Según un informe reciente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), 86.200 millones de dólares salieron del sistema financiero nacional entre 2015 y 2019. Directivos del Banco Entre Ríos –agente financiero de la provincia– y el Grupo Petersen, al que pertenece la entidad, figuran encabezando una lista de las 100 personas físicas que más recursos alejaron de sistema productivo argentino, haciendo tabula rasa de su visión empresarial de "compromiso con las comunidades de las regiones en donde desarrolla sus actividades comerciales". ¿El monto? Más de 100 millones de dólares.

Fuga, deuda y daños

"Todos hemos visto impávidos cómo los dólares que deberían haber financiado el desarrollo productivo acabaron fugándose del sistema financiero, llevándose los recursos y dejándonos la carga de la deuda. Esas prácticas son absolutamente reñidas con cualquier idea de progreso. Es la especulación más dañina que puede enfrentar una sociedad: endeudarse solo para el beneficio de los especuladores y del prestamista", dijo el presidente Alberto Fernández al abrir el período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el 1° de marzo de 2020.

En ese momento, la pandemia de Covid-19 parecía un problema de Europa y Asia que seguíamos por televisión y redes sociales, y pocos se imaginaban lo que vendría algunas semanas después. Con el virus ya instalado en el país y las consecuencias económicas a la vista, el BCRA emitió –dos meses y medio después, con el impuesto a las grandes fortunas en debate– un informe que comienza con aquellas palabras del mandatario y da cuenta de la Formación de Activos Externos (FAE) durante la gestión de gobierno de Cambiemos.

Pero, ¿de qué se habla cuando se habla de "fuga de capitales"? Según el periodista económico Martín Slipczuk (Chequeado), "se trata de los dólares que salen del país o del sistema financiero nacional". Es decir, no son sólo las divisas que salen al exterior para realizar inversiones sino también las que están en la Argentina pero fuera del sistema financiero (en cajas de seguridad o atesoradas en hogares) y, por lo tanto, no disponibles para el crédito y la inversión productiva ni tampoco para las obligaciones externas a las que el Estado nacional debe hacer frente.

Según el estudio La fuga de capitales: historia, presente y perspectivas, de Jorge Gaggero, Claudio Casparrino y Emiliano Libman, citado por Slipczuk, "la fuga de capitales, entendida en términos generales como la tenencia de activos externos de residentes de una nación más allá de ciertos límites 'normales' explicables, implica una notable restricción -de magnitud variable- al desarrollo socioeconómico. Supone un drenaje de recursos que podrían ser utilizados para potenciar el crecimiento económico y el empleo, mermas en la recaudación impositiva que tienden a reducir la eficacia estatal en una espiral descendente, e impactos negativos en la distribución de riquezas e ingresos".

El informe del Banco Central

Según el BCRA, hubo dos etapas "de especulación financiera y formación de activos externos": la primera, entre enero de 2016 y abril de 2018, se caracterizó por el "endeudamiento y valorización financiera con el ingreso de divisas por deuda pública, privada e inversiones especulativas de portafolio por 100.000 millones de dólares", como fuente de financiamiento para los sectores público y privado.

Sin embargo, "con la reversión de los flujos de capitales a principios de 2018, las autoridades decidieron recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI), que desembolsó un préstamo récord de US$ 44.500 millones".

Esto no evitó la aceleración de la salida de capitales que, entre mayo de 2018 y diciembre de 2019, alcanzó los US$ 45.100 millones.

Ganancia y fuga: el silencio de los Eskenazi

Según el informe que el BCRA realizó a pedido del Ejecutivo Nacional, la fuga de capitales entre 2015 y 2019 superó los US$ 86.000 millones y más de la mitad de ese dinero se concentró en el 1% de las empresas y personas humanas que compraron dólares en ese período. En ese selecto grupo se encuentran al menos cinco integrantes de la familia Eskenazi, dueña absoluta del Grupo Petersen, propietaria del Banco de Entre Ríos, entre otras firmas.

Así lo reveló el periodista Horacio Verbitsky, que publicó en su portal El cohete a la luna, una lista de "las primeras 100 personas que formaron activos externos", que hasta ahora nadie desmintió y sólo recibió cuestionamientos por la supuesta "falta ética" de hacer pública información fiscal.

Seguramente, las obvias razones que impiden conocer la fuente de información y la importante distribución de pauta publicitaria del banco en la provincia conspiraron contra una instalación del tema en la opinión pública y permiten que, con displicencia, desde el Grupo Petersen y sus dueños –la familia Eskenazi– se permitan sencillamente ignorarlo.

Aunque las personas físicas y jurídicas que drenaron semejante volumen de recursos lo habrían hecho en el marco de la legalidad y que se suele afirmar –desde las posiciones económicas la ortodoxia liberal y hasta desde cierto sentido común– que cada empresa o persona es libre de llevar sus ganancias adonde crea más conveniente, porque "en Argentina no hay estabilidad económica ni seguridad financiera", lo cierto es que los principales involucrados en estas maniobras de "resguardo" de recursos se beneficiaron de esos desmanejos económicos y financieros de cuyas consecuencias luego intentaron huir.

Y al caso del Banco de Entre Ríos debería sumarse el hecho de que desde hace años viene realizando fabulosos negocios administrando los fondos del Estado, de los trabajadores y los contribuyentes de la provincia, cobrando cuantiosos cánones y obteniendo jugosos intereses producto de su papel privilegiado como agente financiero del Estado entrerriano, con servicios que dejan mucho que desear, sobre todo para con los trabajadores y las pymes de la provincia.

Los montos

Dentro de la lista de las 100 personas que más divisas sacaron del sistema financiero aparecen tres integrantes del directorio del Banco de Entre Ríos.

El primero es Enrique Eskenazi, presidente del grupo y del directorio del banco, que ocupa el primer lugar con 40,5 millones de dólares; lo sigue en el segundo puesto su hijo Matías Eskenazi Storey (vicepresidente del banco), con poco más de 29 millones, casi 11 millones más que su hermano Sebastian Eskenazi (director suplente), que formó activos externos por 18,2 millones.

Sin roles directos en el banco por el que circulan gran parte de los recursos públicos de la provincia (más allá de su pertenencia al grupo propietario), Valeria Fanny Eskenazi Storey se ubica en el puesto 31 con 7,8 millones de dólares y cierra la lista de familiares ubicados en el grupo de los 100, otro de los cinco hermanos, Esteban Eskenazi, con 7,4 millones de dólares.

En total, los integrantes de la familia suman 102,9 millones de dólares. Una suma considerable afuera del sistema productivo, sobre todo para una empresa cuyo grupo empresario se jacta de su "compromiso con las comunidades donde desarrolla sus actividades" y de su apego a la Responsabilidad Social Empresaria (RSE), en aras de "contribuir al desarrollo sustentable, trabajando junto a sus empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en general, para mejorar su calidad de vida". Algo que, sin dudas, el gobierno de la provincia debería tener en cuenta en tiempos de definiciones sobre el futuro del agente financiero de la Provincia.

Publicado por Río Bravo el 10 de junio de 2020.

Publicado en Noticias clandestinas