Los principales sindicatos estatales de la provincia, junto con gremios privados como el de bancarios, organizaciones sociales y representantes del sector pyme, entre otros integrantes de la Multisectorial de Entre Ríos, interpelan al gobernador Bordet con renovadas críticas a la Ley de Emergencia y donde analizan el agravamiento de la crisis socioeconómica por la pandemia y exigen medidas "para que sean los sectores que históricamente se enriquecieron, quienes deban pagarla" y se pronuncian "en contra de cualquier medida que pretenda descargar la crisis sobre los y las trabajadores y el pueblo".

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Con matices y diferencias, apoyos parciales, en algunos casos oposición tajante y en otros reclamando progresividad, diversas organizaciones políticas y sindicales salieron a pronunciarse respecto del proyecto de ley del Poder Ejecutivo provincial que pide declarar la "emergencia solidaria" en el marco de la crisis económica, por la caída de la recaudación.

Desde la Multisectorial de Entre Ríos pasando por seccionales de la CGT, sindicatos (docentes, estatales), partidos políticos con claro perfil opositor y otros que son parte del frente Creer Entre Ríos, entre otros, reaccionaron rápidamente ante el proyecto que el gobernador Gustavo Bordet envió el viernes pasado a la Legislatura provincial.

En términos generales, la iniciativa prevé un aumento de aportes a la Caja de Jubilaciones de los haberes de los trabajadores del Estado a partir de los 75.000 pesos; esto es el monto bruto, sin considerar los descuentos jubilatorios ni de obra social. La normativa también prevé que las entidades financieras y los propietarios de superficies rurales superiores a 1.000 hectáreas (el 3% del total) hagan una contribución especial.

El Gobierno fundamentó el proyecto en "la crítica situación económica, la disminución de recursos fiscales y la fuerte inversión que demanda la situación sanitaria y social" y sostuvo que implica medidas que respetan " criterios de progresividad y solidaridad".

LeydeEmergencia1¿El objetivo? Según los fundamentos del texto presentado en la Cámara de Diputados, se pretende " asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Estado, garantizar derechos esenciales y asistir al sistema de salud en la pandemia". En este marco, se declara el "estado de emergencia pública en materia económica, sanitaria, administrativa y previsional por un año", aplicable a los poderes Ejecutivo (incluyendo entes descentralizados), Legislativo y Judicial.

La respuesta de las organizaciones

Aunque el proyecto plantea que se busca "un esfuerzo colectivo en base a quienes tienen mayor capacidad contributiva", numerosos espacios se expresaron en rechazo, entre quienes admiten la necesidad de una medida similar pero reclaman progresividad y que se suba el piso sobre el que se aplican los incrementos de los aportes, hasta quienes hablan de "saqueo" y "ajuste" y rechazan la iniciativa en su totalidad. En las últimas horas se suma el rechazo del Superior Tribunal de Justicia, cuyos funcionarios –con los haberes más altos de la provincia– se resisten a un incremento de sus aportes jubilatorios.

A continuación reproducimos algunos de los comunicados difundidos por organizaciones políticas y sindicales.

 

Multisectorial

La emergencia es con los y las trabajadores y trabajadoras y el pueblo:

Que aporten los grupos concentrados de la economía.

Frente al Proyecto de ley de emergencia que el ejecutivo enviará a la legislatura para abordar la grave situación económica de la provincia, consideramos que es un error volver a poner la lupa de la recaudación sobre los y las trabajadores y trabajadoras. El modelo político de seguir descargando las crisis sobre el pueblo no puede ser el plan que oriente las medidas económicas.

El proyecto de ley declara la “emergencia  pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa, y previsional en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos” con el propósito de garantizar las funciones inherentes al Estado provincial. Entendemos la situación de emergencia que atraviesan los países del mundo producto de la pandemia, a la que no es ajena  nuestro país ni nuestra provincia. Pero rechazamos de plano que parte de la crisis se descargue sobre los y las trabajadores y trabajadoras. La función del Estado debe ser la de protegerlos y protegerlas con acciones positivas, más aún cuando son quienes están poniendo todo su esfuerzo en atender los efectos de la pandemia. Esfuerzo que se evidencia en el sostenimiento de los servicios básicos y esenciales de la comunidad (salud, comedores, y educación, entre otros) muchas veces costeado con recursos propios. 

En este sentido, creemos que los Artículos 4, 5 y 6 donde se propone la reforma provisoria de los aportes personales  y previsionales, persiguen un objetivo recaudatorio cuyo acento recae sobre los y las trabajadores y trabajadoras en actividad y pasivos y pasivas, so pretexto de salvaguardar la Caja de Jubilaciones y Pensiones mediante la solidaridad y la equidad. Lo hemos dicho a principios de años y lo sostenemos; el déficit de la caja no es responsabilidad de los y las trabajadores y trabajadoras, sino de las diferentes gestiones de gobierno. Las consecuencias de políticas neoliberales que puso como horizonte achicar el Estado no debe ser costeado por los y las trabajadores y trabajadoras que se opusieron. Una vez más, el pueblo no debe ni puede ser la variable de ajuste.

Ahora bien, el Proyecto de Ley también busca recaudar entre algunos de los sectores de la economía concentrada. Esto lo manifiesta en los Artículos 7, 8 y 9 donde incrementa los gravámenes de las Entidades Financieras, el  Comercio mayorista de medicamentos para uso humano, y el impuesto inmobiliario anual, a las superficies iguales o superiores a un mil (1.000) hectáreas. Consideramos que estos son los sectores, entre otros,  que hoy deben ser solidarios frente a la crisis provocada por la pandemia.

Pero, al mismo tiempo, sostenemos lo que hemos venido diciendo en anteriores documentos públicos; el modelo productivo y recaudatorio no puede seguir siendo el que surgiera con la dictadura. En un documento anterior, publicado el 8 de junio decíamos que frente a la disminución de la capacidad fiscal y sus consecuencias sobre las finanzas públicas provinciales, proponíamos la aprobación del proyecto de impuesto a los bienes personales (conocido como impuesto a la Fortunas) para los grandes patrimonios. También sugeríamos  redefinir  el rol del agente financiero de la Provincia, en función de asistir y promover las actividades económicas de interés para el desarrollo productivo regional. Decíamos además que era necesario un incremento en las alícuotas del impuesto a los ingresos brutos a las entidades financieras impidiendo el encarecimiento del crédito, y que era urgente rever el esquema tributario  en cuanto al Impuesto Inmobiliario Rural, desalentando la especulación y la existencia de latifundios. Señalábamos que otro de los sectores económicos a revisar con acuerdo de los intereses provinciales son las actividades de la minería, cuyos mecanismos de asignación de concesiones, permisos de extracción, control de la actividad y su tributación, debe ser observada teniendo en cuenta  la irreversibilidad del proceso extractivo y sus consecuencias. Y por último, decíamos en el documento del 8 de junio que el Estado Provincial debía reclamar la reparación histórica por la Represa Salto Grande que  implique mejores costos energéticos para la provincia, y fomentar una discusión estratégica del uso de tierras de la provincia, centrada en la producción de alimentos para los y las argentinos y argentinas.

Seguimos sosteniendo todas estas reivindicaciones porque estamos convencidos y convencidas que alguien deberá pagar la crisis mundial producida por la pandemia. Estamos dispuestos y dispuestas a poner todos nuestros esfuerzos para que sean los sectores que históricamente se enriquecieron quienes deban pagarla. Pero nos declaramos en contra de cualquier medida que pretenda descargar la crisis sobre los y las trabajadores y trabajadoras y el pueblo. La solidaridad con las mayorías es incompatible con los intereses de los sectores de la economía concentrada.

Firman este documento las siguientes organizaciones: ATE (Asociación Trabajadores del Estado), AGMER CDC (Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos – Comisión Directiva Central), AGMER Seccional Paraná, La Bancaria, APYME (Asociación de pequeñas y medianas empresas), CTA de los Trabajadores

CTA Autónoma de Entre Ríos, CTA Autónoma de Paraná, Multisectorial de mujeres Entrerrianas, CCC (Corriente Clasista y Combativa), Somos Barrios de Pie, CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), La Poderosa 

Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná, CEPA (Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista), Movimiento Ni un pibe menos por la droga, Federación Nacional Campesina de Entre Ríos, MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos), Barrios de pie, MTL (Movimiento Territorial de la Liberación), Sindicato de Ladrilleros, UTEP, EVITA ENTRE RIOS (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular)

 

Agrupación 20 de diciembre (trabajadores estatales)

"Que la emergencia la paguen los que siempre ganan"

Ante el anuncio del Gobernador de la Provincia de la declaración del estado de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa  y previsional en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos y de la difusión pública de un proyecto de ley en ese sentido la Agrupación 20 de Diciembre de Trabajadores Estatales sostiene lo siguiente:

  • Que la provincia, como el resto del país, se encuentra en una profunda crisis económica y social producto centralmente de las políticas que durante los últimos cuatro años aplicó el macrismo y que la aparición de la pandemia ha profundizado.
  • Que esta crisis tuvo un núcleo de ganadores, principalmente compuesto por exportadores, grandes productores y comercializadores de granos, entidades financieras  y grupos vinculados, cuyos dividendos  fugaron al exterior a través de vías legales y/o ilegales, como lo demuestra el reciente caso Vicentín .
  • Esto significó la caída estrepitosa de las condiciones de producción nacional y del mercado interno, generando el cierre de miles de pequeños y medianos establecimientos y debilitando a otros miles que continúan cayendo. Asimismo y como consecuencia se produjo la caída del salario real y el incremento de la desocupación a pesar de la asistencia estatal.
  • Que las finanzas provinciales se han visto significativamente mermadas
  • Que vemos de buena manera que en el esquema del proyecto de ley se hayan tenido en cuenta algunas de las iniciativas propuesta por la Multisectorial, no obstante desconocemos las implicancias económicas y proporción en  la distribución de las cargas tributarias .
  • Que además se disponen descuentos salariales para los trabajadores estatales y, si bien la gran mayoría  estarán excluidos dado los bajos sueldos que paga el Estado,  advertimos y  no estamos de acuerdo que parte de esas contribuciones las tengan que hacer una porción que, aún cuando tengan ingresos por encima de la cifra de corte ($ 75.000 líquidos), en muchos casos no son de privilegio en un contexto además de falta de paritarias
  • Que asimismo se establecen descuentos a las jubilaciones y pensiones, lo cual es particularmente grave ya que por vía indirecta se afectará el haber previsional alcanzado, generando un precedente peligroso con visos de marcada  inconstitucionalidad por afectación de derechos adquiridos
  • Que además de rechazar la propuesta de modificación de los aportes de activos y pasivos a la Caja de Jubilaciones y Pensiones establecida en los Artículos 4°, 5° y 6° del proyecto de Ley explicitados en los dos puntos anteriores, propiciamos que el Sr. Gobernador genere el espacio de debate que anunció en el inicio de las sesiones legislativas ordinarias para llegar a un esquema consensuado de sustentabilidad del sistema previsional provincial; dejando este aspecto de la normativa para un proyecto específico («El debate sobre la sostenibilidad del sistema previsional de Entre Ríos es impostergable para garantizar los derechos que tienen hoy los jubilados a seguir cobrando el 82 por ciento móvil», Gustavo Bordet, Asamblea Legislativa, Paraná, 15/02/2020).
  • Por último afirmamos que la salida que proponemos y exigimos, siempre será a favor de las mayorías y que el mayor esfuerzo siempre lo deben hacer en mayor proporción aquellos sectores que cuenten con mayor capacidad para hacerlo y – especialmente- los que se han enriquecido en forma desmedida aprovechando las condiciones favorables de una economía concentrada y especulativa con el empobrecimiento consecuente del resto del pueblo.

LLAMAMOS AL PODER EJECUTIVO Y A LOS LEGISLADORES A REFLEXIONAR DE TAL MANERA QUE NO SE AFECTE A LOS SECTORES POPULARES DESDE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS O LEGISLATIVAS INJUSTAS   Y  A LOS COMPAÑEROS TRABAJADORES A QUE, SIN DEJAR DE RECLAMAR Y DEFENDER LO QUE MERECEMOS, NO SEAMOS INSTRUMENTOS DE AQUELLOS QUE SON LOS PRINCIPALES RESPONSABLES DE LAS PENURIAS QUE PADECEMOS Y QUE PRETENDEN SEGUIR MEDRANDO CON SUS BENEFICIOS DE PRIVILEGIOS.

 

Agrupación docente Rodolfo Puigrós

"Justicia Social es que aporten quienes mas tienen"

Ante el envío por parte del Ejecutivo provincial del proyecto de “Ley de emergencia solidaria” desde la Agrupación Docente Rodolfo Puigrós de Entre Ríos, queremos expresar nuestra preocupación por la incidencia que la misma podría tener en el salario de los trabajadores estatales.

Somos concientes de la etapa de profunda crisis no solo económica que vive el mundo entero, pero con mas razón sostenemos la necesidad de una profunda reforma impositiva, progresiva, que resuelva las inequidades, gravando a los sectores de ganancias extraordinarias como los del sistema financiero y juegos de azar, y favoreciendo a los que generan virtuosidad en el sistema productivo como las PYMES y los asalariados.

Creemos que la economía debe estar al servicio del Pueblo y para ello es necesario proteger a los mas débiles, de ninguna manera permitiremos que  la crisis la paguemos los obreros, y expresamos nuestro estado de alerta y movilización en AGMER y en todas las organizaciones del Movimiento Obrero.

 

Agrupación Rojo y Negro 1° de mayo (docentes)

"Que no se atreva Bordet a saquear nuevamente a los trabajadores entrerrianos"

Bordet está decidido a saquear aún más a los trabajadores entrerrianos a través de un proyecto de Ley de Emergencia cuyo contenido fue público por trascendidos periodísticos. Lo ha hecho entre gallos y medianoche, aprovechando la pandemia que nos golpea y cobardemente, pues no ha tenido ni siquiera el coraje de presentarlo públicamente a los entrerrianos a través de una conferencia de prensa o ante los sindicatos, prefiere ganar tiempo para el golpe.

El proyecto dice pretender el sostenimiento del Estado provincial a través de muchas medidas, entre ellas saqueando a trabajadores activos y jubilados a través de un “aporte” cínicamente llamado "solidario" y con el congelamiento (aún más) de los salarios provinciales. Reforma la ley de jubilaciones 8732, declara que su vigencia duraría entre un año y un año y medio, aunque los trabajadores sabemos que estas medidas de “emergencia” duran para siempre, como la que aumentó los aportes personales a la Caja o la que recortó los aportes patronales al IOSPER que aún padecemos.

Bordet pone en el mismo lugar a los sectores que acumulan fortunas escandalosamente con directores de escuela, supervisores o jubiladas que cobran pensiones, equipara al sector financiero o sojero con trabajadores que cobramos el mismo sueldo que en diciembre, que fuimos recortados por la inflación, que bancamos con nuestros ingresos dos o tres hogares y dinamizamos el mercado interno que esos mismos sectores concentrados intentan matar.

Al Estado lo tienen que sostener los sectores concentrados que gozan de extraordinarias riquezas, esos que perciben miles de canastas básicas en ganancias, los que nos revientan con la inflación, los que guardan la fortuna afuera, los que nos fumigan. De ningún modo debemos ser los trabajadores estatales que somos, además, los que sostenemos desde siempre con nuestras espaldas derechos como la Educación Pública, sobre todo durante esta pandemia.

Los trabajadores entrerrianos ya paramos hace semanas una reforma del régimen jubilatorio. También pararemos esta vergonzosa locura y todas las que ha inventado el gobierno para cobrarle a los trabajadores esta crisis mundial.

Llamamos a todos los trabajadores entrerrianos a organizarnos y luchar, sobre todo ante esta avanzada, sobre todo ante este contexto. No dejaremos pasar, tampoco, este nuevo robo.

En la misma, llaman a firmar un petitorio, en contra de la iniciativa oficial: https://www.change.org/NoAlSaqueoDeBordet

 

CGT Regional Paraná

"La progresividad de los impuestos no puede empezar por los trabajadores"

La crisis que estamos atravesando no es sólo una crisis sanitaria, también es una crisis laboral. A nivel internacional son millones los puestos de trabajo que van a desaparecer, dejando los trabajadores y las trabajadoras sin la posibilidad de subsistir en un sistema cada vez más concentra la riqueza.

En nuestro país la situación no será diferente, por eso advertimos la necesidad de que no sea la masa trabajadora la que siga pagando las desigualdades generadas por las grandes corporaciones económicas y financieras.

Esta Ley de Emergencia, que el Gobierno define como económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa y previsional, desde la Confederación General del Trabajo de la Regional Paraná, decimos que también es laboral. Por esta razón, la mirada no tiene que volcarse hacia los trabajadores, con remuneración que apenas supera la canasta de básica, sino que tiene que apuntarse a sectores que, a pesar de la crisis mencionada, no fueron afectados en estos años ni en estos meses.

Industrias como la minera, petrolera, portuarias, pooles de siempre, las corporaciones financieras, las empresas de acopio y transporte de cereales, o empresas vinculadas a la exportación de materias primas en la provincia, son las que tienen que comenzar a contribuir para la salida de la crisis.

No todos sufrimos de la misma manera en estos meses, y los trabajadores, después de años golpeados por las políticas de ajuste del macrismo, no podemos seguir perdiendo capacidad de poder adquisitivo, cuando hay grupos económicos que, aún en estas dificultades, han seguido ganando.

Saludamos el espíritu progresivo que se le quiere dar a esta nueva ley, pero llamamos a los responsables de aprobar el proyecto a que vuelquen la mirada hacia los sectores de la economía que fueron beneficiados por las políticas de ajuste de los últimos años para que sean ellos quienes primero empiecen a contribuir para superar esta crisis sanitaria, social y laboral.

 

"AGMER repudia el ajuste al salario de los trabajadores"

AGMER rechaza la intención oficial de aumentar los aportes personales del sistema previsional y convoca al Plenario de Secretarios/as Generales.

Desde la Comisión Directiva Central de AGMER manifestamos nuestro absoluto rechazo y repudio a los anuncios realizados por el Ejecutivo Provincial, referentes a la intención de aumentar los aportes personales de nuestro sistema previsional.

De ninguna manera vamos a permitir que en un contexto de profunda crisis económica, sanitaria y social como la que atravesamos, seamos los trabajadores y las trabajadoras –una vez más- quienes sostengamos sobre nuestras espaldas los costos altísimos de la presente emergencia.

AgmerA principios de este año lo decíamos claramente: el sistema previsional y la Caja de Jubilaciones no se tocan. Y desde esta organización sindical, junto a otras organizaciones que formamos parte de la Multisectorial de la provincia nos hemos movilizado para resistir cualquier intento que pretenda conculcar derechos.

Rechazamos el aumento de los aportes personales, repudiamos firmemente la actitud velada de modificar el 82 % móvil y demandamos a la Legislatura de la Provincia que se abstenga de aprobar cualquier medida que atente contra los derechos de los y las trabajadoras/es activos y jubilados.

Insistimos, además, en la demanda de convocar de manera urgente a la discusión salarial. Lo hemos dicho reiteradamente y ratificado por nuestro Plenario de Secretarios Generales en forma unánime. Demandamos un salario por encima de los índices inflacionarios y de la pobreza.

Nos declaramos en estado de alerta frente a las intenciones del Ejecutivo Provincial y convocamos para este lunes 29 de junio al Plenario de Secretarios/as Generales para definir, de manera colectiva, un plan de acción que confronte el ajuste salarial que se pretende implementar.

Marcelo Pagani – Secretario General

Ana Delaloye  – Secretaria Adjunta

Guillermo Zampedri  – Secretario Gremial

AGMER CDC

"El Partido Comunista propone una reforma tributaria integral y dejar sin efecto la propuesta de ajuste sobre los trabajadores activos y jubilados"

No cabe duda que la pandemia ha puesto blanco sobre negro en cuál es el tipo de práctica, de conducta ética y de sociedad frente al cual nos ha puesto un orden basado en el lucro, la máxima ganancia, la destrucción del medio ambiente, la explotación de la gran mayoría de la humanidad a manos del capital más voraz que hemos conocido.

No nos son ajenas las crudas realidades que nos muestran las muertes sin atención médica, los decesos selectivos donde siempre la clase trabajadora es el pato de la boda, los cementerios sin parcelas de tierra suficientes; y la desocupación masiva, la destrucción de puestos de trabajo, las reducciones de salarios y jubilaciones, la violencia doméstica de todo tipo.

No solo ponemos al Estado y la necesaria recuperación de sus herramientas como centro de la disputa, sino de dónde salen los recursos, quiénes se apropian de la riqueza y quiénes son los históricos beneficiarios de una sociedad profundamente desigual, injusta y discriminadora.

Cuando la desigualdad es la norma, la solidaridad no consiste ciertamente en que “todos ponen” porque no es para todos igual, porque no estamos todos en las mismas condiciones y porque así la justicia social sucumbe en el engaño y la distorsión.

El Partido Comunista de Entre Ríos rechaza el proyecto de Emergencia Económica que presenta el gobernador Bordet a la Legislatura Provincial que en sus artículos 4, 5 y 6, ya que consiste en una reforma encubierta de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, para extraer de los bolsillos de activos y jubilados un dinero que afecta a miles de trabajadoras y trabajadores que hoy sostienen la educación y la salud pública frente a una pandemia, muchos de ellos en la primera línea de fuego en los comedores escolares, hospitales y la administración pública sin recibir ningún tipo de reconocimiento ni compensación.

En cambio, tributan según esta emergencia, y por única vez, un sector que representa sólo un 3% de las explotaciones de tierra en la provincia, los mayoristas de droguerías y una alícuota mínima del sector financiero.

Seguirán sin tributar por Ingresos Brutos, tras el acuerdo fiscal con Macri: productores de pooles de siembra, grandes industrias, petroleras que comercializan desde Estaciones de Servicio, telefonía fija, celular y servicios de internet; televisión por cable, hipermercados, grandes cadenas de productos electrónicos y tecnología digital, medicina prepaga, bancos, tarjetas de crédito, transporte de caudales, servicios postales privados, acopio y comercialización de granos; venta de insumos agropecuarios; actividad portuaria, cerealera, minera.  

Ni el salario ni las jubilaciones son ganancias. Estas son el plusvalor extraído de la riqueza generada por la fuerza de trabajo. Y esta es una grave confusión que debe evitarse.

Todo a contramano del diálogo social que había iniciado el gobernador y que ahora naufraga con una medida inconsulta, regresiva y que en definitiva no deja de asegurarle privilegios a los beneficiarios de la exportación de materias primas y actividades industriales, quienes seguirán sin aportar lo que podrían en una situación tan delicada. No son por cierto acordes al cuidado colectivo que nos exige el peligro de la pandemia.

Proponemos que la Provincia avance en un profundo debate de cara a una reforma tributaria que sea verdaderamente progresiva, sobre los excedentes de la actividad industrial, urbana y rural, que contenga al conjunto económico de Entre Ríos, modificando la matriz productiva y social, sin ahondar desigualdades, injusticias y descontento social; y responda así a las propuestas programáticas que en unidad venimos trabajando un conjunto de organizaciones del campo popular.

MST

"¿Emergencia Solidaria o nuevo ajuste a los trabajadores?"

El gobernador Gustavo Bordet, envío a la Legislatura un proyecto de ley denominada de “Emergencia Solidaria”. En estas pocas líneas queremos desandar algunas cuestiones referidas a ciertas falsedades que circulan sobre la iniciativa. ¿Es realmente una medida que afecta a las grandes riquezas concentradas? ¿Se puede considerar, en uno de sus aspectos, como una reforma tributaria progresiva?

Mientras nuestra provincia empieza a sufrir los primeros síntomas del ingreso al pico de contagios de la pandemia del Coronavirus y se combina con la agudización de la crisis económica, el Gobernador elevó un proyecto a la cámara de diputados con el fin, como dice el texto, de declarar “…el estado de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa, y previsional en el ámbito de Entre Ríos…”. La iniciativa que, en el discurso oficialista se presenta como una medida que va a afectar los sectores más poderosos de la provincia, en lo concreto es un nuevo golpe a trabajadores y jubilados.

Con un alcance a todos los poderes del Estado provincial, los municipios adheridos al sistema previsional provincial, incluyendo entes descentralizados, autárquicos, autónomos, empresas y sociedades del Estado, el estado de emergencia, establecido en el proyecto, prevé durar un año desde su posible sanción con la posibilidad de extensión de 180 días solo mediante un decreto del ejecutivo.

Objetivo central: El sistema provisional

Bordet desde que comenzó el año, actos oficiales y declaraciones de por medio, anunció la necesidad y urgencia de una reforma previsional. Las respuestas de lxs trabajadores lograron que se tenga que retrotraer de sus propias palabras. Pero ahora, con el marco de la pandemia como escenario perfecto, busca avanzar sobre salarios y jubilaciones de trabajadores para resarcir el déficit de la Caja de Jubilaciones. Maniobras que ya vimos, por ejemplo, en Córdoba donde Schiaretti aprobó una reforma jubilatoria entre gallos y medianoche. En el nuevo proyecto presentado, el gobernador de Entre Ríos, por ejemplo, busca elevar los aportes personales de trabajadores activos de un 16% a un 22% para aquellos que cobren un salario nominal de $75.000 en adelante. Con respecto a los aportes extraordinarios de jubilados supone porcentajes de un 4% a un 10% comenzando, nuevamente, de aquellos que perciben $75.000 en adelante. Con la excusa de que afecta a los salarios más altos, se da luz verde a la práctica de ajustar a los trabajadores para cubrir déficit.

Lxs trabajadores provinciales en lo que va del año no han tenido paritarias sin importar que la inflación se acumula mes a mes. Paralelamente estamos ante una nueva crisis social y económica que se desarrolla en el país. El gobernador por su parte no cambia de receta, sigue sosteniendo que la crisis la tienen que sustentar los bolsillos de los trabajadores. Esto lo demuestra con la nueva ofensiva hacia el sistema previsional y la ley 8.732.

Si hay algo que tiene que quedar en claro es que, si existe un déficit en la Caja de Jubilaciones, lxs trabajadores no tienen responsabilidad. La insostenibilidad la generaron los políticos y sus políticas. En nuestro caso el peronismo y sus gobiernos consecutivos, cosa que Bordet parece olvidar. Además, cabe agregar otro elemento. El Estado, para percibir más aportes tiene que dejar de emplear de manera precarizada. La precarización estatal es una de las claves por las que se explica la falta de aportantes. Hay que pasar a todos lxs trabajadores a planta permanente, con salarios dignos, en blanco, para que no haya ningún monto que sea no remunerativo y así se pueda aportar todo lo que haya que aportar al sistema previsional. Sin dudas que también hay que ir contra las jubilaciones de privilegios, aquellas que detentan la casta política judicial y política. Por último, para que se sepa realmente de dónde se originan estos déficits, que hoy en día se quieren corregir con una ley anti obrera, hay que establecer un control sobre la Caja de Jubilaciones. De esta forma los trabajadores y jubilados sabríamos en qué se utiliza el dinero.

Números que no cierran

Al ataque mencionado sobre el bolsillo de trabajadores y jubilados, en el proyecto redactado por el gobernador, también enumera que las entidades financieras y bancarias tienen que cumplir con una contribución especial, al igual que los propietarios de superficies rurales superiores a 1.000 hectáreas que representan el 3% de las partidas en toda la provincia. Con esto sólo resta decir que Bordet pone en el mismo lugar para pedir un “esfuerzo” a trabajadores con los grandes empresarios de la provincia que año a año obtienen fortunas increíbles.

Sin embargo, hasta su propio ministro de economía, Hugo Ballay, dijo que los 2.228 millones de pesos que, en un año juntaría el Estado con esta reducción de gastos e incrementos de recursos, no alcanzaría siquiera para cubrir el medio aguinaldo.

La emergencia es de lxs trabajadores

Es imposible desconocer que estamos ante una emergencia como lo indica el gobernador, pero para nada compartimos las orientaciones políticas para combatirla. Las iniciativas que se necesitan no pueden ir contra los sectores ya golpeados. Si de verdad se quiere avanzar contra los sectores concentrados, Bordet le tendría que exigir a Alberto Fernández, que avance con la aplicación del proyecto de Ley de Impuesto Extraordinario a los grandes patrimonios presentado por el FIT-U. Con esta sólo medida se juntarían fondos por más de 15.000 millones de dólares y tan sólo afectaría a 5.000 personas (el 0,03 % de toda la población).

Un ejemplo. Sólo cobrándole este impuesto a la Familia Eskenazi, que grandes fortunas ha hecho con el Banco Bersa en la provincia, nos acercaríamos a la suma que el Estado provincial supone recaudar afectando a trabajadores y jubilados.

Otro punto sería terminar con la fuga del pago de la deuda externa, ilegítima y fraudulenta que, en lo que va del año, ya se llevó la suma de US$ 3.800 millones. Estos intereses nunca se tocan y si ocurren es de forma cosmética como lo plantea el proyecto de “Emergencia Solidaria”. Sostenemos estas medidas de fondo ya que son las únicas que nos garantizarían, en el marco de la pandemia y crisis económica, revertir la situación de los más damnificados. No son salidas utópicas, son necesarias. Utópico es pensar que la salida a la crisis de los trabajadores son recetas que ya han fallado.

Desde el MST en el FIT Unidad llamamos a organizarnos y luchar contra este nuevo ajuste. Trabajadores de Entre Ríos hemos dado sobradas muestras de defensa a la ley jubilatoria, con acciones en la calle y en unidad de acción. En este sentido advertimos que tanto AGMER como ATE deben llamar a paro y organizar un plan de lucha urgente. Por paritarias, pase a planta permanente y por condiciones dignas de trabajo, que incluya una regulación del teletrabajo docente y EPP que garanticen la bioseguridad de trabajadores de salud que son la primera línea frente a la crisis sanitaria. Si Bordet apela al aislamiento para hacer pasar la crisis, les trabajadores con los cuidados necesarios, debemos expresarnos y tomar las calles para frenar el ajuste.

Publicado por Río Bravo el 29 de junio de 2020.

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El comunicado difundido hoy por la Multisectorial de Entre Ríos describe el dramático contexto que están viviendo amplios sectores de la sociedad y elabora una serie de propuestas en materia de políticas productivas y tributarias para la provincia. El planteo hace eje en la disputa por quién paga la crisis, poniendo foco en la necesidad de que los sectores económicos y financieros más concentrados no vuelvan a descargar, como ha pasado tantas veces, el peso del dolor y el sufrimiento generados sobre las espaldas de los trabajadores.

La Multisectorial de Entre Ríos viene reuniéndose para pensar estrategias en el marco de la emergencia y de hecho ya ha sido recibida por el gobernador Bordet para habilitar canales de diálogo con los sectores que nuclea. Está integrada por AGMER, ATE, APyME, la Multisectorial de Mujeres de Entre Ríos, la CCC y movimientos sociales, Asoc. Bancaria, Asoc. Vecinalista de Paraná, CEPA y diversos movimientos estudiantiles, Mov. Ni Un Pibe Menos por la Droga, Federación Nacional Campesina, entre otras organizaciones.

El comunicado se reproduce integralmente a continuación.

"Desde la Multisectorial tenemos propuestas:"

La recesión económica global causada por la pandemia del coronavirus encuentra a los sectores económicos y financieros más concentrados pugnando por perder lo menos posible sus niveles de ganancias.

En nuestro país es alentadora la dirección tomada por los gobiernos nacional y provinciales de asistir a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad: hogares en situación de pobreza e indigencia, monotributistas y Pymes (Ingreso Familiar de Emergencia -IFE-, exención de cargas patronales, ampliación del Programa Repro, Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción -ATP-, etc.).

Pero desde la Multisectorial de Entre Ríos entendemos que es insuficiente. Por un lado porque venimos arrastrando cuatro años de destrucción del empleo y aumento del endeudamiento y la pobreza y por otro porque pensamos a largo plazo en un modelo económico-productivo que genere empleo y la inclusión en la formalidad a quienes hoy sólo poseen trabajos en negro, de bajos ingresos o sólo hacen changas.

Creemos que el gobierno nacional debe aprovechar los consensos para establecer cambios hacia una efectiva y permanente redistribución del ingreso. Y en la medida de sus posibilidades, las legislaturas Nacional y de Entre Ríos regular desde un nuevo marco normativo las modificaciones orientadas en ese sentido.

Es necesario a nivel nacional y provincial tomar medidas para la coyuntura y para largo plazo. Revertir el modelo impuesto en la dictadura que favorece la especulación financiera en contra del desarrollo productivo del país. Fomentar la defensa y estimulo de la producción y del trabajo. En Entre Ríos avanzar en un cambio en la matriz productiva, profundizando el desarrollo industrial, estimulando el agregado de valor a las producciones primarias como forma de generar riquezas para un estado fuerte que recaude más no por poner más impuestos sobre el trabajo sino por incorporar miles de trabajadores y empleadores que pagan esos impuestos. Un estado provincial que además de ocupar todos los trabajadores que sean necesarios, lo haga en condiciones laborales y salariales acordes a las necesidades de vida en la provincia. Claramente, la recuperación de la actividad económica en la provincia tiene que venir acompañada por salarios a la alza para todos los trabajadores.

Hoy la capacidad fiscal de la Nación y la Provincia se ven amenazadas a corto plazo por la misma situación recesiva. Por ello alentamos la aprobación del proyecto de impuesto a los bienes personales (conocido como impuesto a la Fortunas) para los grandes patrimonios y que permita recaudar los fondos necesarios para atender cuestiones sanitarias y sociales vinculadas al COVID-19.

Ahora bien, ese camino hacia un aporte progresivo no debe quedar sólo para atender la coyuntura.

Por ello, desde la Multisectorial de Entre Ríos manifestamos nuestra voluntad de trabajar con el Poder Ejecutivo Provincial y los legisladores nacionales y provinciales en la búsqueda de dichas herramientas.

A continuación, presentamos algunos ejes para fortalecer la capacidad de recaudación y control del Estado Nacional y el Estado Provincial:

Nacionalmente:

• Apoyamos y pedimos que los legisladores provinciales apoyen el "Impuesto a las grandes fortunas"

• Atendiendo a la investigación que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) remitió al Presidente Alberto Fernández con la nómina de las personas físicas y jurídicas que en el cuatrienio 2015-2019 fugaron del país U$S 86.000 millones, establecer un tributo específico a quienes atesoran capitales en el exterior

• En razón de la necesidad de liquidez y a fin de promover un perfil de desarrollo nacional, propiciar la creación de un impuesto nacional dirigido a gravar la capacidad prestable ociosa de las entidades financieras.

• En el camino de poner las finanzas nacionales al servicio de la sociedad y retirarlas del perfil predominantemente especulativo que hoy tienen, propiciar el dictado de una nueva ley de regulación de entidades financieras, derogando la actual 21526, que aún campea como herencia nefasta de la dictadura Militar y que desregula totalmente a la actividad. Necesitamos una nueva ley que estimule la circulación de dinero para la inversión productiva en lugar de la especulativa como lo es actualmente.

En la Provincia (entre otras medidas)

• Estando próximo a vencer (en septiembre) el convenio con el agente financiero de la Provincia, definir el rol de la banca para asistir y promover las actividades económicas de interés para el desarrollo productivo regional, el que deberá formar parte de las condiciones a exigir al agente financiero futuro.

• Establecer un incremento en las alícuotas del impuesto a los ingresos brutos a las entidades financieras impidiendo el encarecimiento del crédito

• Rever el esquema tributario en cuanto al Impuesto Inmobiliario Rural, en consonancia a lo que dispone el artículo 86 de la Constitución de la Provincia, sobre todo en el párrafo que indica que “La legislación desalentará la especulación y la existencia de latifundios y el uso de la tierra en grandes superficies continuas o discontinuas, mediante regímenes tributarios, alícuotas progresivas u otras políticas activas.”

• Revisar y reformular los mecanismos de asignación de las concesiones y permisos de extracción de minerales, el control de la actividad y su tributación, siempre teniendo en cuenta la irreversibilidad del proceso extractivo y sus consecuencias.

• Reclamo de reparación histórica por la Represa Salto Grande que implique mejores costos energéticos para la provincia.

• Discusión estratégica del uso de tierras de la provincia, centrada en la producción de alimentos para los argentinos.

Publicado por Río Bravo el 8 de junio de 2020.

Publicado en Actualidad

Ellas son refugio de muchos corazones” Federico García Lorca.

Las promotoras de Derechos y Preventoras de violencia en la Casa de atención y acompañamiento Comunitario (CAAC) “José Daniel Rodríguez”, hace un poco más de dos años se vienen formando para realizar un trabajo territorial fundamental: captar situaciones de violencia en las barriadas del oeste de la ciudad de Paraná, lo que popularmente se conoce como la zona de “El Volca”, donde la Corriente Clasista y Combativa tiene un desarrollo histórico y con quienes trabajamos cotidianamente. Ellas son dos grupos de mujeres de distintas edades, entre 20 y 50 años, todas provenientes de los barrios aledaños como Balbi, Antártida Argentina, San Martín, La Floresta, Malvinas Argentinas, entre otros cercanos.

Dice Giuliana sobre su participación en los talleres: “He aprendido a hacer muchas amigas y a acompañar a otras a que no tengan miedo”. Esto fue un largo camino, en cada encuentro se aborda una temática específica (nueva o continuada) que implica temas como: el fortalecimiento de lo grupal, la incorporación de la salida colectiva como perspectiva de trabajo, la importancia del acompañamiento, los ciclos de la violencia, los distintos tipos de violencia, la doble opresión de las mujeres, el rol de los medios de comunicación, distintas experiencias según los gobiernos (el franquismo, la experiencia de la China Socialista, el Estado Argentino durante el peronismo), los derechos conquistados, los Encuentros Nacionales de Mujeres y su historia, las leyes que regulan nuestros derechos, las que aún faltan como la Ley de Emergencia en violencia hacia las mujeres, entre otros emergentes. Cada semana se hace una propuesta que implica también una práctica concreta que va desde la realización de materiales de difusión hasta salidas de captación en territorio.

Al principio no hablábamos ninguna y ahora nos tienen que hacer callar” dice Mirta entre risas, rememorando esos primeros encuentros calurosos, donde la CAAC aun no tenía techo, y nos sentábamos en una sombra del paredón, con mucha dificultad para hacer una ronda porque no existía suficiente confianza para mirarnos las caras. Dos meses después, los grupos adquirieron una dinámica de acompañamiento mutuo en perspectiva a realizar el trabajo territorial de promoción. Cuando le pedí a Janet que expresara qué significa para ella ser promotora, dijo que “es ser una gran aliada para las mujeres en el camino de asenso a la justicia y en desnaturalizar la violencia”. Así de sencillo, porque del barrio a los entes del Estado, todavía para muchas hay un gran abismo.

Sobre esto último, Karen expresa que “ser promotora es acompañar a las demás personas a conocer sus derechos, respetar sus opiniones, pero brindando la mayor cantidad de información, apoyo y comprensión”. También Betiana aporta a esto y sostiene: “nosotras podemos colaborar en ayudar a otras a salir de una situación de violencia, porque cuando atraviesan por algo así, necesitan apoyo y contención, y nosotras lo podemos brindar”. Las promotoras cumplen ese rol fundamental y sostenido que desde otras instituciones no se realiza: el acompañamiento. Cuando hay tal grado de vulneración las mujeres necesitan esos lazos, que de algún modo, convierten sus dolores en compañía.

En nuestra CAAC, que en el marco general trabajamos todos los días con el dolor y la angustia de las adicciones y buscamos caminos que incluyan un tratamiento desde una perspectiva integral y comunitaria, se forman estas compañeras para dar batalla a la violencia, recrudecida durante los últimos 4 años y profundizada en épocas de pandemia, donde somos las mujeres las que primero sentimos el latigazo, y es por ello que redoblamos la apuesta y sostenemos los espacios de modo virtual para continuar llegando a las mujeres de la zona. Dice Selene: “contacté a una chica por Facebook porque realizó una publicación donde contaba que sufría violencia, activamos el protocolo y pudieron hacer la denuncia. Más adelante esa misma chica denunció un secuestro de otra mujer, y otra vez logramos que actúe la Comisaría de la Mujer”. En concreto, las promotoras actúan como nexo fundamental entre los organismos del Estado (como la Subsecretaría de la Mujer) y las barriadas, son las que en conjunto con compañeras de otros sectores tejieron las relaciones necesarias para que las mujeres puedan salir de situaciones de violencia, muchas de ellas muy graves, que podrían llegar a ser femicidios. Sobre esto, Iris asegura: “ser promotoras es una gran responsabilidad, y nosotras lo hacemos con mucho esmero”; y Agustina reafirma: “nosotras nos formamos para acompañar mujeres que sufren violencia en cualquiera de sus formas, porque muchas veces no tienen a nadie”.

La Multisectorial de Mujeres Entrerrianas

En Entre Ríos, la Multisectorial de Mujeres Entrerrianas -principal impulsora de la Campaña por la Declaración de emergencia-, compuesta por docentes, estatales, ladrilleras, trabajadoras desocupadas y de las economías populares, estudiantes secundarias y universitarias (y sus gremios), hace 5 años puso en la calle la consigna de la Emergencia, con centro en las Promotoras y el presupuesto necesario. En el marco de la pandemia, la Campaña Nacional por la Declaración de Emergencia en violencia largó el voluntariado que tomaron principalmente las jóvenes y, en su dinámica casi natural en el manejo de redes sociales, sumaron

LeyEmergenciaViolencia

alrededor de 150 mujeres de 26 localidades, en camino a ser promotoras territoriales y en lugares de trabajo. Un acierto colectivo que denota la necesidad real de desarrollar este trabajo. Ayer celebramos el reconocimiento Institucional del Ministerio de la Mujeres y Diversidad a las promotoras, que es un programa de formación, y decimos que es una conquista de todas. Consideramos que es necesario ir un paso más hacia el aspecto remunerativo: ningún trabajo esencial puede ser voluntario, y todas las mujeres que hicieron esta práctica deben recibirlo. En un contexto donde solamente en la Subsecretaría de la mujer llegaron 352 oficios (denuncias previas que se profundizan en el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) y 108 nuevas denuncias, todas causas penales, y hay una gran parte que aún no llega, como dice Nelly: “Las promotoras son muy importantes. Las mujeres que sufren violencia tienen mucho miedo, y tener una compañía constantemente te anima a salir de esa situación”. En camino a la Ley de Emergencia, este paso intermedio es una bocanada de aire fresco después de largos años de trabajo y pisar la calle.

* Daniela Vera es referente de la Multisectorial de Mujeres Entrerrianas y Sec. de Género de CTA-A ER.

Publicado por Río Bravo el 28 de mayo de 2020.

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En respuesta al pedido de las organizaciones que la semana pasada presentaron un documento planteando la necesidad de un Comité de Crisis para abordar en conjunto la situación sanitaria y económica, el gobernador recibió este martes a representantes de la Multisectorial de Entre Ríos. Medidas para cuidar a los trabajadores y al conjunto de la población en el marco de la pandemia, el pedido de apoyo al impuesto a las riquezas, acciones para frenar la escalada de precios y la delicada situación en torno a la violencia de género, fueron algunos de los temas abordados. Para trabajar en esa agenda, acordaron crear la Mesa de Diálogo Social.

De la reunión participaron el gobernador Gustavo Bordet y la vicegobernadora, Laura Strata y, por parte de la Multisectorial, Daniela Vera en representación de la Multisectorial de Mujeres Entrerrianas; Silvia García, de la Corriente Clasista y Combativa; Rafael Vicentín de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APyME); Esteban Olarán, de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Marcelo Pagani, de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER).

En la reunión, los representantes de la Multisectorial retomaron los ejes expresados en el documento publicado la semana pasada y plantearon al Ejecutivo provincial una serie de preocupaciones que forman parte de una agenda en común frente a la emergencia sanitaria y económica, profundizada ante el avance global del virus COVID-19.

En ese marco, plantearon como ejes “el cumplimiento de protocolos de seguridad sanitaria y equipo adecuado garantizado para todos los trabajadores/as expuestos/as a los riesgos de contagio producto de su actividad relacionada con el control de la pandemia” y “las condiciones de hacinamiento y precariedad por la que atraviesan vastos sectores de la población y la caída de los trabajos temporales producto del aislamiento, problemáticas que profundizan las condiciones de desigualdad”.

En este sentido, se planteó “la necesidad de avanzar y acompañar en las políticas que aporten al conjunto de la población como el impuesto extraordinario a las grandes riquezas de la Argentina, la suspensión de los despidos de fábricas, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), imprescindible para millones de monotributistas, la necesidad de políticas efectivas de control de precios que pongan freno a los sectores especulativos, la situación de los trabajadores y trabajadoras no bancarizados, el contexto en que se encuentran las pymes y la preocupación generada a partir de los casos de violencia de género también estuvieron en los análisis de la jornada”.

Del mismo modo cada organización y sindicato presentaron planteos específicos del sector que serán abordados con los distintos ministerios y direcciones con el objetivo de dar respuestas concretas.
Finalmente, acordaron conformar la Mesa de Diálogo Social, con el propósito de avanzar en el tratamiento de los temas desarrollados pensando en la situación actual y en como será la situación social y económica después del aislamiento y la pandemia y medidas “para que la crisis no la paguen los que menos tienen”, señalaron desde la Multisectorial.

Publicado en Río Bravo el 6 de mayo de 2020.

Publicado en Pago chico

A lo largo de su historia, la Multisectorial de Entre Ríos ha sido un ámbito de confluencia de sectores sindicales, políticos y sociales con diferentes grados de incidencia en el escenario provincial, de acuerdo a las coyunturas y vaivenes políticos, producto también de la heterogeneidad de los sectores que la integran y sus diversos posicionamientos. Sin dudas, sus momentos de mayor auge fueron durante los gobiernos de Mario Moine (1991-1995) y Sergio Montiel (1999-2003), enfrentando coordinandamente, en la calle y con acciones sindicales, las medidas de ajuste impulsadas en ambas gestiones y con menor grado de actividad en los años posteriores, pero emergiendo frente a situaciones concretas que empujaron una y otra vez a la unidad.

Los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri y las graves y profundas consecuencias de sus políticas económicas volvieron a acercar a sectores que atravesaron más de una década marchando por caminos separados. Y el agravamiento de la crisis social y económica como producto de las medidas que los gobiernos nacionales y provincial debieron tomar para hacer frente a la pandemia de Coronavirus, una vez más, hace resurgir a la Multisectorial reclamando al Ejecutivo comandado por Gustavo Bordet la convocatoria a un Comité de Crisis; un espacio donde los sindicatos y organizaciones tengan protagonismo y puedan realizar aportes para hacer frente al complicado panorama, con fuerte énfasis en la discusión sobre quiénes deben pagar la crisis.

Este martes, con la firma de 15 organizaciones, entre las que se encuentran los sindicatos más representativos de los estatales y docentes, emitieron un documento en el piden al gobierno que convoque a un comité de crisis "que atienda las urgencias sociales y económicas" y señalan que tienen "mucho para decir y aportar sobre las dificultades que sobrellevan a diario los entrerrianos".

En el escrito que harán llegar al gobernador, valoran positivamente las acciones impulsadas por el gobierno nacional en función del objetivo de "aplanar la curva" de contagio del virusa, en comparación con las medidas adoptadas en otros países de la región y el mundo.

Asimismo, advierten que los sectores de la población que son parte de los bolsones de pobreza estructural son los más perjudicados en medio de este panorama y se posicionan al respecto al afirmar que "frente a la enorme crisis suscitada se produce una disputa política por quién debe pagarla", instando a la suspensión definitiva del pago de la deuda externa hasta tanto se investigue su carácter lícito o ilícito y determinar lo que realmente corresponda pagar.

"Por esa razón creemos que es momento de unirnos para actuar coordinadamente con el horizonte puesto en atender las necesidades de la mayoría, y con la perspectiva política de que no sean las clases populares quienes paguen con su vida la crisis de la pandemia, agudizada por cuatro años de políticas neoliberales", sentencian en el documento que reproducimos a continuación en forma completa

Solicitamos al gobierno provincial la convocatoria a un comité de crisis

Organizaciones sociales gremiales, sociales y políticas de distinto origen nos convocamos con el propósito de debatir los múltiples problemas suscitados por la pandemia, y solicitamos al gobierno provincial que nos convoque a conformar un comité de crisis provincial que atienda las urgencias sociales y económicas. Tenemos mucho para decir y aportar sobre las dificultades que sobrellevan a diario los entrerrianos.

Argentina tuvo que hacer frente a la pandemia del COVID -19 en medio de la declaración de emergencia social aprobada por el congreso en diciembre y de la renegociación de la deuda externa, profundamente agravada durante el gobierno de Mauricio Macri. En este contexto de crisis, el gobierno de Alberto Fernández tomó medidas para afrontar la emergencia sanitaria como problema principal, instruyendo en todo el territorio nacional el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio desde el 20 de marzo. Su efectividad, en comparación con otros países de la región y del mundo, proporciona por el momento datos positivos.

Al mismo tiempo, la emergencia sanitaria puso al desnudo las desigualdades del país, cuyos principales perjudicados son los que hace décadas conforman el esquema de pobreza estructural. Y que en los últimos cuatro años del gobierno de Cambiemos fueron los principales perjudicados.

Observamos que frente a la enorme crisis suscitada se produce una disputa política por quién debe pagarla. Valoramos positivamente el impuesto a las grandes riquezas que se comenzará a discutir en el Congreso Nacional para que sean quienes históricamente se beneficiaron con las políticas económicas los que esta vez también hagan un esfuerzo. Del mismo modo que nos parece un acierto no pagar y renegociar la enorme deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri, consideramos necesario que se suspenda el pago definitivamente para su investigación. Hoy más que nunca la deuda es con el pueblo. Con los millones que viven bajo el índice de pobreza e indigencia, con los trabajadores, con las pymes de la ciudad y el campo, con los jóvenes y niños (el 48% de los niños y niñas son pobres) cuyo futuro es cada vez más incierto, con las mujeres víctimas de violencia de género, en fin, con el pueblo en su conjunto.

Pero la disputa por quién paga la crisis se manifiesta de diferentes maneras. Las grandes industrias (Pan American Energy, Tecpetrol y Techint, entre otras) despiden, suspenden y rebajan los salarios, contrariando el decreto (DNU) del 31 de marzo del presidente Alberto Fernández, donde prohíbe las suspensiones y despidos por el término de 60 días y contrariando también las necesidades de los trabajadores y sus familias. Estos grupos económicos junto a las grandes cadenas de comercialización que presionan por el aumento de precios, y los bancos (Santander Río, Banco Francés (BBVA), Citibank, Itaú, ICBC, entre otros) cuyas tasas de ganancias fueron extraordinarias con las políticas de Mauricio Macri, pretenden que sea el pueblo quien pague la crisis.

Todo lo anterior constituye un marco crítico insoslayable para la vida presente y futura de la sociedad entrerriana. Por esa razón creemos que es momento de unirnos para actuar coordinadamente con el horizonte puesto en atender las necesidades de la mayoría, y con la perspectiva política de que no sean las clases populares quienes paguen con su vida la crisis de la pandemia, agudizada por cuatro años de políticas neoliberales. Las organizaciones sindicales, sociales y políticas que nos convocamos venimos actuando de distinto modo, mediante acciones directas sobre los problemas que aquejan al pueblo.

En virtud de esto, proponemos al Poder Ejecutivo la conformación de un Comité Provincial de Crisis, llamando a su integración al conjunto de las organizaciones sindicales, sociales y políticas cuya experiencia territorial, sindical y social, adquirida en largos años de militancia, nos permitirá contribuir en hacer más efectivas las políticas destinadas a paliar las tremendas consecuencias sociales y económicas que nos imponen las circunstancias actuales. Esto en el camino de la construcción de una sociedad equitativa y solidaria.

Firman este documento las siguientes organizaciones:

ATE (Asociación Trabajadores del Estado)

AGMER CDC (Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos – Comisión Directiva Central))

AGMER Seccional Paraná

APYME (Asociación de pequeñas y medianas empresas)

CTA de los Trabajadores

CTA Autónoma de Entre Ríos

CTA Autónoma de Paraná

Multisectorial de mujeres Entrerrianas

CCC Corriente Clasista y Combativa

Somos Barrios de Pie

CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular)

La Poderosa

CEPA (Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista)

Movimiento Ni un pibe menos por la droga

Federación Nacional Campesina de Entre Ríos.

Publicado en Pago chico