Jueves, 18 Octubre 2018 05:54

Dura respuesta ambientalista a las entidades que justifican las fumigaciones sobre escuelas

Escrito por Río Bravo

La Coordinadora por una vida sin agrotóxicos en Entre Ríos “Basta es basta” salió a responder en forma pormenorizada a las críticas expresadas por diversas entidades vinculadas a la producción agropecuaria -como la Bolsa de Cereales de Entre Ríos y la Mesa de Enlace provincial- por el fallo de la justicia que prohíbe la aplicación terrestre de agroquímicos en un radio de 1.000 metros alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia y a menos de 3.000 metros para el caso de las fumigaciones aéreas.

El comunicado fue firmado firmado por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la Cámara Arbitral de Cereales de Entre Ríos (Cacer), el Centro de Acopiadores de Granos de Entre Ríos (Cager), la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), la Regional Paraná de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos Coop. Ltda. (Cafer), la Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos (Capper) y el Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos (Copaer). También suscriben el comunicado autoridades de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos (FCA-UNER), la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), la Federación Agraria Argentina (FAA) Distrito Entre Ríos, la Sociedad Rural Argentina (SRA) de Entre Ríos, el Centro de Corredores de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (CC BolsaCER) y la Cámara Vendedores de Insumos de Entre Ríos.

En términos generales, el texto de las entidades agrarias parte de la noción de que la limitación de distancias implica lisa y llanamente la imposibilidad de practicar la agricultura en ese radio, pese a las experiencias productivas que han logrado obtener rindes similares y a mucho menor costo que el modelo del agronegocio.

Desde las entidades firmantes del comunicado señalaron que Entre Ríos tiene “alrededor de 900 establecimientos escolares y si no se puede utilizar para agricultura un radio de 1.000 metros, lo que nos parece irracional y arbitrario en cada uno de los establecimientos, estamos dejando sin producir un total de 282.000 hectáreas”.

La respuesta de Basta es basta
Desde la coordinadora Basta es basta por una vida sin agrotóxicos en Entre Ríos recibieron “con profundo dolor” el comunicado de las entidades, cuestionando que “en lugar de asumir su responsabilidad por las consecuencias denunciadas, se dedicaron a descalificar los términos utilizados en el fallo que ampara a las escuelas rurales”.

El agrupamiento que nuclea a numerosas organizaciones ambientalistas de la provincia emitió una declaración en la que refutaron uno por uno los conceptos vertidos desde las entidades ruralistas:
Entre otros aspectos sostuvieron que “es falso” que no se puede utilizar para agricultura un radio de 1.000 metros y aclararon que “lo que prohibió la Justicia fue la utilización de venenos”. En este marco rechazaron el planteo de que se dejen sin producir 282.000 hectáreas y retrucaron que nuestro país “es líder mundial en exportación de producción orgánica y Entre Ríos históricamente fue una provincia ganadera, tambera, citrícola, avícola y de producción ovina, porcina y equina, actividades que han sido desplazadas en los últimos 20 años por este sistema agroindustrial”.

También negaron que las hectáreas protegidas por el fallo limiten la producción de trigo “debido a que abarcan 282 mil hectáreas frente alas más de 2.300.000 hectáreas productivas actuales” y agregaron que aún así, en Entre Ríos ya se produce trigo sin venenos con mucho menor costo y mayor calidad nutricional”.

Otro de los cuestionamientos apunta a las llamadas Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), sostenidas por las instituciones ruralistas como una garantía frente a las eventuales consecuencias ambientales del uso de agroquímicos. En este sentido, desde Basta es basta manifestaron que “es falso” que las BPA frenen la deriva de los agrotóxicos: “Son una mera declaración sin control alguno que no impiden ni la toxicidad de los productos utilizados ni su deriva en la tierra, agua, aire o penetración en nuestros alimentos” y recordaron que “la propia Bolsa de Cereales admite que ‘la exposición a los plaguicidas y otros productos agroquímicos es uno de los principales riesgos laborales’ y que “el colegio que agrupa a los ingenieros agrónomos ha pensado en el uniforme de protección que deberían utilizar sus asociados de cumplir con su obligación de estar presentes en el sitio de las fumigaciones, lo que los colocaría en la primera línea de recepción de la deriva (75 a 80% del producto según datos de las cámaras empresarias y de aplicadores)”.

En este contexto expresaron la necesidad “urgente” de “revisar el mapa productivo de la provincia ya que la mayoría de los pequeños y medianos productores han quebrado debido al impagable impuesto inmobiliario rural, al alto costo de insumos cotizados en valor dólar, la pérdida de productividad de los suelos erosionados y empobrecidos debido al monocultivo de la soja, agravado por la exponencial deforestación propio de este modelo. No sólo la población y los consumidores están expuestos a las “externalidades” de este sistema; sino la misma matriz productiva de la provincia”.

Por último, lamentaron que en el comunicado de las cámaras empresariales de la agroindustria no se haga referencia alguna “sobre la contaminación de niñas y niños de nuestra provincia”.

Modificado por última vez en Jueves, 18 Octubre 2018 12:23