El proyecto de Ley de Emergencia del Poder Ejecutivo provincial sigue generando debate y reclamos de fuerzas políticas y sindicales por el aumento de aportes sobre los trabajadores activos y jubilados de la provincia. En este caso, el Partido del Trabajo y del Pueblo –igual que otros espacios que son parte del frente CREER Entre Ríos– pidió "que la crisis la paguen los grupos concentrados de la economía", señaló que "el déficit de la Caja de Jubilaciones no lo pueden pagar los trabajadores" y que "el camino es avanzar sobre lo que el mismo proyecto de Ley plantea: recaudar entre algunos de los sectores de la economía concentrada".

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Los trabajadores del hospital San Martín de Paraná, realizaron una manifestación con cortes de calle en la que exigieron que se haga efectivo “sin más dilaciones” el pago del bono nacional de 5.000 pesos destinado a los trabajadores de la salud. los reclamos también incluyen demandas sobre las licencias profilácticas, la apertura de paritarias y otros pedidos que no han tenido respuesta favorable de parte de las autoridades.

Publicado en Costa del Paraná

A principios de mayo, el proyecto de investigación “Implementación de un sistema de información sanitario basado en software libre para la gestión local de epidemias en municipios”, dirigido por el bioingeniero Fernando Sassetti (UNER), fue uno de los 64 seleccionados entre más de 900 propuestas para recibir financiamiento para investigaciones sobre el Covid 19. Fue en el marco de una convocatoria de la agencia nacional de Promoción de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación (Agencia I+D+i). Para el fundador de Página 12 “los beneficiados o son funcionarios o son muy afines y militantes del gobierno”. Aunque apuntó principalmente a la figura de Diego Golombek (actual director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica), involucró con la información difundida al investigador entrerriano, que hizo su descargo con una extensa carta.

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En respuesta al pedido de las organizaciones que la semana pasada presentaron un documento planteando la necesidad de un Comité de Crisis para abordar en conjunto la situación sanitaria y económica, el gobernador recibió este martes a representantes de la Multisectorial de Entre Ríos. Medidas para cuidar a los trabajadores y al conjunto de la población en el marco de la pandemia, el pedido de apoyo al impuesto a las riquezas, acciones para frenar la escalada de precios y la delicada situación en torno a la violencia de género, fueron algunos de los temas abordados. Para trabajar en esa agenda, acordaron crear la Mesa de Diálogo Social.

De la reunión participaron el gobernador Gustavo Bordet y la vicegobernadora, Laura Strata y, por parte de la Multisectorial, Daniela Vera en representación de la Multisectorial de Mujeres Entrerrianas; Silvia García, de la Corriente Clasista y Combativa; Rafael Vicentín de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APyME); Esteban Olarán, de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Marcelo Pagani, de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER).

En la reunión, los representantes de la Multisectorial retomaron los ejes expresados en el documento publicado la semana pasada y plantearon al Ejecutivo provincial una serie de preocupaciones que forman parte de una agenda en común frente a la emergencia sanitaria y económica, profundizada ante el avance global del virus COVID-19.

En ese marco, plantearon como ejes “el cumplimiento de protocolos de seguridad sanitaria y equipo adecuado garantizado para todos los trabajadores/as expuestos/as a los riesgos de contagio producto de su actividad relacionada con el control de la pandemia” y “las condiciones de hacinamiento y precariedad por la que atraviesan vastos sectores de la población y la caída de los trabajos temporales producto del aislamiento, problemáticas que profundizan las condiciones de desigualdad”.

En este sentido, se planteó “la necesidad de avanzar y acompañar en las políticas que aporten al conjunto de la población como el impuesto extraordinario a las grandes riquezas de la Argentina, la suspensión de los despidos de fábricas, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), imprescindible para millones de monotributistas, la necesidad de políticas efectivas de control de precios que pongan freno a los sectores especulativos, la situación de los trabajadores y trabajadoras no bancarizados, el contexto en que se encuentran las pymes y la preocupación generada a partir de los casos de violencia de género también estuvieron en los análisis de la jornada”.

Del mismo modo cada organización y sindicato presentaron planteos específicos del sector que serán abordados con los distintos ministerios y direcciones con el objetivo de dar respuestas concretas.
Finalmente, acordaron conformar la Mesa de Diálogo Social, con el propósito de avanzar en el tratamiento de los temas desarrollados pensando en la situación actual y en como será la situación social y económica después del aislamiento y la pandemia y medidas “para que la crisis no la paguen los que menos tienen”, señalaron desde la Multisectorial.

Publicado en Río Bravo el 6 de mayo de 2020.

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El consejo directivo provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Entre Ríos, entregó un documento dirigido a la ministra de Salud, Sonia Velázquez, con el objetivo de pedir respuestas para las demandas de los trabajadores del sistema de la salud de nuestra provincia, en el marco de la pandemia por el COVID-19. Entre otras medidas, piden que el Ejecutivo provincial tramite “con urgencia” el pago del bono de $5.000 por mes, la necesidad de un protocolo único tanto para hospitales afectados directamente a la atención de casos sospechosos y/o confirmados como para las reparticiones no afectadas directamente, otorgar suplencias para cubrir las licencias de los trabajadores pertenecientes a los grupos de riesgos y garantizar los elementos de seguridad e higiene necesarios, informaron desde el sindicato.

En la jornada de este jueves, miembros de la conducción provincial de ATE entregaron el comunicado dirigido a la ministra de Salud en el que detallan 21 puntos que, afirman, surgen las recorridas por los efectores de salud y el contacto con los trabajadores.

Las medidas exigidas, además del reclamo de los $20.000 (en cuatrro cuotas mensuales de $5.000) para agentes afectados a garantizar las tareas que la emergencia sanitaria y cubrir las licencias con suplencias para garantizar la cobertura de los servicios y evitar la saturación del personal en funciones, también incluyen el rechazo al recortes de horas extras, el reclamo de flexibilidad horaria por las dificultades con el transporte público, la asignación de tareas a los trabajadores en zu zona de residencia, que se garantice ropa de trabajo y elementos de higiene, entre otras, seegún consta en el documento que desde el sindicato hicieron llegar a Río Bravo y que reproducimos en forma completa a continuación:

En nombre y repreesentación del consejo directivo provincial de la Asociaciónde Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos, nos dirigimos a usted y por su intermedio a quien corresponda con rnotivo de realizar diversas peticiones para las trabajadoras y trabajadores de la salud de nuestra provincia en el marco de la pandemia por el COVID-19.

Cabe desatacar que nuestros pedidos se basan en las necesidades expresadas por las trabajadoras y trabajadores en las recorridas que hemos realizado por los diferentes efectores de salud.

- Urgente tramitación de parte de la provincia ante la nación del pago de los $20000 en cuatro cuotas de $5000 tal corno lo establece el Decreto Nacional.

- Necesidad de un protocolo único para los hospitales que están afectados de forma directa a la atención de personas afectadas o en sospecha de serlo que ayude a unificar criterios de atención y cuidado de los trabajadores y trabajadoras.

- Un protocolo único para las reparticiones del Estado que no están afectados de forma directa a la atención del COVID o posibles casos.

- Otorgar suplentes a los trabajadores y trabajadoras que se encuentren licenciados por estar dentro de los grupos de riesgo para no sobrecargar al personal que sigue cumpliendo funciones, dando prioridad a los hospitales que se encuentran asignados a la atención del COVID 19.

- Crear los comités de crisis en cada uno de los establecimientos con participación gremial y garantizar la participación sindical en el comité provincial.

- Planificar un sistema de hotelería cubierta por el Estado para las trabajadoras y trabajadores que por estar cumpliendo tareas pudiesen tener que ser recluidos o estar en cuarentena debido a la pandemia para no poner en riesgo a su familia; garantizando además, que no se le descuente ninguna retribución económica en sus haberes.

- Establecer flexibilidad horaria en el ingreso, por las dificultades que genera el transporte público, sin que ello implique ninguna pérdida de los códigos salariales vinculados a presentimos y puntualidad.

- No al recorte de horas extras ni el pago de horarios rotativos.

- Asignar tareas en su zona o licenciar a trabajadoras y trabajadores que por no contar con transporte público de mediana distancia no puedan llegar a sus lugares de trabajo.

- Garantizar elementos de seguridad e higiene de calidad y en cantidad suficiente para cumplir con los protocolos y cambios necesarios a todos los escalafones del sector que lo necesiten. Generar instancias de capacitación en horarios laborales y en los diferentes turnos y sectores acordes a sus tareas que permitan garantizar el cuidado individual y colectivo de las trabajadoras y trabajadores así como la limpieza y el cuidado del paciente y áreas para su atención. Establecer una normativa clara que permita garantizar el cuidado de los hijos pequeños que lo necesiten hasta tanto se restablezca el funcionamiento de las instituciones de educación. Garantizar que no se realicen cortes en la continuidad laboral a las compañeras embarazadas.

- Generar dispositivos que garanticen la salud mental de las trabajadoras y trabajadores durante la pandemia y luego de la misma.

- Garantizar ropa de trabajo para todos los sectores iniciando por los nosocornios afectados a la atención de COVID-19.

- Generar espacios de estricto control de la salud de los trabajadores y trabajadoras.

- Establecer un adicional fijo y garantizado para todas las trabajadoras y trabajadores de hospitales y centros de salud acorde al nivel de atención del mismo.

- En caso de suspenderse las licencias profilácticas, generar una normativa que permita la excepción y modificación en los tiempos para tomarla y de los plazos temporales entre la licencia anual ordinaria y la profiláctica. Es importante destacar que nuestros pedidos son para todas las trabajadoras y trabajadores de la salud, cualquiera sea la naturaleza del vínculo jurídico con el Estado. Sin más, quedando a disposición para lo que fuese necesario en pos de mejorar la situación del conjunto de los trabajadores y a la espera de una pronta y favorable respuesta, la saludan atentamente.

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Ante la severa parálisis que provoca en la actividad económica el inevitable paquete de medidas dispuesto por el gobierno nacional para contener el avance del Coronavirus, el sindicato de las organizaciones sociales (la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) impulsa el otorgamiento de un bono paliativo para trabajadores en negro o del monotributo social.

La pandemia de Coronavirus, que ya suma casi 330.000 casos a nivel mundial, con más de 14.000 víctimas fatales (225 y 4 en Argentina) motivó que la mayoría de los gobiernos de la región a tomar medidas que apuntan a restringir la circulación de personas para evitar la propagación del virus. Estas medidas, aunque resultan ineludibles para evitar un agravamiento mayor de la situación sanitaria, provocan un fuerte impacto para una economía claramente deteriorada por cuatro años de franco retroceso de la producción, el empleo y el poder adquisitivo, sobre todo de los sectores populares.

En este contexto, son los llamados trabajadores de la economía popular, changarines, trabajadores en condiciones precarias o de informalidad -que definen en cada jornada el plato diario de comida- quienes más sufren las consecuencias de la parálisis económica. Es en este marco que la UTEP (el sindicato impulsado por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la organización Somos Barrios de Pie) proponen que el Estado nacional otorgue un bono especial de 5.000 pesos a personas que “no tengan trabajo en blanco, no sean jubilados o pensionados, no sean monotributistas comunes (pueden tener monotributo social), no pueden percibir ningún plan social nacional, sean mayores de 18 años, posean DNI y CUIT o CUIL”.

Además, solicitan que no estén impedidos de percibirlo extranjeros residentes en el país y personas casadas con beneficiarios/as de la Asignación Universal por Hijo o algún otro plan social. Por el momento, el otorgamiento del bono sería por única vez.

Según manifestaron desde la UTEP, hay conversaciones muy avanzadas al respecto con el Gobierno nacional y las organizaciones llevan adelante un relevamiento “para que el Ministerio de Desarrollo Social pueda canalizar rápidamente este beneficio extraordinario en el marco de la crisis que atravesamos”, indicaron desde la Asociación para la Promoción de los Derechos del Niño y el Adolescente (ADPENA), entidad que colabora con la recolección de información.

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