Los agricultores familiares y los pequeños productores agropecuarios tiene una tremenda responsabilidad en esta pandemia que es alimentar a la poblaciones cercanas a sus chacras, en el caso -como indican muchos voceros- de se agudice más la situación de la infección en las ciudades con el Covid 19.

Los agricultura familiar fue objeto de derecho por varios años en la Argentina; en el 2009 se creó la subsecretaria de Agricultura Familiar y luego se logró el Monotributo Social Agropecuario para que estos productores que vivían en la informalidad, que no podían tener acceso a una obra social y a aportes jubilatorios, los pudieran tener. Además, se creó una red de técnicos que recorrían a lo largo y ancho nuestro territorio, acompañando a las organizaciones de campesinos para crecer y fortalecerse.

En los últimos cuatro años se dio una política de desguace de este organismo del Estado y de toda política que fomentara la Agricultura Familiar, a tal punto que eliminaron el Monotributo Social Agropecuario, pasándolos a todos a Monotributo Social, teniendo que pagar la Obra Social, cosa que antes era a costo cero para el productor, además de despedir a más del 70 % de los técnicos de terreno, muchos de ellos profesionales con varios años de trabajo en el sector.

¿Porque recordar esto en este momento? La idea no es seguir alimentando la grieta, pero sí recordar el por qué se está hoy en el lugar que estamos y quizás pensar en lo diferente que hubiera sido si en estos últimos 4 años se hubieran destinado los fondos suficientes para que la agricultura familiar siga creciendo y que todos los técnicos se encontraran trabajando en el territorio acompañando a los miles de agricultores familiares en todo el país durante esta pandemia.

Hoy la responsabilidad que recae sobre estos agricultores familiares en este momento de pandemia es inmensa, son los responsables de hacer llegar la verdura, frutas, los huevos, la carne a la mesa de cada una de las familias de nuestro país, ya que son los productores de cercanía los que están en los periurbanos, los ejidos, los cinturones de las ciudades y son ellos los que producen y son capaces de llegar con esta producción a cada rincón del país.

Para esto se necesita un Estado presente, un Estado que no sólo garantice condiciones de producción, generando estrategias de fortalecimiento como pueden ser ayudas en insumos, créditos, maquinaria, herramientas; sino también en los procesos de comercialización de estos productos y generando la logística para su distribución.

Estamos seguros que los agricultores familiares se van a poner al hombro esta responsabilidad ya que lo han demostrado sosteniendo las ferias, los mercados populares, los verdurazos y demás acciones que han demostrado el poder de organización que se posee y el alcance que pueden tener.

La tarea que nos va a quedar para cuando salgamos de esta situación y que venimos planteando desde las organizaciones sociales es la incorporación de varios miles más, recreando cordones verdes alrededor de los pueblos y ciudades, cediendo tierras públicas y haciendo ordenanzas que permitan incorporar otras, con desgravaciones impositivas para sus propietarios. En una Argentina con millones de desocupados que no pueden llevar el sustento a su hogar sería una doble medida estratégica generando trabajo y alimentos de forma agroecológica.

En lo inmediato proponemos una primera medida concreta para fortalecer a los productores hortícolas, con un aporte en insumos (semillas, plantines) y tecnologías apropiadas (riego, mediasombra) para aumentar y mejorar la producción de estos productores familiares.

Planteamos la entrega de semillas, plantines, manguera de riego, mediasombra, para los productores que hoy están en plena producción, que estén vendiendo en las ferias o mercados populares de cada localidad, que no posean mas de un empleado (ya sea permanente o transitorio) coordinando con los organismos del Estado nacional, provincial y municipales, así como con las organizaciones de la agricultura familiar de cada provincia o región, para identificar estos productores, entregándose los insumos, apuntando a aumentar en el mediano plazo la producción local y ayudando en la logística para llegar con estos productos en forma rápida y segura a las familias de las ciudades.

Esperamos que los gobiernos nacional, provincial y locales entiendan y den respuesta para poder lograr que miles de pequeños productores y la agricultura familiar de la Argentina den un paso importante, garantizando, como se dijo, el alimento en la mesa de nuestras familias.

(*) Pablo Benetti es Ingeniero Agrónomo e integrante de la Federación Nacional Campesina (FNC) de Entre Ríos.

Publicado en Río Bravo el 31 de marzo de 2020

Publicado en Debates

Por decisión de sus autoridades, el agente financiero de la provincia limitó la extracción de dinero de sus cajeros a los clientes del banco, contrariando disposiciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Trabajadores del Salario Social Complementario se vieron impedidos de percibir su ingreso y sólo pudieron cobrar en algunas localidades luego de reclamos y gestiones de la CCC ante autoridades de la provincia.

Ante la mayor afluencia de usuarios, el Nuevo Bersa restringió en los últimos días el uso de sus cajeros automáticos en toda la provincia. De esta manera configuraron las máquinas para que solo sus clientes puedan extraer dinero.

Esto generó una grave complicación. Miles de personas se vieron impedidas de extraer dinero en el cajero más cercano a su domicilio, teniendo así que elegir entre quedarse sin efectivo para disponer o, en forma obligada, desplazarse contrariando de algún modo el decreto y las recomendaciones del Gobierno nacional que establecen el aislamiento social preventivo obligatorio hasta el 31 de marzo, con la excepción general de compra de alimentos y medicina. Y para ello, en muchos casos, siguen siendo necesarios el billete y la moneda.

Una de las situaciones más delicadas se dio con los trabajadores del Salario Social Complementario (SSC), que perciben su ingreso mensual de 8.500 pesos mediante una tarjeta del Banco de la Nación Argentina.

El SSC es presentado oficialmente como un complemento a los ingresos mensuales de aquellos trabajadores que precisan de la generación de su propio trabajo para subsistir, buscando generar o comercializar bienes y servicios que sirvan de insumo para lograr el sustento del desarrollo propio y familiar. A partir del impulso de cooperativas de trabajo por parte de las organizaciones sociales conocidas como Los Cayetanos -Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Somos Barrios de Pie- y mediante convenios realizados con gobiernos provinciales y municipales muchos de los trabajadores que acceden a este programa vienen realizando pequeñas obras publicas en distintas provincias y trabajo de limpieza y desmalezado, como también otros emprendimientos productivos como ladrillerías, producción de bloques de cemento, panaderías, entre otras iniciativas

Este jueves, al momento del cobro, los trabajadores se encontraron con que el sistema les rechazaba la tarjeta. Según contó a Río Bravo Alejandro Sologuren, de la CCC, en un inicio advirtieron ese impedimento en la ciudad de Santa Elena y ante el reclamo, la respuesta del gerente de la sucursal fue que trasladaran hasta La Paz (¡41 kilómetros!) a cobrar su haber. Esto motivó el enojo y los reclamos de los trabajadores y desde la organización denunciaron la situación ante autoridades del gobierno provincial: “Se llegó hasta la ministra de Gobierno (Rosario Romero) y al de Economía (Hugo Ballay)”, afirmó Sologuren. Luego de las gestiones realizadas lograron que la sucursal Santa Elena destrabara un cajero para la extracción de dinero con tarjetas de otros bancos.

Pero la situación no estaba limitada a Santa Elena y pudieron corroborar que lo mismo ocurría en todas las localidades de la provincia, incumpliendo así la entidad financiera con las disposiciones del BCRA al respecto, que estableció mediante la Circular A-6945 que hasta el 30 de junio “no habrá límites de importe –salvo los que expresamente se convengan por razones de seguridad o resulten de restricciones operativas– ni de cantidad de extracciones. Tampoco habrá distinción alguna entre clientes y no clientes, independientemente del tipo de cuenta a la vista sobre la cual se efectúe la correspondiente operación”.

Accedé a la resolución del BCRA haciéndo clic aquí

“La medida tiene como objetivo que las personas circulen lo mínimo indispensable para contribuir al aislamiento social dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional para contener la pandemia de Coronavirus COVID-19”, fundamentaron. Nada de eso pareció importarle a las autoridades del Nuevo BERSA hasta que llegaron los reclamos, aunque todavía en muchas ciudades sigue sin resolverse el problema.

“Es una vergüenza lo que hizo el Banco Entre Ríos. Dice que lo van a ir resolviendo poco a poco, porque ellos habían tomado la decisión de no atender a ningún banco y durante todo el fin de semana largo estuvieron tocando todos los cajeros y ahora lo van a tener que hacer al revés”, cuestionó el dirigente de la CCC.

Publicado en Pago chico

Ante la severa parálisis que provoca en la actividad económica el inevitable paquete de medidas dispuesto por el gobierno nacional para contener el avance del Coronavirus, el sindicato de las organizaciones sociales (la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) impulsa el otorgamiento de un bono paliativo para trabajadores en negro o del monotributo social.

La pandemia de Coronavirus, que ya suma casi 330.000 casos a nivel mundial, con más de 14.000 víctimas fatales (225 y 4 en Argentina) motivó que la mayoría de los gobiernos de la región a tomar medidas que apuntan a restringir la circulación de personas para evitar la propagación del virus. Estas medidas, aunque resultan ineludibles para evitar un agravamiento mayor de la situación sanitaria, provocan un fuerte impacto para una economía claramente deteriorada por cuatro años de franco retroceso de la producción, el empleo y el poder adquisitivo, sobre todo de los sectores populares.

En este contexto, son los llamados trabajadores de la economía popular, changarines, trabajadores en condiciones precarias o de informalidad -que definen en cada jornada el plato diario de comida- quienes más sufren las consecuencias de la parálisis económica. Es en este marco que la UTEP (el sindicato impulsado por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la organización Somos Barrios de Pie) proponen que el Estado nacional otorgue un bono especial de 5.000 pesos a personas que “no tengan trabajo en blanco, no sean jubilados o pensionados, no sean monotributistas comunes (pueden tener monotributo social), no pueden percibir ningún plan social nacional, sean mayores de 18 años, posean DNI y CUIT o CUIL”.

Además, solicitan que no estén impedidos de percibirlo extranjeros residentes en el país y personas casadas con beneficiarios/as de la Asignación Universal por Hijo o algún otro plan social. Por el momento, el otorgamiento del bono sería por única vez.

Según manifestaron desde la UTEP, hay conversaciones muy avanzadas al respecto con el Gobierno nacional y las organizaciones llevan adelante un relevamiento “para que el Ministerio de Desarrollo Social pueda canalizar rápidamente este beneficio extraordinario en el marco de la crisis que atravesamos”, indicaron desde la Asociación para la Promoción de los Derechos del Niño y el Adolescente (ADPENA), entidad que colabora con la recolección de información.

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