A casi 50 días del cambio de gobierno y en medio de un panorama delicado para las empresas de menor escala, el presidente de Asamblea de Pequeños y Medianos Empresas (APYME), delegación Entre Ríos, Rafael Vicentín, hizo un análisis de las políticas de la gestión Cambiemos hacia el sector y calificó de “pymecidio” el cierre de 24.500 empresas confirmado por el INDEC. Por otro lado, sostuvo que ven en el nuevo gobierno “señales respecto de la recomposición del mercado interno” y resaltó la necesidad de poner límites a los formadores de precios y de segmentar las políticas para estimular las pequeñas y medianas empresas.

Más allá de cualquier tipo de valoración política o ideológica, resulta innegable y hasta las propias autoridades de la gestión macrista tuvieron que admitirlo, las políticas económicas de los últimos años llevaron a una reducción del poder adquisitivo de la población y, casi como efecto dominó, tuvo severas consecuencias sobre el mercado interno, dando lugar a cierres de numerosas empresas y una fuerte destrucción del empleo.

Balance, señales y expectativas
Consultado sobre el tema, el presidente de la delegación Entre Ríos de APYME, Rafael Vicentín, sintetizó con el término “pymecidio” (sic) los efectos de las políticas económicas.

“Realmente la cantidad de empresas caídas durante el período 2015-2019 es tremendo. Se dieron de baja 24.500 empresas según el Indec y eso representó por otro lado la desaparición de alrededor de 200.000 puestos formales de trabajo así que no pudo ser peor. El conjunto de políticas que ese gobierno llevó adelante no podía tener como resultado otra cosa”, dijo a Río Bravo y agregó: “Nosotros advertimos desde el primer día que la combinación de tarifazos en los servicios, apertura indiscriminada de las importaciones, caída del poder adquisitivo de los salarios, imposibilidad de acceso al crédito, realmente ha sido una gestión pésima para el sector y para la mayoría de la población”.

Entrando en un análisis de la nueva gestión, a casi 50 días de la asunción de Alberto Fernández, Vicentín consideró que el gobierno nacional dio “algunas señales” que desde APYME valoran en relación con la posibilidad de recomponer el mercado interno “porque al decidirse una serie de puntos que incrementan los ingresos de la población, eso pone en marcha una rueda, un círculo virtuoso de la economía que en un plazo no muy largo se va a empezar a ver en las empresas”.

De todas maneras, aclaró que, considerando el plazo del que se habla, la situación del sector “sigue siendo de emergencia, porque las políticas aplicadas en el período anterior han dejado a muchas empresas al borde de la desaparición, con endeudamientos insoportables, deudas impositivas, con una serie de problemas que se arrastran”.

En ese contexto, destacó la moratoria lanzada por el Gobierno y que “la AFIP deje de ejecutar empresas que están en situación límite, que es uno de los puntos que se incluyó en la Ley de Solidaridad y Promoción de la producción”, lo que analizó como otra señal “que apunta a cambiar el rumbo”, aunque -insistió- “todavía no se visualiza un cambio drástico en la situación de las empresas como tampoco de la población”.

Demandas: políticas segmentadas y control a los formadores de precios
La semana pasada, el INDEC informó que los precios mayoristas tuvieron un incremento del 58,5% durante 2019. El dirigente pyme explicó al respecto que ese incremento “fundamentalmente tenía origen en la posición dominante de los formadores de precios” y sostuvo que las pequeñas empresas “en la mayoría de los casos no pueden trasladar de modo lineal los aumentos, o sí pero al costo de perder ventas, así que esperamos que los precios mayoristas tengan mayor control y no estén completamente liberalizados como en la etapa anterior porque no es posible revertir la situación si no hay algún tipo de control sobre los esquemas de precios”.

Otro de los temas a los que aludió fue el de las políticas tributarias para el sector, puntualmente el monotributo, que tuvo un incremento del 51% establecido por la Amninistración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) al cierre de la gestió macrista y confirmado por las nuevas autoridades del organismo. En consecuencia, con la nueva suba del 51%, quienes estén encuadrados en la categoría mínima (A), que contempla una facturación de hasta 208.739,25 pesos anuales -17.394 por mes-, pagarán mensualmente 1965,58 pesos.

“Es un punto bastante complejo porque el monotributo abarca desde un conjunto de pequeñas empresas que han tenido que recurrir a él como salvavidas hasta empleo encubierto”, dijo el titular de APYME Entre Ríos que resaltó que el monotributo engloba un montón de situaciones y puso el énfasis en la necesidad de “políticas públicas segmentadas” y explicó: No se le puede exigir lo mismo a una pequeñísima empresa de una zona del interior que una pyme industrial del Gran Buenos Aires que en muchas casos tienen un volumen de facturación y de empleo que no tienen nada que ver con los pequeños emprendimientos del interior. Esperaríamos que este gobierno tome encuenta esto, así como lo está tomando en cuenta respecto de la aplicación de las retenciones según las distintas escalas de los productores”, concluyó.

Publicado en Río Bravo el 28 de enero de 2020.

Publicado en Pago chico