (Romina Ituarin, Eloísa Paniagua y José Daniel Rodríguez en Paraná, así como el entrerriano Pocho Lepratti en Rosario); forman parte de las expresiones habituales en estas jornadas.

Pero hay un rasgo tristemente distintivo que no fue pasado por alto por quienes convocaron y asistieron al acto. Mario Iturain, padre de Romina, niña asesinada como "daño colateral" durante la represión estatal en la zona del Walmart, mientras estaba jugando en su casa con sus primos. Mario fue un empleado municipal que en vida nunca dejó de asistir a las marchas y los actos pidiendo por justicia y castigo a los responsables materiales y políticos del asesinato de su hija y de Eloísa y José Daniel. Murió en el Hospital San Martín el 23 de julio de este año. Allí había llegado agonizante luego de ingresar a su casa en llamas, en el barrio de La Floresta, para rescatar algunas pertenencias (como la moto que usaba para ir a trabajar) del incendio que terminó llevándoselo todo, incluso su propia vida.

La lucha de Mario sigue viva

Fue Víctor Sartori (ATE y Corriente Clasista y Combativa) quien leyó el tramo del documento que recordó a Mario: "Hoy, por primera vez en estos 18 años, no se encuentra con nosotros Mario Iturain, fallecido hace pocos meses. Mario, papá de Romina fue un entrañable compañero de lucha, que desde el primer momento se sumó a nuestros actos y fue parte de la cabecera de cada una de nuestras marchas. A él también homenajeamos en esta jornada y sentimos que hace falta su voz y su palabra exigiendo justicia y castigo a los responsables materiales y políticos del crimen de su hija, de Eloísa y de José Daniel. Mario Iturain, ¡Hasta la victoria siempre!" Los aplausos inundaron espontáneamente el salón y más de un/a militante no pudo contener el llanto al hacer presente la memoria del papá de Romina.

Romina Iturain tenía 15 años cuando recibió, dentro de su casa, un tiro en el pecho. La bala fue disparada por la policía que, por órdenes del entonces gobernador Sergio Montiel y su ministro de Gobierno Enrique Carbó, persiguió por todo el barrio a los vecinos que, desesperados y hambrientos, llegaron al Walmart para pedir comida. Esa misma policía, llamativamente, descuidó a muchos almacenes de barrio que, en su mayoría, fueron cuidados por los propios vecinos que se dirigieron a los grandes hiper y supermercados.

Hoy, 18 años después, aquel crimen y los de Eloísa Paniagua (13 años) y de José Daniel Rodríguez (militante de la CCC, un caso con tintes mafiosos y terroristas ya que las fuerzas policiales lo secuestraron y su cadáver apareció días después bajo una pila de neumáticos), siguen impunes.

Seguirá entonces la lucha de tantas organizaciones para recordar lo que el pueblo argentino fue capaz de hacer cuando se hartó de tanto maltrato e injusticia, y para no olvidar a quienes cayeron por la represión que los gobiernos nacional y provincial tuvieron como toda respuesta.

Y, en ese lucha, Mario Iturain seguirá vivo, marchando y alumbrando.

Acto Multisectorial

Las organizaciones que convocaron al acto Multisectorial son: Corriente Clasista y Combativa – CCC-; Confederación de Trabajadores de la Economía Popular –CTEP-; Somos Barrios de Pie; Asociación de Trabajadores del Estado de Entre Ríos –ATE-; Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos –AGMER Central y Paraná; Sindicato de Dragado y Balizamiento; Sindicato de Trabajadores de Prensa y Comunicación –SETPyC-; Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina –UOLRA- Delegación Entre Ríos; Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma Entre Ríos –CTAA-; Multisectorial de Mujeres Entrerrianas; Organización Ni Un Pibe Menos por la Droga Entre Ríos; Movimiento Evita Paraná, Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista –CEPA-; Movimiento de Unidad Secundaria –MUS- Partido de la Concertación FORJA; Partido del Trabajo y del Pueblo –PTP-; Partido y Juventud Comunista Revolucionaria –PCR / JCR

Publicado por Río Bravo el 21 de diciembre de 2001.

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Sábado, 15 Junio 2019 10:32

El ocaso del “republicanismo”

El juez federal Alejo Ramos Padilla concursó para una vacante en el Juzgado Federal de primera instancia nº1 de La Plata, juzgado clave por ser de competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. Quedó primero en el concurso. El gobierno de Macri lo salteó y, trapisondas varias mediante, envió el pliego de quien quedó detrás en el concurso pero que le es afín políticamente.


En el Consejo de la Magistratura, el senador Miguel Ángel Pichetto ocupa un lugar por la “oposición”, por el PJ. El senador, que le prometió a Macri y a sus socios en su último viaje a EEUU, “la cabeza de Ramos Padilla”, renunció al bloque del PJ y oficializó su pase al oficialismo. Pero a su lugar en el Consejo no se lo entrega a quienes les corresponde. Exactamente lo mismo ocurre con la presidencia de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia.

En el juicio a López (el de los bolsos, ¿recuerdan?), todo fue amplificado, difundido y festejado, menos, justamente, el juicio en sí. ¿Por qué? Porque podría ventilarse allí (aunque al tribunal el tema nunca le interesó) de dónde venía los famosos millones de dólares de los famosos bolsos. Y esa información, qué sorpresa, podía perjudicar a unos cuantos empresarios aliados y funcionarios del gobierno nacional.

Quienes se llenaron la boca, golpeándose el pecho, hablando de instituciones, respeto, republicanismo, división de poderes, transparencia, y democracia; ¿no piensan decir nada al respecto? ¿Era todo chamuyo? ¿Ni siquiera para diferenciarse y decir “hasta acá llegamos”, “en ésta no bancamos”?

¿O será que no hay contradicción alguna y, en realidad, el paquete entero de las políticas de Macri necesita de estas trampas para funcionar?

 

La imagen es del Página 12: juega con la idea de Pichetto como el Frank Underwood argentino, en referencia al personaje de la serie yanqui House of Cards.

Publicado por Río Bravo el 15 de junio de 2019.

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Domingo, 02 Junio 2019 09:42

“Aunque sea de casualidad…”

“Habrás escuchado hablar de movida o aunque sea de casualidad” de la causa que lleva adelante Ramos Padilla por espionaje ilegal, entre otros delitos. Así abría el periodista Jorge Lanata el bloque principal del programa Periodismo Para Todos del pasado domingo 26 de mayo, bajándole el precio con tono despectivo a la investigación en curso. La causa, “que habrá que ver cómo sigue a partir de mañana”, también dijo Lanata, es el blanco principal del aparato mediático, político y judicial de Cambiemos, y no es “casualidad” que el periodista ultraoficialista se refiera en esos términos a la misma.

La causa de Dolores

¿En qué consiste la causa que investiga el Juez Federal Alejo Ramos Padilla, desde Dolores? A partir de pruebas de diversos tipos, surgidas de escuchas telefónicas, allanamientos, declaraciones de víctimas, testigos y de los propios investigados, el juez busca alumbrar y desbaratar el accionar de una banda dedicada al espionaje ilegal, el armado de causas y el plantado de pruebas como herramientas de persecución política y venganzas personales, extorsiones y chantajes de diversa índole.

Entre los principales sospechosos de hacer andar esta maquinaria están el falso abogado Marcelo D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli, y aparecen mencionados nombres como los de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la diputada nacional Elisa Carrió y su compañera de bancada de ARI - Cambiemos, Paula Oliveto, entre otros. Casualmente, estos últimos nombres forman parte de la primera línea de los abanderados de la “cruzada anticorrupción” que supuestamente el gobierno nacional lleva adelante.

La causa de “los cuadernos”

¿Por qué esta causa ha puesto profundamente nerviosos al aparato mediático, judicial y político oficialista? Porque entre las que aparecen más contaminadas con sospechas de haber sido terreno para el armado de pruebas y la extorsión está la famosa causa “de los cuadernos”. Dicha causa se basa fundamentalmente en cuadernos que nunca aparecieron y en declaraciones de políticos y empresarios “arrepentidos” que sólo eran liberados si declaraban contra la expresidenta Cristina Fernández. Los periodistas que más promovieron esta “investigación” llegaron a decir que tal o cual detenido sabía que podría pasar “navidad en familia” sólo si implicaba a la expresidenta en sus declaraciones; y lo contaron con orgullo, como si eso fuera un gesto saludable de la justicia y la democracia de nuestro país.

Esta causa tiene entre sus pilares, además, a las declaraciones del “empresario arrepentido” Leonardo Fariña, cuyo testimonio, lo está demostrando Ramos Padilla, fue guionado y repetido textualmente de un original escrito por la abogada Florencia Guijo, que sí conocía de inversiones y de obra pública. Fariña, que tenía que apuntar directamente a CFK y a De Vido en su “confesión”, no tenía la menor idea de lo que le querían hacer decir; por eso debió seguir un libreto y asistir a sesiones de “coacheo” para aprender a parecer un conocedor del tema.

Esta causa que ahora está bajo sospecha es el caballito de batalla del gobierno nacional en su propia campaña, le sirve para demonizar al anterior gobierno y es además el tema que más letra le da a los medios que no quieren hablar del desastre económico provocado por las políticas de ajuste, retracción y desinversión productiva.

Las no-causas de la corrupción actual

Es la causa de “los cuadernos” la que ha permitido presentarse como abanderado de la lucha contra la corrupción a un gobierno que ha generado una deuda externa monumental, impagable, y una licuación y fuga de capitales sin precedentes en la democracia argentina, enriqueciendo a bancos y empresarios amigos con una fenomenal bicicleta financiera que está pagando y podría seguir pagando por décadas el pueblo argentino con su trabajo. Es decir: Macri, quien acumula decenas de motivos para ir preso el día que se le termine la cobertura política, mediática y judicial, aparece en los medios hegemónicos y en el propio relato de los empresarios del “círculo rojo” y de sus funcionarios, como alguien que está encabezando un proceso tipo “mani pulite” para terminar con la corrupción en el país.

La doble vara judicial

En este marco, los integrantes del anterior gobierno se han ido presentado en tribunales, todas y cada una de las veces que fueron convocados, pese a que es evidente a esta altura que en Comodoro Py existe una banda judicial dedicada a seleccionar, acomodar, armar e impulsar causas y denuncias según le convenga al gobierno nacional. Y no sólo eso: estamos ante un equipo de jueces y fiscales oficialistas que hacen uso y abuso de las prisiones preventivas como herramienta de presión, más allá de toda justificación y lógica.

Sólo a partir de esta doble vara político judicial se entiende que dirigentes del gobierno anterior como Diego Bossio, que han estado al frente de entidades como ANSES, con sus multimillonarios movimientos de fondos, no tengan problemas porque no han sido oposición durante el macrismo; mientras que los dirigentes que sí han enfrentado al actual gobierno tienen que desfilar por tribunales cada vez que hace falta meter una noticia que nos distraiga un poco del malestar que provocan la creciente desocupación y la pérdida de salario real.

Sólo a partir de esta doble vara político judicial se entiende también que el fallecido dirigente sindical Gerónimo “Momo” Venegas, quien murió multimillonario pese a representar al sector más pobre y castigado de los trabajadores (los peones rurales, principalmente), haya sido presentado por Mauricio Macri como un sindicalista modelo, mientras que el dirigente de camioneros, el opositor Hugo Moyano, a la cabeza de un sindicato que consiguió para sus afiliados salarios que están muy por encima de la media entre los trabajadores, es hostigado con batería de causas y presentado en la prensa como el ejemplo paradigmático de la mafia sindical corrupta y patotera. A esta altura, todo parece indicar que si Moyano mañana se despertara “macrista”, las denuncias que hoy lo tienen contra la pared caerían en fila como si se tratara de un fallido juego con fichas de dominó.

El fiscal “rebelde”

En este contexto, el fiscal Carlos Stornelli, en su momento se negó a entregar su teléfono (él, que tantos y tantos teléfonos ha secuestrado a partir de indicios irrelevantes) y lleva 65 días eludiendo a la justicia. Evade las convocatorias a declarar en Dolores, bajo el amparo del procurador Eduardo Casal, que evita removerlo y considerar su desafuero para que pueda ser obligado por la fuerza pública a declarar; sumado a la vista gorda (o miope) de la Oficina Anticorrupción (a cargo de la militante oficialista Laura Alonso); apañado por el propio Presidente Macri, que no tiene empacho en seguir mostrándose con él y “bancándolo” públicamente pese a su estado de “rebeldía”; y, obviamente, protegido por un cerco mediático que lo sigue presentando como un espadachín de la justicia contra la corrupción.

Probó con desbarrancar al juez Ramos Padilla pero la Cámara de Mar del Plata lo confirmó al frente de la investigación. Tiene la mala suerte de haberse cruzado en el camino con un juez que sale primero en cuanto concurso se presenta y al que, luego de tirarle todo el aparato de inteligencia encima para remover su pasado y encontrarlo culpable “de algo”, sólo pudieron acusar de haber participado en marchas por la memoria los 24 de marzo (de hecho, es un juez que ya como abogado había llevado adelante procesos contra genocidas de la última dictadura).

La operación “puf”

Así llegamos al domingo pasado, cuando Lanata en su nuevo ciclo de PPT presentó lo que denominó operación impunidad y operación “puf”. A partir del acceso a escuchas ilegales, obtenidas de pinchazos de teléfonos realizados por equipos de inteligencia vinculados al servicio penitenciario nacional, Lanata y Wiñazki pretendían “tirar abajo” la investigación que lleva adelante Ramos Padilla. ¿Qué es lo único que demostraron? Que algunos de los “presos K” (así los llaman, no tienen empacho en reconocer el carácter político de las detenciones) sabían de antemano que se presentaría la denuncia.

¿Qué cambia a partir de esto? Legalmente, nada. Política y mediáticamente, mucho: le dio changüí al aparato político y mediático oficialista, con el propio Macri a la cabeza, para embestir nuevamente buscando correr al juez federal de Dolores de la investigación. También les sirvió para “levantar el muerto” de Stornelli, a quien ya le costaba tener cara para seguir mostrándose risueño, incluso en los canales de televisión y las radios que siempre lo trataron como un pulcro funcionario de la justicia, a quien todo se le perdona, desde sus lejanas alianzas con la barra brava de Boca en adelante, todo.

Lo que está en juego

Es mucho lo que está en juego y se define por estos días alrededor del destino que tengan estas causas. Y en todo ello tenemos que ver todos y todas, no sólo “los K” y los oficialistas.

Por empezar, está en juego que efectivamente podamos saber hasta dónde realmente existió o no cartelización y corrupción en el otorgamiento de las obras públicas, de vialidad y en general, en la Argentina. Así como están llevando las causas el tándem Stornelli-Bonadío, es esperable que tarde o temprano todo quede en nada, en un papelón, en una declaración de nulidad que vuelva todo a foja cero y que nos haya hecho perder, a los acusados la posibilidad de defenderse, y a todos/as la posibilidad de saber con más precisión los modus operandi pasados y actuales.

Pero está en juego también el derecho que tenemos todos y todas a defender las garantías constitucionales, pilar de nuestra democracia, diferencia fundamental con el accionar de cualquier dictadura. Si un grupo de jueces alineados con el poder político de turno pueden disponer de las prisiones preventivas a gusto y piacere, sin necesidad de atarse a procedimientos y derechos establecidos y ecuánimes, y extender esas prisiones preventivas como herramienta de extorsión (o sea: declarás lo que el juez quiere o te quedás adentro); todos y todas perdemos. Aún si no te importaran quienes hoy están siendo hostigados de este modo, debería importarte que, rota esta barrera, cualquiera puede ser la próxima víctima.

Pero además, finalmente…

“Aunque sea de casualidad…”

Lo que Lanata y el aparato mediático buscan con esta nueva embestida es, nuevamente, levantar su precio. Él, que se jacta de haber inventado la categoría de “la grieta” que tanto le ha servido a Macri para llegar al gobierno y luego para sostenerse en él; y que si no tuviera un último límite de vergüenza podría jactarse de formar parte de las primeras líneas de periodistas que contribuyeron a garantizarle impunidad al presidente (desde los primeros días, cuando su nombre en los Panamá Pappers pasó por la agenda pública nacional sin pena ni gloria, mientras en otros países renunciaban primeros ministros y funcionarios de toda índole por el mismo motivo).

De la causa que investiga Ramos Padilla, esa que Lanata dice que podés haber conocido “de casualidad”; surge que el periodista Daniel Santoro utilizaba sus denuncias, sobre todo desde el programa de televisión Animales Sueltos, como herramienta de extorsión. Empresarios y funcionarios eran amenazados, si no pagaban o no accedían a las condiciones que imponía la banda de D’Alessio, con el armado de causas y con el escrache público, Santoro y Animales Sueltos mediante. La banda, Santoro mediante, espió hasta a sus compañeros de trabajo, principalmente a Romina Manguel. “Mañana a la noche salís en América”, le decía D’Alessio a sus víctimas, y Santoro cumplía, tal como se desprende de la causa en marcha en el juzgado federal de Dolores.

“Vamos a contarte quiénes son los jueces que pueden salvar a Cristina de la cárcel y por qué”, amenazó Lanata con el escarnio, en el ciclo que conduce, antes de desplegar su informe “Operación Impunidad”. En este informe, desde la vereda de enfrente, el ministro Garavano, el jefe de gabinete Marcos Peña y la diputada nacional Elisa Carrió, aparecen como los paladines de la lucha contra la corrupción en el país.

Que este periodismo de guerra, defensor de las políticas antipueblo del presidente Macri, vea reforzado e incrementado su poder, es lo que también está en juego por estos días.

La corrupción da asco

La corrupción, sobre todo cuando es entendida como la suma de mecanismos que permiten a quienes deberían representarnos utilizar los bienes y herramientas públicos en beneficio personal, da asco. Además, es sabido, la corrupción mata. Hiere confianzas y también personas reales. Duele al país y a sus víctimas directas. En este mismo medio hemos denunciado reiteradamente las causas y consecuencias de la corrupción en distintos gobiernos.

Ahora bien, cuando la corrupción es utilizada como excusa para suspender las garantías constitucionales, para perseguir a opositores políticos y para blindar las mafias actuales y las políticas de entrega y sometimiento nacional; el escenario se complejiza.

Para que no sea “de casualidad”

En tiempos oscuros, mucho peores que éstos pero que, en las actuales condiciones de posibilidad, encuentran en sus políticas económicas una clara continuidad; Rodolfo Walsh escribió: “Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copia a sus amigos; nueve de cada diez las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El Terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad.”

Las cuestiones aquí planteadas, lo sabemos, son “piantavotos”. No es fácil remar contra la marea mediática que entronizó en el altar de la pulcritud a tremendos mafiosos y demonizó hasta límites sin precedentes a quienes, culpables o no de los hechos de los que los acusan (con el tándem Stornelli y Bonadio no podremos saberlo), hoy son culpables fundamentalmente de estar en la vereda de enfrente del gobierno de Macri.

Animarnos a plantear lo que parece prohibido, a denunciar aquello que se da por bueno, y a advertir las posibles consecuencias de la continuidad de Macri y su pandilla al frente del gobierno nacional; es una obligación periodística, política y personal para quienes nos paramos del lado de quienes están sufriendo la implementación de este modelo económico, político, social y cultural.

Aunque nos señalen y etiqueten, aunque, desde su lógica chica y perversa piensen que sólo por conveniencia personal uno se puede mover en este terreno, habrá que dejar en claro dónde estamos parados. Para que no sea “de casualidad” que nos tengamos que enterar de la maquinaria puesta en marcha. Las consecuencias de callarnos en este momento serán más sufrimiento para el pueblo por mucho tiempo más, y no hay aquí “casualidad” alguna.

¿O también hace falta aclarar que nada de lo que denunciaba la “campaña del miedo” era mentira?

Publicado por Río Bravo el 02 de junio de 2019.

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Con la sentencia conocida hoy a Gustavo Rivas cierra un ciclo de ocultamiento y complicidad de todos los que integramos la sociedad de Gualeguaychú hacia un personaje manipulador y perverso.

Sin embargo, se abre otro ciclo a partir de ahora. El de revisar y demandar justicia completa, tras un fallo que nos deja un sabor amargo. El sabor propio de las faenas incompletas.

Sólo se lo juzga por un caso y se declara la prescripción para todos los demás, aún cuando el tribunal reconoce que los hechos sucedieron.

Pareciera que el tiempo borra los dolores, las angustias, las injusticias. Según la mirada de estos jueces, lo ocurrido no dejó huellas o ya se borraron por siempre. Es como estar juzgando un robo menor. Pero en estos casos, el robo fue mayor. Les robaron la inocencia, la sonrisa.

No parece ser demasiado importante eso para la justicia. Seguramente, hay leyes, artículos y fría jurisprudencia de la cual se toman para justificar su veredicto.

No importa el ser humano, sus derechos, sus dolores, sus tristezas. Importa no salirse de las estructuras. Importa no salirse de lo que dicta la norma, la ley. Esa misma ley que debiera protegernos, cuidarnos, preservarnos, asegurarnos que podemos vivir felices, cultivando nuestros valores.

El acusado sale airoso. "No hay declaraciones", expresa con cierto aire autoritario. No nos hacen falta sus declaraciones doctor. Nos hace falta su arrepentimiento.

¿Habrían dictaminado lo mismo estos jueces si hubiesen sido sus hijos los que frecuentaran el departamento o el coqueto barco de Rivas? ¿No habrían encontrado algún vericueto legal para evitar la prescripción? 

Me pregunto que estarán pensando los denunciantes que fueron deshechados por la "prescripción". Sus testimonios no sirvieron, están fuera de tiempo, se les acabó el plazo. En pocas palabras, lo que vivieron ocurrió, pero ya pasó demasiado tiempo como para que lo recordemos. Según la justicia, el tiempo lo cura todo. Sin embargo, hay heridas a las que no les alcanza una vida entera para cerrar. 

De eso, sabemos mucho los argentinos. Tenemos tantas heridas sin cerrar todavía. Tantos dolores que nos sacuden todos los días. Tantas injusticias no reparadas.

Los que conocemos a la familia Rivas, no podemos evitar tener sentimientos encontrados. Muchos somos amigos o conocidos de sus hermanos, hermanas, cuñados, cuñadas, sobrinos y sobrinas. Todos ellos, respetados y queridos por muchos de nosotros. Y eso, nos coloca en una posición incómoda, porque de algún modo sentimos que ellos también están siendo afectados y no deseamos que eso ocurra. Sin embargo, esta situación es inevitable, y también tiene un sólo culpable, que deberá hacerse cargo frente a sus familiares.

El doctor, sabelotodo, influyente, simpático, entrador, tiene otro rostro. Es el mismo que estuvimos viendo durante 40 años con simpatía, negándonos a ver el otro lado, el más oscuro.

¿Y por qué ocurren estas cosas en una comunidad que se vanagloria de ser pujante, autora de sus propias obras? Buena pregunta para que comencemos a buscarle respuestas. ¿Por qué miramos y no vemos? ¿Tal vez padecemos una esquizofrenia colectiva? ¿Tal vez nos avergonzamos tanto que no nos animamos a gritar a los cuatro vientos lo que pasa? No estoy en condiciones de dar esa respuesta y supongo que pocos pueden hacerlo.

Sí creo que un dictamen judicial acorde a lo que la mayoría de la sociedad demanda, ayudaría en gran modo a reparar nuestros males.

Publicado por José Alberto Dorati y reproducido por Río Bravo el 22 de mayo de 2019. Foto: eldiaonline.

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Lunes, 15 Abril 2019 23:34

El Ecuador y la expulsión de Assange

En el año 2008, cuando viví en el Ecuador como miembro de la Auditoría de la deuda, conocí al entonces vicepresidente de la Nación, Lenín Moreno, quien además asistió en un acto público fundamental, donde por pedido del presidente Correa informé al país sobre los resultados de la investigación que habíamos hecho. Jamás hubo alguna observación de Moreno a las políticas desarrolladas por el presidente Correa, no solo durante su participación en el gobierno, sino después. Pero ocurre que los conversos son sujetos de la peor especie, y su fundamentalismo tiene el propósito que no se recuerde quienes fueron y qué hicieron en el pasado.

Lenín Moreno, intenta engañar al pueblo ecuatoriano sobre su pasado en Alianza País y como colaborador del presidente Correa, haciendo exactamente lo contrario de lo que se hizo en los últimos años, y ha procedido a tomar decisiones que tienen como propósito que el país vuelva a las anteriores décadas de sometimiento y claudicaciones ante los grupos de poder que saquearon al Ecuador. Sería largo extenderme sobre sus acciones, y solo voy a referirme a la expulsión de Julián Assange, y la cesación de la, protección diplomática.

Ayer escuché al presidente Moreno, y después vi la exposición hecha por el precario canciller José Valencia, quien intentó justificar la decisión del gobierno, y realmente me asombraron la precariedad de los argumentos, las argucias empleadas, y las manifestaciones sofísticas que fundaron la expulsión.

Nunca hablo de lo que no sé, ni me gusta efectuar calificativos abruptos sobre hechos y situaciones que merecen un análisis riguroso, pero lo ocurrido con Assange es un ejemplo de los extremos a los que ha llegado el actual gobierno de Ecuador.

En principio, es más que dudoso que una persona avezada e inteligente como Assange haya cometido la torpeza de meterse en los archivos de la Embajada, haya pretendido interferir comunicaciones y afectar decisiones de otros estados, como sostuvo Moreno y después su canciller. Han justificado la decisión que se adoptara, pero además se han violado normas constitucionales y han transgredido principios del derecho internacional sobre el asilo

Se limitaron los derechos a la nacionalidad establecidos por el artículo 6 de la Constitución, se desconoció el derecho de asilo fijado por el artículo 41 que dice: "Se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las personas que se encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia. No se aplicará a las personas solicitantes de asilo o refugio sanciones penales por el hecho de su ingreso o de su permanencia en situación de irregularidad". A su vez, el art.66, inciso 14 de la norma constitucional establece que “Las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un país donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares peligren por causa de su étnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a determinado grupo social, o por sus opiniones políticas".

Se desconoció la Ley de Movilidad Humana y e los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Como lo planteara ayer la Defensoría del Pueblo "Es necesario recordar que el Estado ecuatoriano otorgó una carta de naturalización a Julian Assange, la cual solo puede ser anulada observando lo establecido en el art. 81 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, el cual dispone que: “ Sin perjuicio de la sanción penal correspondiente, previa acción de lesividad, la autoridad de movilidad humana declarará nula la naturalización de una persona cuando ésta haya sido otorgada sobre la base de ocultación de hechos relevantes, documentos falsos o el cometimiento de fraude a la ley en el procedimiento de concesión. La decisión deberá ser motivada; para su declaratoria se deberá seguir el debido proceso y será notificada a las autoridades correspondientes.”

Ni el presidente Moreno, ni el canciller Valencia, han mostrado evidencias concretas de transgresión alguna por parte de Assange. Solo palabras y afirmaciones, sin mostrar las pruebas que llevaron a la expulsión.

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que todo procedimiento que pueda tener un impacto sobre los derechos a la nacionalidad o a la personalidad jurídica deberá observar las garantías del debido proceso, entre ellas: “1) la notificación previa de la existencia del proceso, 2) tener una audiencia para la determinación de los derechos en juego, 3) el derecho de ser asistido jurídicamente, 4) a ejercer una defensa y a disponer de un plazo razonable para preparar los alegatos y formalizarlos, y para evacuar las correspondientes pruebas, 5) derecho a que las actuaciones y decisiones del proceso se consignen por escrito, 6) el plazo razonable del procedimiento, 7) el derecho a la revisión judicial efectiva de decisiones administrativas, 8) a una decisión fundada, 9) a la publicidad del accionar de la administración, entre otros.”

El artículo 79 de la Constitución del Ecuador establece "En ningún caso se concederá la extradición de una ecuatoriana o ecuatoriano. Su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador." Es decir que ante cualquier transgresión de Assange se lo debería haber sometido al debido proceso, y mientras no fuere posible llevarlo a cabo, mantener su condición de asilado. Al respecto es necesario señalar que es ciudadano ecuatoriano y está protegido por las leyes del país.

La Opinión Consultiva 25-2018 solicitada por el Ecuador a la Corte IDH, la cual tiene efectos vinculantes, señala “que el Estado de acogida debe, por tanto, arbitrar todos los medios necesarios para proteger a la persona en caso de un riesgo real a la vida, integridad, libertad o seguridad si es entregada o removida al Estado territorial o si existe un riesgo de que ese Estado a su vez pueda expulsar, devolver o extraditar posteriormente a la persona a otro Estado donde exista ese riesgo real”. Por este motivo, el Estado ecuatoriano, en atención al principio de no devolución, debía analizar todas las alternativas viables a fin de no poner en riesgo los derechos de la persona asilada.

Ninguna de las normas citadas, ha tenido valor alguno para el presidente Moreno, que ha decidido desconocerlas, aunque se promulgaron cuando él era vicepresidente del Ecuador, pero además no ha existido ninguna actuación administrativa que le permitiera a Assange defenderse.

Desconozco como serán las decisiones del gobierno de Gran Bretaña, pero Donald Trump, está listo para pedir la extradición y sabemos lo que puede ocurrir, ya que es bien sabido, que Assange puso en descubierto ciertas tramas que debían permanecer en el más impenetrable de los secretos. No descarto que a cambio de esta decisión del Ecuador, haya algún favor del gobierno norteamericano, presiones o exigencias de variada naturaleza, ya que hoy la soberanía del Ecuador es una ficción, aunque las autoridades enfaticen sobre su ejercicio pleno.

Ya lo demostró acabadamente Stephen Krasner, célebre profesor de la Universidad de Stanford, de cómo la soberanía legal internacional muchas veces nada tiene que ver con la realidad, y cómo siempre los fuertes se imponen a los débiles, para torcer su voluntad.

Publicado por el autor y reproducido por Río Bravo el 15 de abril de 2019.

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