Ante la severa parálisis que provoca en la actividad económica el inevitable paquete de medidas dispuesto por el gobierno nacional para contener el avance del Coronavirus, el sindicato de las organizaciones sociales (la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) impulsa el otorgamiento de un bono paliativo para trabajadores en negro o del monotributo social.

La pandemia de Coronavirus, que ya suma casi 330.000 casos a nivel mundial, con más de 14.000 víctimas fatales (225 y 4 en Argentina) motivó que la mayoría de los gobiernos de la región a tomar medidas que apuntan a restringir la circulación de personas para evitar la propagación del virus. Estas medidas, aunque resultan ineludibles para evitar un agravamiento mayor de la situación sanitaria, provocan un fuerte impacto para una economía claramente deteriorada por cuatro años de franco retroceso de la producción, el empleo y el poder adquisitivo, sobre todo de los sectores populares.

En este contexto, son los llamados trabajadores de la economía popular, changarines, trabajadores en condiciones precarias o de informalidad -que definen en cada jornada el plato diario de comida- quienes más sufren las consecuencias de la parálisis económica. Es en este marco que la UTEP (el sindicato impulsado por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la organización Somos Barrios de Pie) proponen que el Estado nacional otorgue un bono especial de 5.000 pesos a personas que “no tengan trabajo en blanco, no sean jubilados o pensionados, no sean monotributistas comunes (pueden tener monotributo social), no pueden percibir ningún plan social nacional, sean mayores de 18 años, posean DNI y CUIT o CUIL”.

Además, solicitan que no estén impedidos de percibirlo extranjeros residentes en el país y personas casadas con beneficiarios/as de la Asignación Universal por Hijo o algún otro plan social. Por el momento, el otorgamiento del bono sería por única vez.

Según manifestaron desde la UTEP, hay conversaciones muy avanzadas al respecto con el Gobierno nacional y las organizaciones llevan adelante un relevamiento “para que el Ministerio de Desarrollo Social pueda canalizar rápidamente este beneficio extraordinario en el marco de la crisis que atravesamos”, indicaron desde la Asociación para la Promoción de los Derechos del Niño y el Adolescente (ADPENA), entidad que colabora con la recolección de información.

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La Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie y el Partido del Trabajo y el Pueblo presentaron en la sede de ATE su proyecto de Ley de Urbanización de Barrios Populares de Entre Ríos. El proyecto de ley tiene múltiples objetivos: por un lado, “dignificar la vida en los barrios más perjudicados y con necesidades básicas insatisfechas”, por otro lado, generar trabajo genuino para trabajadores desocupados organizados en cooperativas en el sector denominado Economías Populares, y finalmente incentivar la producción de este sector social al priorizarlos por parte del Estado para la compra de insumos y materiales.

Alejandro Sologuren, dirigente de la CCC, explicó que el proyecto es uno de los cinco presentados el 1º de junio durante la marcha federal que concluyó en CABA y que cuenta con el apoyo de la Multisectorial, CTA Autónoma, ATE, 21 F, CTEP y distintos gremios. “Aquí hay mucha mano de obra, casi el 50 por ciento es de mano de obra flexibilizada, o lo que se llama Economías populares”, precisó Sologuren al explicar que el objetivo es que parte de la obra pública sea destinada a estos sectores.

En Entre Ríos el proyecto fue presentado al gobernador hace un año y medio, a través de la Secretaría de Planeamiento, y también en la Municipalidad. En el primer caso no se obtuvo respuesta alguna y en el segundo hubo promesas pero aún no se han concretado.

“Hoy están licuando salarios y los salarios sociales y seguramente con las nuevas medidas del gobierno se va a acrecentar más la cuestión de los despidos. Vamos a una recesión muy grande, el gobierno cínicamente está haciendo esto adrede porque hay grupos que están ganando muchísimo dinero y son los mismos que están en el gobierno”, consideró Sologuren.

El proyecto

El proyecto presentado establece que el 25% de la obra pública debe destinarse a la urbanización de los barrios populares y asentamientos de nuestra provincia, y que estas obras se deben realizar con mano de obra de las organizaciones sociales y de las economías populares. Se busca aportar a la generación de viviendas habitables y saludables, veredas, cordón cuneta y servicios, y espacios verdes y comunes. Consideran que así, además de dignificarse la vida en los barrios populares de nuestra provincia, se generará trabajo genuino para miles de entrerrianos precarizados o desocupados y se reactivará el comercio de la provincia de la mano del “Compre Local”.

En su artículo 1º, señala que creado el Régimen de Promoción y Fomento de la Economía Social en la provincia, “se fomentará y facilitará la contratación de los grupos asociativos que integran la Economía Popular, Social y Solidaria, en la obra pública que se desarrolle en el ámbito de los organismos de la Administración Pública Provincial centralizada y descentralizada y entes autárquicos, con el fin de realizar las obras de urbanización necesarias en los barrios populares de nuestra provincia”.

Publicado por Río Bravo el 10 de julio de 2018.

Publicado en Costa del Paraná