Entre Ríos no escapa a una realidad que atraviesa todo el país. La pandemia profundizó la crisis que arrastramos desde hace años, más aún en un sector castigado y de salarios postergados como el docente.

En la provincia, el sindicato mayoritario de trabajadores de la educación, AGMER, está desde hace semanas desarrollando un plan de lucha para exigir al gobierno la convocatoria a la discusión salarial y en contra de los artículos de la última ley de emergencia sancionada en la Legislatura provincial que perjudican el salario de educadores activos y jubilados.

En este contexto, y en el marco de las 100 horas de radio que realizó el sindicato en toda la provincia la semana pasada, la Seccional Paraná de AGMER convocó a docentes para participar con sus testimonios a partir de disparadores como: ¿qué te llevó a ser trabajador de la educación?

En ocasión del 11 de septiembre, Día del Maestro en nuestro país, desde Río Bravo saludamos a las y los docentes con un video que recopila una selección de esos videos realizados para Agmer Paraná. Vaya así nuestro agradecimiento y acompañamiento para ellos y ellas en este día y en su lucha y compromiso cotidiano.

Agradecemos especialmente a las y los docentes que participaron con sus videos. A la Seccional Agmer Paraná y a Federico Alejando Vimberg que participó en la edición.

Enlace a los videos originales

Publicado por Río Bravo el 10 de septiembre de 2020.

Publicado en Otras yerbas

Ante la falta de una respuesta del Ejecutivo provincial a la demanda del sindicato y de las demás organizaciones que componen el Frente Gremial Docente de apertura de paritarias, el plenario de secretarios generales resolvió un nuevo plan de lucha que incluye, entre otras acciones, la desconexión virtual en ocho jornadas discontinuas. Exigen al gobierno "una propuesta de recomposición salarial" y que "negocie de buena fe y evite continuar en su estado de beligerancia al abandonar de manera unilateral los ámbitos paritarios".

Publicado en Pago chico

En la tarde de este jueves, las organizaciones sindicales que integran el Frente Gremial Docente, AGMER, AMET y UDA presentaron un nuevo planteo ante la Secretaría de Trabajo de la provincia para que intime al Poder Ejecutivo a presentarse a paritarias para discutir salarios. "No hay excusas para no sentarse y manifestar voluntad política de avanzar en el tratamiento de la cuestión salarial", manifestaron y consideraron que "no es posible excusarse en el aislamiento social preventivo y obligatorio cuando, en el mismo contexto, "el Poder Legislativo de la Nación sesiona y aprueba leyes fundamentales para nuestra sociedad".

Los sindicatos docentes de la provincia vienen planteando en forma reiterada la necesidad de la continuidad de la discusión salarial. En ese marco ya habían denunciado ante la secretaría de Trabajo el incumplimiento del artículo 6 de la Ley 9.624 (Convención colectiva de trabajo docente), al Ejecutivo de la Provincia por incurrir en "negociar de mala fe al evadir en forma reiterada sentarse a discutir en ese ámbito la urgente cuestión salarial y (Ley de "emergencia" mediante) atentar contra el salario de los trabajadores y trabajadoras activos y jubilados".

Según informaron los representantes docentes, el escrito presentado en esa ocasión obliga a la parte patronal a concurrir a este espacio.

Ante la negativa del Ejecutivo, los docentes sostienen que "no hay excusas para no sentarse y manifestar voluntad política de avanzar en el tratamiento de la cuestión salarial. No es posible excusarse en el 'aislamiento social, preventivo y obligatorio' o en el 'distanciamiento social'. Todos y todas sabemos que estos no son impedimentos ni argumentos sólidos, mucho más cuando el Poder Legislativo de la Nación sesiona y aprueba leyes fundamentales para nuestra sociedad y nuestro sistema educativo, con el enorme esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras de la educación garantiza el pleno acceso al derecho de la educación".

Por estas razones, desde el Frente Gremial repudiaron "las actitudes dilatorias del gobierno de Entre Ríos" y presentaron un nuevo planteo demandando a la secretaría de Trabajo "intimar de manera urgente al Ejecutivo provincial a dar continuidad a la discusión salarial, y que proceda de una vez por todas a actuar de buena fe".

Publicado en Actualidad

A partir de este miércoles, los docentes nucleados en AGMER ejecutarán el primero de los dos paros de 72 horas con desconexión virtual para exigir apertura de la discusión salarial y derogación de los artículos 4, 5 y 6 de la Ley de Emergencia. El plenario de secretarios generales emitió un documento con referencias al aumento de los contagios en la provincia, en el que advierten "los costos de esta crisis se descargan sobre los sectores populares" y no ven "el mismo esfuerzo en sociedades anónimas como BERSA y ENERSA, poco comprometidas ante este flagelo, en los oligopolios agrarios, ni en los monopolios alimenticios, de medicamentos y cadenas de supermercados que pujan los precios hacia arriba". "Bordet eligió declinar frente al capital financiero y ajustar el bolsillo de los trabajadores, de manual neoliberal", cuestionaron.

Publicado en Actualidad

Este miércoles 19 de agosto se conoció el fallo de la jueza María Evangelina Bruzzo, integrante del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, donde se rechaza por improcedente la acción de amparo que había sido presentada por la abogada Nadia Vanina Telis en contra de la desconexión virtual. El paro virtual que está desarrollando el sindicato docente concluye este viernes y es el último tramo de un plan de acción resuelto por el Plenario de Secretarias/os Generales de AGMER. En los fundamentos se señala que la medida llevada a cabo por el colectivo docente en toda la provincia, no constituye una accionar ilegítimo o arbitrario.

En consonancia con lo que fuera expuesto por el sindicato docente en diferentes oportunidades, el fallo ratifica que no es AGMER quien debe garantizar el derecho a la educación, dado que se trata de una responsabilidad que constitucionalmente recae sobre el Estado. Al mismo tiempo, se indica que la acción de amparo “radica esencialmente en la suspensión del ejercicio de un derecho constitucional de naturaleza social como el de huelga”, sosteniendo que “la contraposición o choque de derechos” de igual jerarquía –en alusión al aparente conflicto entre esta medida y el derecho de aprender– obliga a buscar una solución armónica que no sacrifique uno de ellos, lo cual estaría ocurriendo si se diera curso al pedido de Telis.

Desde la Comisión Directiva Central de AGMER se celebró el fallo, “no sólo porque rechaza una presentación cargada de injurias y argumentos infundados, sino también porque reconoce abiertamente la compleja situación que viene atravesando la docencia entrerriana durante los últimos meses, lo cual constituye una razón más que suficiente para sostener el plan de lucha resuelto en el marco del conflicto con el gobierno provincial.

El trabajo docente en el contexto de pandemia

Por otro lado, la jueza manifiesta en el mismo fallo su rechazo a los argumentos planteados por la abogada con relación a una presunta “falta de concreción de clases virtuales y limitadas devoluciones a los pocos contenidos teóricos impartidos”. Respecto de esto, se citan los resultados de la encuesta nacional realizada por CTERA entre los meses de mayo y junio, donde se observa claramente que el sostenimiento de la enseñanza en el contexto de la virtualidad ha implicado para el colectivo docente la utilización de nuevas tecnologías muchas veces no disponibles o de difícil acceso, un considerable incremento en las horas de trabajo y el hecho de tener que desarrollar la actividad laboral en el mismo espacio doméstico que se comparte con el resto del grupo familiar, con todas las dificultades que esto conlleva. En otras palabras, una acusación que carece de pruebas es desmentida por medio de datos concretos que surgen de un relevamiento estadístico serio.

Finalmente, el fallo descarta que la desconexión virtual pueda considerarse ilegítima o arbitraria, además, debido a que la misma se da en circunstancias excepcionales que se inscriben en un contexto de emergencia económica y sanitaria, el cual incluye la falta de convocatoria a paritarias por parte del gobierno provincial –lo que se traduce en más de un semestre de inflación acumulada sin recomposición salarial– y la sanción de la Ley de Emergencia Pública N° 10.806, cuestionada por AGMER junto con las demás organizaciones de trabajadores estatales por su carácter regresivo y confiscatorio.

Fuente: https://agmer.org.ar/. Publicado en Río Bravo el 20 de agosto de 2020.

Publicado en Actualidad

AGMER, ATE, AMET y UDA anunciaron en una conferencia de prensa que recurrieron a la Justicia, con un planteo de inconstitucionalidad sobre los artículos 4, 5 y 6 de la Ley de Emergencia impulsada por el Ejecutivo provincial y sancionada por la Legislatura. Los sindicatos piden, además, una medida cautelar innovativa que suspenda la aplicación de la Ley hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. “No creemos que éstos sean los ámbitos de debate de la política, pero hasta aquí nos han llevado”, dijo el secretario general de AGMER, Marcelo Pagani.

Publicado en Actualidad

La sanción de la Ley de Emergencia Social, proyecto del gobierno de Bordet convertido en ley el jueves último en el Senado, generó una fuerte oposición en el colectivo docente de la provincia (y más allá también). La contradicción es particularmente con los artículos 4, 5 y 6 de la ley, ya que los mismos afectan el salario de miles de docentes que, de bolsillo, cobran más de 59 mil pesos (aunque el texto normativo hable de 75 mil, en alusión al monto nominal que figura en los recibos de haberes). Además, generó particular rechazo la creación de un aporte extraordinario de las y los jubilados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones, en abierta contradicción con lo que marca la Ley Previsional N°8732 al respecto.

La oposición a la norma se planteó fuertemente desde AGMER en general, con una decisión unánime de los secretarios generales de seccionales, definiendo un paro virtual de tres días y la amenaza de no volver a las escuelas cuando se defina la presencialidad, si no se revisa la norma. Por su parte, AGMER Paraná y otras seccionales se movilizaron, respetando las medidas de cuidado de la salud pública, los dos días en los que el proyecto se trató, en diputados y senadores, y realizaron sendos actos frente a Casa de Gobierno.

Esta lucha, desde ya, no es exclusiva de los docentes (aunque el rechazo en este sector generó un particular consenso). El sindicato de las y los trabajadores de la educación ha golpeado así en unidad con otros sectores de trabajadores y de la sociedad, especialmente en el marco de la Multisectorial de la provincia.

CTERA se suma al repudio

Esta vez el descontento generado no quedó exclusivamente en las medidas sindicales locales, ya que la propia CTERA, a nivel nacional, adhirió al repudio y se expresó respecto de la situación que preocupa y moviliza a las y los docentes en nuestra provincia. “CTERA rechaza el ajuste previsional que pretende aplicar el Gobernador de Entre Ríos y acompaña la lucha de los compañeros y compañeras de AGMER”, dice el texto y no deja margen de dudas al respecto.

El comunicado de la confederación nacional de las y los trabajadores de la educación se concentra en criticar los artículos 4, 5 y 6 de la ley, ya que su aplicación significaría “un saqueo al bolsillo de trabajadores y jubilados”. Así, en consonancia con el reclamo de los sindicatos entrerrianos y de la Multisectorial, exige al gobierno provincial que la crisis no la paguen las y los trabajadores: “Rechazamos de plano que la crisis se descargue sobre lxs trabajadorxs, por el contrario los sectores más ricos de la provincia son los que deberían hacer un mayor aporte para afrontar los efectos de la pandemia y generar el inicio de un sistema más justo de distribución de la riqueza.”

Supervisores de Concordia

Por su parte, en el Departamento Concordia se expresó un colectivo que raramente se manifiesta por cuestiones políticas y, mucho menos, en contra de la voluntad del poder ejecutivo provincial. Así, el equipo de supervisores de primaria (que en jerarquía están por encima de los directores de escuela) elevó una carta a Bordet en la que le piden que revea la medida convertida en ley, con la que “literalmente han destruido cualquier intento de esfuerzo por dar lo mejor de sí de los actores institucionales, haciéndonos sentir castigados por dar lo mejor en pos de la sociedad y principalmente por los primogénitos de los derechos que son los niños”.

El texto de los supervisores plantea un reconocimiento del trabajo docente en el contexto de pandemia, en contraposición al “castigo” que representa la ley sancionada: “Desde el primer día de este aislamiento, todos hemos duplicado las horas de trabajo y gastos de nuestro propio bolsillo para mantener con esfuerzo y compromiso la escuela presente en cada hogar, hasta el punto de poner en peligro la salud en pos de conseguir atraer a los alumnos sin conectividad y para garantizar los vínculos con las familias, adaptando la educación en la no presencialidad en los diversos y diferentes contextos institucionales, con ausencia de conectividad gratis. Cada docente, directivo, supervisor tuvo que sostener y financiar, junto a las familias, la actividad virtual que conlleva gastos extra de servicios de internet, dispositivos electrónicos y tecnológicos, mantenimiento de estos, sumado a gastos de traslado para poder hacer llegar las actividades y propuestas pedagógicas a los niños y familias carentes de recursos, en zonas rurales, suburbanas y periféricas, además de asegurar el derecho a la alimentación, con la atención de comedores escolares (que no es inherente a la función y que aún así los equivos directivos continúan trabajando para sostener estos derechos para los niños y familias más vulnerables). Así, podemos seguir detallando muchas situaciones”. Y cierran pidiendo: “Solicitamos tener la empatía y obligación de asumir por parte del Gobierno estos gastos y hacerse cargo de ellos sin trasladarlos a los trabajadores en descuentos y que se valore la labor sostenida que con tanto empeño se está realizando por los docentes”

Publicado por Río Bravo, el 5 de julio de 2020.

Publicado en Actualidad

Con matices y diferencias, apoyos parciales, en algunos casos oposición tajante y en otros reclamando progresividad, diversas organizaciones políticas y sindicales salieron a pronunciarse respecto del proyecto de ley del Poder Ejecutivo provincial que pide declarar la "emergencia solidaria" en el marco de la crisis económica, por la caída de la recaudación.

Desde la Multisectorial de Entre Ríos pasando por seccionales de la CGT, sindicatos (docentes, estatales), partidos políticos con claro perfil opositor y otros que son parte del frente Creer Entre Ríos, entre otros, reaccionaron rápidamente ante el proyecto que el gobernador Gustavo Bordet envió el viernes pasado a la Legislatura provincial.

En términos generales, la iniciativa prevé un aumento de aportes a la Caja de Jubilaciones de los haberes de los trabajadores del Estado a partir de los 75.000 pesos; esto es el monto bruto, sin considerar los descuentos jubilatorios ni de obra social. La normativa también prevé que las entidades financieras y los propietarios de superficies rurales superiores a 1.000 hectáreas (el 3% del total) hagan una contribución especial.

El Gobierno fundamentó el proyecto en "la crítica situación económica, la disminución de recursos fiscales y la fuerte inversión que demanda la situación sanitaria y social" y sostuvo que implica medidas que respetan " criterios de progresividad y solidaridad".

LeydeEmergencia1¿El objetivo? Según los fundamentos del texto presentado en la Cámara de Diputados, se pretende " asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Estado, garantizar derechos esenciales y asistir al sistema de salud en la pandemia". En este marco, se declara el "estado de emergencia pública en materia económica, sanitaria, administrativa y previsional por un año", aplicable a los poderes Ejecutivo (incluyendo entes descentralizados), Legislativo y Judicial.

La respuesta de las organizaciones

Aunque el proyecto plantea que se busca "un esfuerzo colectivo en base a quienes tienen mayor capacidad contributiva", numerosos espacios se expresaron en rechazo, entre quienes admiten la necesidad de una medida similar pero reclaman progresividad y que se suba el piso sobre el que se aplican los incrementos de los aportes, hasta quienes hablan de "saqueo" y "ajuste" y rechazan la iniciativa en su totalidad. En las últimas horas se suma el rechazo del Superior Tribunal de Justicia, cuyos funcionarios –con los haberes más altos de la provincia– se resisten a un incremento de sus aportes jubilatorios.

A continuación reproducimos algunos de los comunicados difundidos por organizaciones políticas y sindicales.

 

Multisectorial

La emergencia es con los y las trabajadores y trabajadoras y el pueblo:

Que aporten los grupos concentrados de la economía.

Frente al Proyecto de ley de emergencia que el ejecutivo enviará a la legislatura para abordar la grave situación económica de la provincia, consideramos que es un error volver a poner la lupa de la recaudación sobre los y las trabajadores y trabajadoras. El modelo político de seguir descargando las crisis sobre el pueblo no puede ser el plan que oriente las medidas económicas.

El proyecto de ley declara la “emergencia  pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa, y previsional en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos” con el propósito de garantizar las funciones inherentes al Estado provincial. Entendemos la situación de emergencia que atraviesan los países del mundo producto de la pandemia, a la que no es ajena  nuestro país ni nuestra provincia. Pero rechazamos de plano que parte de la crisis se descargue sobre los y las trabajadores y trabajadoras. La función del Estado debe ser la de protegerlos y protegerlas con acciones positivas, más aún cuando son quienes están poniendo todo su esfuerzo en atender los efectos de la pandemia. Esfuerzo que se evidencia en el sostenimiento de los servicios básicos y esenciales de la comunidad (salud, comedores, y educación, entre otros) muchas veces costeado con recursos propios. 

En este sentido, creemos que los Artículos 4, 5 y 6 donde se propone la reforma provisoria de los aportes personales  y previsionales, persiguen un objetivo recaudatorio cuyo acento recae sobre los y las trabajadores y trabajadoras en actividad y pasivos y pasivas, so pretexto de salvaguardar la Caja de Jubilaciones y Pensiones mediante la solidaridad y la equidad. Lo hemos dicho a principios de años y lo sostenemos; el déficit de la caja no es responsabilidad de los y las trabajadores y trabajadoras, sino de las diferentes gestiones de gobierno. Las consecuencias de políticas neoliberales que puso como horizonte achicar el Estado no debe ser costeado por los y las trabajadores y trabajadoras que se opusieron. Una vez más, el pueblo no debe ni puede ser la variable de ajuste.

Ahora bien, el Proyecto de Ley también busca recaudar entre algunos de los sectores de la economía concentrada. Esto lo manifiesta en los Artículos 7, 8 y 9 donde incrementa los gravámenes de las Entidades Financieras, el  Comercio mayorista de medicamentos para uso humano, y el impuesto inmobiliario anual, a las superficies iguales o superiores a un mil (1.000) hectáreas. Consideramos que estos son los sectores, entre otros,  que hoy deben ser solidarios frente a la crisis provocada por la pandemia.

Pero, al mismo tiempo, sostenemos lo que hemos venido diciendo en anteriores documentos públicos; el modelo productivo y recaudatorio no puede seguir siendo el que surgiera con la dictadura. En un documento anterior, publicado el 8 de junio decíamos que frente a la disminución de la capacidad fiscal y sus consecuencias sobre las finanzas públicas provinciales, proponíamos la aprobación del proyecto de impuesto a los bienes personales (conocido como impuesto a la Fortunas) para los grandes patrimonios. También sugeríamos  redefinir  el rol del agente financiero de la Provincia, en función de asistir y promover las actividades económicas de interés para el desarrollo productivo regional. Decíamos además que era necesario un incremento en las alícuotas del impuesto a los ingresos brutos a las entidades financieras impidiendo el encarecimiento del crédito, y que era urgente rever el esquema tributario  en cuanto al Impuesto Inmobiliario Rural, desalentando la especulación y la existencia de latifundios. Señalábamos que otro de los sectores económicos a revisar con acuerdo de los intereses provinciales son las actividades de la minería, cuyos mecanismos de asignación de concesiones, permisos de extracción, control de la actividad y su tributación, debe ser observada teniendo en cuenta  la irreversibilidad del proceso extractivo y sus consecuencias. Y por último, decíamos en el documento del 8 de junio que el Estado Provincial debía reclamar la reparación histórica por la Represa Salto Grande que  implique mejores costos energéticos para la provincia, y fomentar una discusión estratégica del uso de tierras de la provincia, centrada en la producción de alimentos para los y las argentinos y argentinas.

Seguimos sosteniendo todas estas reivindicaciones porque estamos convencidos y convencidas que alguien deberá pagar la crisis mundial producida por la pandemia. Estamos dispuestos y dispuestas a poner todos nuestros esfuerzos para que sean los sectores que históricamente se enriquecieron quienes deban pagarla. Pero nos declaramos en contra de cualquier medida que pretenda descargar la crisis sobre los y las trabajadores y trabajadoras y el pueblo. La solidaridad con las mayorías es incompatible con los intereses de los sectores de la economía concentrada.

Firman este documento las siguientes organizaciones: ATE (Asociación Trabajadores del Estado), AGMER CDC (Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos – Comisión Directiva Central), AGMER Seccional Paraná, La Bancaria, APYME (Asociación de pequeñas y medianas empresas), CTA de los Trabajadores

CTA Autónoma de Entre Ríos, CTA Autónoma de Paraná, Multisectorial de mujeres Entrerrianas, CCC (Corriente Clasista y Combativa), Somos Barrios de Pie, CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), La Poderosa 

Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná, CEPA (Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista), Movimiento Ni un pibe menos por la droga, Federación Nacional Campesina de Entre Ríos, MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos), Barrios de pie, MTL (Movimiento Territorial de la Liberación), Sindicato de Ladrilleros, UTEP, EVITA ENTRE RIOS (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular)

 

Agrupación 20 de diciembre (trabajadores estatales)

"Que la emergencia la paguen los que siempre ganan"

Ante el anuncio del Gobernador de la Provincia de la declaración del estado de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa  y previsional en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos y de la difusión pública de un proyecto de ley en ese sentido la Agrupación 20 de Diciembre de Trabajadores Estatales sostiene lo siguiente:

  • Que la provincia, como el resto del país, se encuentra en una profunda crisis económica y social producto centralmente de las políticas que durante los últimos cuatro años aplicó el macrismo y que la aparición de la pandemia ha profundizado.
  • Que esta crisis tuvo un núcleo de ganadores, principalmente compuesto por exportadores, grandes productores y comercializadores de granos, entidades financieras  y grupos vinculados, cuyos dividendos  fugaron al exterior a través de vías legales y/o ilegales, como lo demuestra el reciente caso Vicentín .
  • Esto significó la caída estrepitosa de las condiciones de producción nacional y del mercado interno, generando el cierre de miles de pequeños y medianos establecimientos y debilitando a otros miles que continúan cayendo. Asimismo y como consecuencia se produjo la caída del salario real y el incremento de la desocupación a pesar de la asistencia estatal.
  • Que las finanzas provinciales se han visto significativamente mermadas
  • Que vemos de buena manera que en el esquema del proyecto de ley se hayan tenido en cuenta algunas de las iniciativas propuesta por la Multisectorial, no obstante desconocemos las implicancias económicas y proporción en  la distribución de las cargas tributarias .
  • Que además se disponen descuentos salariales para los trabajadores estatales y, si bien la gran mayoría  estarán excluidos dado los bajos sueldos que paga el Estado,  advertimos y  no estamos de acuerdo que parte de esas contribuciones las tengan que hacer una porción que, aún cuando tengan ingresos por encima de la cifra de corte ($ 75.000 líquidos), en muchos casos no son de privilegio en un contexto además de falta de paritarias
  • Que asimismo se establecen descuentos a las jubilaciones y pensiones, lo cual es particularmente grave ya que por vía indirecta se afectará el haber previsional alcanzado, generando un precedente peligroso con visos de marcada  inconstitucionalidad por afectación de derechos adquiridos
  • Que además de rechazar la propuesta de modificación de los aportes de activos y pasivos a la Caja de Jubilaciones y Pensiones establecida en los Artículos 4°, 5° y 6° del proyecto de Ley explicitados en los dos puntos anteriores, propiciamos que el Sr. Gobernador genere el espacio de debate que anunció en el inicio de las sesiones legislativas ordinarias para llegar a un esquema consensuado de sustentabilidad del sistema previsional provincial; dejando este aspecto de la normativa para un proyecto específico («El debate sobre la sostenibilidad del sistema previsional de Entre Ríos es impostergable para garantizar los derechos que tienen hoy los jubilados a seguir cobrando el 82 por ciento móvil», Gustavo Bordet, Asamblea Legislativa, Paraná, 15/02/2020).
  • Por último afirmamos que la salida que proponemos y exigimos, siempre será a favor de las mayorías y que el mayor esfuerzo siempre lo deben hacer en mayor proporción aquellos sectores que cuenten con mayor capacidad para hacerlo y – especialmente- los que se han enriquecido en forma desmedida aprovechando las condiciones favorables de una economía concentrada y especulativa con el empobrecimiento consecuente del resto del pueblo.

LLAMAMOS AL PODER EJECUTIVO Y A LOS LEGISLADORES A REFLEXIONAR DE TAL MANERA QUE NO SE AFECTE A LOS SECTORES POPULARES DESDE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS O LEGISLATIVAS INJUSTAS   Y  A LOS COMPAÑEROS TRABAJADORES A QUE, SIN DEJAR DE RECLAMAR Y DEFENDER LO QUE MERECEMOS, NO SEAMOS INSTRUMENTOS DE AQUELLOS QUE SON LOS PRINCIPALES RESPONSABLES DE LAS PENURIAS QUE PADECEMOS Y QUE PRETENDEN SEGUIR MEDRANDO CON SUS BENEFICIOS DE PRIVILEGIOS.

 

Agrupación docente Rodolfo Puigrós

"Justicia Social es que aporten quienes mas tienen"

Ante el envío por parte del Ejecutivo provincial del proyecto de “Ley de emergencia solidaria” desde la Agrupación Docente Rodolfo Puigrós de Entre Ríos, queremos expresar nuestra preocupación por la incidencia que la misma podría tener en el salario de los trabajadores estatales.

Somos concientes de la etapa de profunda crisis no solo económica que vive el mundo entero, pero con mas razón sostenemos la necesidad de una profunda reforma impositiva, progresiva, que resuelva las inequidades, gravando a los sectores de ganancias extraordinarias como los del sistema financiero y juegos de azar, y favoreciendo a los que generan virtuosidad en el sistema productivo como las PYMES y los asalariados.

Creemos que la economía debe estar al servicio del Pueblo y para ello es necesario proteger a los mas débiles, de ninguna manera permitiremos que  la crisis la paguemos los obreros, y expresamos nuestro estado de alerta y movilización en AGMER y en todas las organizaciones del Movimiento Obrero.

 

Agrupación Rojo y Negro 1° de mayo (docentes)

"Que no se atreva Bordet a saquear nuevamente a los trabajadores entrerrianos"

Bordet está decidido a saquear aún más a los trabajadores entrerrianos a través de un proyecto de Ley de Emergencia cuyo contenido fue público por trascendidos periodísticos. Lo ha hecho entre gallos y medianoche, aprovechando la pandemia que nos golpea y cobardemente, pues no ha tenido ni siquiera el coraje de presentarlo públicamente a los entrerrianos a través de una conferencia de prensa o ante los sindicatos, prefiere ganar tiempo para el golpe.

El proyecto dice pretender el sostenimiento del Estado provincial a través de muchas medidas, entre ellas saqueando a trabajadores activos y jubilados a través de un “aporte” cínicamente llamado "solidario" y con el congelamiento (aún más) de los salarios provinciales. Reforma la ley de jubilaciones 8732, declara que su vigencia duraría entre un año y un año y medio, aunque los trabajadores sabemos que estas medidas de “emergencia” duran para siempre, como la que aumentó los aportes personales a la Caja o la que recortó los aportes patronales al IOSPER que aún padecemos.

Bordet pone en el mismo lugar a los sectores que acumulan fortunas escandalosamente con directores de escuela, supervisores o jubiladas que cobran pensiones, equipara al sector financiero o sojero con trabajadores que cobramos el mismo sueldo que en diciembre, que fuimos recortados por la inflación, que bancamos con nuestros ingresos dos o tres hogares y dinamizamos el mercado interno que esos mismos sectores concentrados intentan matar.

Al Estado lo tienen que sostener los sectores concentrados que gozan de extraordinarias riquezas, esos que perciben miles de canastas básicas en ganancias, los que nos revientan con la inflación, los que guardan la fortuna afuera, los que nos fumigan. De ningún modo debemos ser los trabajadores estatales que somos, además, los que sostenemos desde siempre con nuestras espaldas derechos como la Educación Pública, sobre todo durante esta pandemia.

Los trabajadores entrerrianos ya paramos hace semanas una reforma del régimen jubilatorio. También pararemos esta vergonzosa locura y todas las que ha inventado el gobierno para cobrarle a los trabajadores esta crisis mundial.

Llamamos a todos los trabajadores entrerrianos a organizarnos y luchar, sobre todo ante esta avanzada, sobre todo ante este contexto. No dejaremos pasar, tampoco, este nuevo robo.

En la misma, llaman a firmar un petitorio, en contra de la iniciativa oficial: https://www.change.org/NoAlSaqueoDeBordet

 

CGT Regional Paraná

"La progresividad de los impuestos no puede empezar por los trabajadores"

La crisis que estamos atravesando no es sólo una crisis sanitaria, también es una crisis laboral. A nivel internacional son millones los puestos de trabajo que van a desaparecer, dejando los trabajadores y las trabajadoras sin la posibilidad de subsistir en un sistema cada vez más concentra la riqueza.

En nuestro país la situación no será diferente, por eso advertimos la necesidad de que no sea la masa trabajadora la que siga pagando las desigualdades generadas por las grandes corporaciones económicas y financieras.

Esta Ley de Emergencia, que el Gobierno define como económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa y previsional, desde la Confederación General del Trabajo de la Regional Paraná, decimos que también es laboral. Por esta razón, la mirada no tiene que volcarse hacia los trabajadores, con remuneración que apenas supera la canasta de básica, sino que tiene que apuntarse a sectores que, a pesar de la crisis mencionada, no fueron afectados en estos años ni en estos meses.

Industrias como la minera, petrolera, portuarias, pooles de siempre, las corporaciones financieras, las empresas de acopio y transporte de cereales, o empresas vinculadas a la exportación de materias primas en la provincia, son las que tienen que comenzar a contribuir para la salida de la crisis.

No todos sufrimos de la misma manera en estos meses, y los trabajadores, después de años golpeados por las políticas de ajuste del macrismo, no podemos seguir perdiendo capacidad de poder adquisitivo, cuando hay grupos económicos que, aún en estas dificultades, han seguido ganando.

Saludamos el espíritu progresivo que se le quiere dar a esta nueva ley, pero llamamos a los responsables de aprobar el proyecto a que vuelquen la mirada hacia los sectores de la economía que fueron beneficiados por las políticas de ajuste de los últimos años para que sean ellos quienes primero empiecen a contribuir para superar esta crisis sanitaria, social y laboral.

 

"AGMER repudia el ajuste al salario de los trabajadores"

AGMER rechaza la intención oficial de aumentar los aportes personales del sistema previsional y convoca al Plenario de Secretarios/as Generales.

Desde la Comisión Directiva Central de AGMER manifestamos nuestro absoluto rechazo y repudio a los anuncios realizados por el Ejecutivo Provincial, referentes a la intención de aumentar los aportes personales de nuestro sistema previsional.

De ninguna manera vamos a permitir que en un contexto de profunda crisis económica, sanitaria y social como la que atravesamos, seamos los trabajadores y las trabajadoras –una vez más- quienes sostengamos sobre nuestras espaldas los costos altísimos de la presente emergencia.

AgmerA principios de este año lo decíamos claramente: el sistema previsional y la Caja de Jubilaciones no se tocan. Y desde esta organización sindical, junto a otras organizaciones que formamos parte de la Multisectorial de la provincia nos hemos movilizado para resistir cualquier intento que pretenda conculcar derechos.

Rechazamos el aumento de los aportes personales, repudiamos firmemente la actitud velada de modificar el 82 % móvil y demandamos a la Legislatura de la Provincia que se abstenga de aprobar cualquier medida que atente contra los derechos de los y las trabajadoras/es activos y jubilados.

Insistimos, además, en la demanda de convocar de manera urgente a la discusión salarial. Lo hemos dicho reiteradamente y ratificado por nuestro Plenario de Secretarios Generales en forma unánime. Demandamos un salario por encima de los índices inflacionarios y de la pobreza.

Nos declaramos en estado de alerta frente a las intenciones del Ejecutivo Provincial y convocamos para este lunes 29 de junio al Plenario de Secretarios/as Generales para definir, de manera colectiva, un plan de acción que confronte el ajuste salarial que se pretende implementar.

Marcelo Pagani – Secretario General

Ana Delaloye  – Secretaria Adjunta

Guillermo Zampedri  – Secretario Gremial

AGMER CDC

"El Partido Comunista propone una reforma tributaria integral y dejar sin efecto la propuesta de ajuste sobre los trabajadores activos y jubilados"

No cabe duda que la pandemia ha puesto blanco sobre negro en cuál es el tipo de práctica, de conducta ética y de sociedad frente al cual nos ha puesto un orden basado en el lucro, la máxima ganancia, la destrucción del medio ambiente, la explotación de la gran mayoría de la humanidad a manos del capital más voraz que hemos conocido.

No nos son ajenas las crudas realidades que nos muestran las muertes sin atención médica, los decesos selectivos donde siempre la clase trabajadora es el pato de la boda, los cementerios sin parcelas de tierra suficientes; y la desocupación masiva, la destrucción de puestos de trabajo, las reducciones de salarios y jubilaciones, la violencia doméstica de todo tipo.

No solo ponemos al Estado y la necesaria recuperación de sus herramientas como centro de la disputa, sino de dónde salen los recursos, quiénes se apropian de la riqueza y quiénes son los históricos beneficiarios de una sociedad profundamente desigual, injusta y discriminadora.

Cuando la desigualdad es la norma, la solidaridad no consiste ciertamente en que “todos ponen” porque no es para todos igual, porque no estamos todos en las mismas condiciones y porque así la justicia social sucumbe en el engaño y la distorsión.

El Partido Comunista de Entre Ríos rechaza el proyecto de Emergencia Económica que presenta el gobernador Bordet a la Legislatura Provincial que en sus artículos 4, 5 y 6, ya que consiste en una reforma encubierta de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, para extraer de los bolsillos de activos y jubilados un dinero que afecta a miles de trabajadoras y trabajadores que hoy sostienen la educación y la salud pública frente a una pandemia, muchos de ellos en la primera línea de fuego en los comedores escolares, hospitales y la administración pública sin recibir ningún tipo de reconocimiento ni compensación.

En cambio, tributan según esta emergencia, y por única vez, un sector que representa sólo un 3% de las explotaciones de tierra en la provincia, los mayoristas de droguerías y una alícuota mínima del sector financiero.

Seguirán sin tributar por Ingresos Brutos, tras el acuerdo fiscal con Macri: productores de pooles de siembra, grandes industrias, petroleras que comercializan desde Estaciones de Servicio, telefonía fija, celular y servicios de internet; televisión por cable, hipermercados, grandes cadenas de productos electrónicos y tecnología digital, medicina prepaga, bancos, tarjetas de crédito, transporte de caudales, servicios postales privados, acopio y comercialización de granos; venta de insumos agropecuarios; actividad portuaria, cerealera, minera.  

Ni el salario ni las jubilaciones son ganancias. Estas son el plusvalor extraído de la riqueza generada por la fuerza de trabajo. Y esta es una grave confusión que debe evitarse.

Todo a contramano del diálogo social que había iniciado el gobernador y que ahora naufraga con una medida inconsulta, regresiva y que en definitiva no deja de asegurarle privilegios a los beneficiarios de la exportación de materias primas y actividades industriales, quienes seguirán sin aportar lo que podrían en una situación tan delicada. No son por cierto acordes al cuidado colectivo que nos exige el peligro de la pandemia.

Proponemos que la Provincia avance en un profundo debate de cara a una reforma tributaria que sea verdaderamente progresiva, sobre los excedentes de la actividad industrial, urbana y rural, que contenga al conjunto económico de Entre Ríos, modificando la matriz productiva y social, sin ahondar desigualdades, injusticias y descontento social; y responda así a las propuestas programáticas que en unidad venimos trabajando un conjunto de organizaciones del campo popular.

MST

"¿Emergencia Solidaria o nuevo ajuste a los trabajadores?"

El gobernador Gustavo Bordet, envío a la Legislatura un proyecto de ley denominada de “Emergencia Solidaria”. En estas pocas líneas queremos desandar algunas cuestiones referidas a ciertas falsedades que circulan sobre la iniciativa. ¿Es realmente una medida que afecta a las grandes riquezas concentradas? ¿Se puede considerar, en uno de sus aspectos, como una reforma tributaria progresiva?

Mientras nuestra provincia empieza a sufrir los primeros síntomas del ingreso al pico de contagios de la pandemia del Coronavirus y se combina con la agudización de la crisis económica, el Gobernador elevó un proyecto a la cámara de diputados con el fin, como dice el texto, de declarar “…el estado de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa, y previsional en el ámbito de Entre Ríos…”. La iniciativa que, en el discurso oficialista se presenta como una medida que va a afectar los sectores más poderosos de la provincia, en lo concreto es un nuevo golpe a trabajadores y jubilados.

Con un alcance a todos los poderes del Estado provincial, los municipios adheridos al sistema previsional provincial, incluyendo entes descentralizados, autárquicos, autónomos, empresas y sociedades del Estado, el estado de emergencia, establecido en el proyecto, prevé durar un año desde su posible sanción con la posibilidad de extensión de 180 días solo mediante un decreto del ejecutivo.

Objetivo central: El sistema provisional

Bordet desde que comenzó el año, actos oficiales y declaraciones de por medio, anunció la necesidad y urgencia de una reforma previsional. Las respuestas de lxs trabajadores lograron que se tenga que retrotraer de sus propias palabras. Pero ahora, con el marco de la pandemia como escenario perfecto, busca avanzar sobre salarios y jubilaciones de trabajadores para resarcir el déficit de la Caja de Jubilaciones. Maniobras que ya vimos, por ejemplo, en Córdoba donde Schiaretti aprobó una reforma jubilatoria entre gallos y medianoche. En el nuevo proyecto presentado, el gobernador de Entre Ríos, por ejemplo, busca elevar los aportes personales de trabajadores activos de un 16% a un 22% para aquellos que cobren un salario nominal de $75.000 en adelante. Con respecto a los aportes extraordinarios de jubilados supone porcentajes de un 4% a un 10% comenzando, nuevamente, de aquellos que perciben $75.000 en adelante. Con la excusa de que afecta a los salarios más altos, se da luz verde a la práctica de ajustar a los trabajadores para cubrir déficit.

Lxs trabajadores provinciales en lo que va del año no han tenido paritarias sin importar que la inflación se acumula mes a mes. Paralelamente estamos ante una nueva crisis social y económica que se desarrolla en el país. El gobernador por su parte no cambia de receta, sigue sosteniendo que la crisis la tienen que sustentar los bolsillos de los trabajadores. Esto lo demuestra con la nueva ofensiva hacia el sistema previsional y la ley 8.732.

Si hay algo que tiene que quedar en claro es que, si existe un déficit en la Caja de Jubilaciones, lxs trabajadores no tienen responsabilidad. La insostenibilidad la generaron los políticos y sus políticas. En nuestro caso el peronismo y sus gobiernos consecutivos, cosa que Bordet parece olvidar. Además, cabe agregar otro elemento. El Estado, para percibir más aportes tiene que dejar de emplear de manera precarizada. La precarización estatal es una de las claves por las que se explica la falta de aportantes. Hay que pasar a todos lxs trabajadores a planta permanente, con salarios dignos, en blanco, para que no haya ningún monto que sea no remunerativo y así se pueda aportar todo lo que haya que aportar al sistema previsional. Sin dudas que también hay que ir contra las jubilaciones de privilegios, aquellas que detentan la casta política judicial y política. Por último, para que se sepa realmente de dónde se originan estos déficits, que hoy en día se quieren corregir con una ley anti obrera, hay que establecer un control sobre la Caja de Jubilaciones. De esta forma los trabajadores y jubilados sabríamos en qué se utiliza el dinero.

Números que no cierran

Al ataque mencionado sobre el bolsillo de trabajadores y jubilados, en el proyecto redactado por el gobernador, también enumera que las entidades financieras y bancarias tienen que cumplir con una contribución especial, al igual que los propietarios de superficies rurales superiores a 1.000 hectáreas que representan el 3% de las partidas en toda la provincia. Con esto sólo resta decir que Bordet pone en el mismo lugar para pedir un “esfuerzo” a trabajadores con los grandes empresarios de la provincia que año a año obtienen fortunas increíbles.

Sin embargo, hasta su propio ministro de economía, Hugo Ballay, dijo que los 2.228 millones de pesos que, en un año juntaría el Estado con esta reducción de gastos e incrementos de recursos, no alcanzaría siquiera para cubrir el medio aguinaldo.

La emergencia es de lxs trabajadores

Es imposible desconocer que estamos ante una emergencia como lo indica el gobernador, pero para nada compartimos las orientaciones políticas para combatirla. Las iniciativas que se necesitan no pueden ir contra los sectores ya golpeados. Si de verdad se quiere avanzar contra los sectores concentrados, Bordet le tendría que exigir a Alberto Fernández, que avance con la aplicación del proyecto de Ley de Impuesto Extraordinario a los grandes patrimonios presentado por el FIT-U. Con esta sólo medida se juntarían fondos por más de 15.000 millones de dólares y tan sólo afectaría a 5.000 personas (el 0,03 % de toda la población).

Un ejemplo. Sólo cobrándole este impuesto a la Familia Eskenazi, que grandes fortunas ha hecho con el Banco Bersa en la provincia, nos acercaríamos a la suma que el Estado provincial supone recaudar afectando a trabajadores y jubilados.

Otro punto sería terminar con la fuga del pago de la deuda externa, ilegítima y fraudulenta que, en lo que va del año, ya se llevó la suma de US$ 3.800 millones. Estos intereses nunca se tocan y si ocurren es de forma cosmética como lo plantea el proyecto de “Emergencia Solidaria”. Sostenemos estas medidas de fondo ya que son las únicas que nos garantizarían, en el marco de la pandemia y crisis económica, revertir la situación de los más damnificados. No son salidas utópicas, son necesarias. Utópico es pensar que la salida a la crisis de los trabajadores son recetas que ya han fallado.

Desde el MST en el FIT Unidad llamamos a organizarnos y luchar contra este nuevo ajuste. Trabajadores de Entre Ríos hemos dado sobradas muestras de defensa a la ley jubilatoria, con acciones en la calle y en unidad de acción. En este sentido advertimos que tanto AGMER como ATE deben llamar a paro y organizar un plan de lucha urgente. Por paritarias, pase a planta permanente y por condiciones dignas de trabajo, que incluya una regulación del teletrabajo docente y EPP que garanticen la bioseguridad de trabajadores de salud que son la primera línea frente a la crisis sanitaria. Si Bordet apela al aislamiento para hacer pasar la crisis, les trabajadores con los cuidados necesarios, debemos expresarnos y tomar las calles para frenar el ajuste.

Publicado por Río Bravo el 29 de junio de 2020.

Publicado en Actualidad

En una multitudinaria asamblea desarrollada ayer en Oberá, los trabajadores de la educación en lucha de la provincia de Misiones resolvieron continuar las medidas de acción directa con un paro de 72 horas y acciones en las distintas localidades. A poco de finalizar la asamblea fueron convocados por el presidente del Consejo General de Educación, Alberto Galarza.

Desde las 9 del sábado hasta mediada la tarde la plazoleta Güemes de la ciudad de Oberá cobijó a delegados de los educadores de los 75 departamentos de la provincia de Misiones. Temprano a la mañana, los trabajadores de la educación en lucha comenzaron a ubicar las reposeras en el predio y desplegar las pancartas. Mientras circulaban mates y tererés, comenzaron a compartir el análisis de situación, evaluar la marcha de las medidas de acción y debatir las estrategias a seguir. Voces con los diversos acentos regionales fueron abriéndose paso entre la música de los parlantes para pasar revista a las acciones llevadas a cabo en cada departamento; así expusieron sobre las concentraciones, volanteadas, piquetes en las rutas y todo lo que los trabajadores misioneros guardan como experiencia de lucha.

El conflicto –que la semana pasada desencadenó la renuncia del entonces presidente del CGE, señalado como responsable del acuerdo salarial sellado con el sindicato UDPM (Unión de Docentes de la Provincia de Misiones, adherido a Ctera) y repudiado por la gran mayoría de los docentes de la provincia– crece a ritmo sostenido. El gobierno del renovador Herrera Ahuad había acordad con UDPM una pauta salarial que fue considerada como “miserable” por gran parte de la docencia misionera. Al rechazo generalizado y ante la medida de no iniciar las clases por parte de la Asamblea de Trabajadores de la Educación, la respuesta oficial fueron las amenazas de descuento y aprietes, a lo que ayer, los trabajadores respondieron con la profundización de las medidas.

Río Bravo dialogó con Norma Fernández y Liliana Avellaneda, delegadas a la asamblea provincial convocada por organizaciones como UTEM (Unión de Trabajadores de la Educación Misiones), Udnam (Unión Docentes Nueva Argentina de Misiones), MPL (Movimiento Pedagógico de Liberación), ATE, Autoconvocados y agrupaciones gremiales. “Valoramos la convocatoria de la asamblea como muy positiva. En principio porque hemos logrado tener representantes de los 75 departamentos de la provincia”. Con centenares de delegados presentes, se resolvió un nuevo paro por 72 horas; la entrega de un petitorio al CGE, Hacienda y Gobernación; acciones en las distintas localidades el martes 16 y acciones en paralelo a lo que al finalizar la asamblea era una “posible reunión con el Gobierno” y minutos después era confirmada mediante la convocatoria del presidente del CGE. La respuesta del gobierno convocando a la reunión del miércoles en la localidad de Campo Grande es entendida como una legitimación de la asamblea y de la lucha de las organizaciones opositoras al sindicato oficial y fue celebrada como “un gran paso en la lucha”.

Como es de prever, en la diversidad de experiencias y posiciones, la asamblea de ayer tuvo un desarrollo complejo. “Hemos tenido que resolver algunos aspectos en los que nos ha costado ponernos de acuerdo pero creo que hemos logrado los consensos más importantes”, valoran las delegadas entrevistadas, quienes consideraron que “estos puntos a los que hemos arribado pueden ser de inflexión para arribar al aumento que necesitamos”.

En virtud de la propuesta aceptada por UDPM, “nuestro básico a partir de marzo va a ser de $ 7.077 para un maestro que recién se inicia y se mantiene así hasta los 20 años de antigüedad. A partir de esa antigüedad recién comienza a impactar”, explican. Aclaran que “se toma cómo básico sueldo testigo el de maestro de grado que recién se inicia”.

Además, dicen las entrevistadas: “tenemos algo que se llama ‘Garantía Salarial Docente, que es de $4000, que lo reciben únicamente los docentes que recién se inician hasta los 20 años; los que tenemos más de 20 años de antigüedad no lo recibimos. Es uno de los montos que nosotros queremos que sean blanqueados en el básico”. Para valorar lo que significan los montos no bonificables ni remunerativos en el salario del trabajador de la educación en Misiones, señalan “tenemos ese básico en blanco remunerativo de $7000 y el 78% restante está el negro. Eso es lo nos hace llegar a algo que el gobierno nacional llama piso salarial de $23.250 y que para los misioneros se transformó en un techo de $23.250”.

Cerca de las 16 de ayer y con un triunfo parcial bajo el brazo, los delegados emprendían el regreso a sus respectivos lugares. Luego de la audiencia concertada para el miércoles, el próximo encuentro será el viernes 20 en Aristóbulo del Valle. Asamblea a la que los trabajadores de la educación en lucha esperan arribar con una propuesta salarial digna de ser analizada.

Publicado en Actualidad

El Consejo General de Educación (CGE) incluyó los cargos de Escuelas Nina para el próximo concurso de titularización de Secretarios. Desde la agrupación Rojo y Negro 1° de Mayo celebraron la disposición como el producto de “años de lucha colectiva docente”.

“Esta inclusión nos da la razón, es un acto de justicia el reforzar la carrera docente garantizando la estabilidad y ascenso mediante el sistema concursal”, resaltaron desde la agrupación docente que integra por minoría la conducción de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos y resaltaron que esta convocatoria a concursos “da vuelta una página oscura de las políticas educativas a nivel provincial e inicia un largo camino que debe concretar la cobertura por concurso de los cargos de directores y vice de escuelas Nina en la próxima e inmediata convocatoria a examen de oposición para Nivel Primario”.

A modo de balance, valoraron la medida como “un triunfo del colectivo docente entrerriano, que marcó el horizonte desde el primer momento, no se bajó un instante de la reivindicación y la sostuvo de forma constante ante los intereses que atentaban contra nuestros derechos”.

Por último evaluaron que la convocatoria de cargos de escuelas Nina revierte “un antecedente nefasto, fortalece la herramienta concursal para las designaciones en el sistema educativo y es una muestra de cómo la fortaleza colectiva consolida nuestros derechos” y a modo de balance sobre el papel de la organización sindical y los reclamos docentes manifestaron: “Esa misma fortaleza que nos dio este triunfo como trabajadores debe ser la que sostengamos en todas nuestras luchas, principalmente en la discusión salarial que tanto nos debe y que debe ser reabierta de inmediato, ante la profundización del atraso salarial docente en Entre Ríos”.

 

Publicado en Actualidad