Jueves, 26 Mayo 2016 00:32

Descuentos por huelga: Macri quiere en la Nación el modelo de Urribarri y Bordet en Entre Ríos

Escrito por Ramiro García

El ministro de Trabajo de la Nación Jorge Triaca deslizó que el Gobierno quiere "darle una chance al debate" sobre ausentismo, productividad y descuentos por huelga. La Casa Rosada estaría interesada en emular el mecanismo de extorsión a los trabajadores que en Entre Ríos implementó durante años Sergio Urribarri y que ya puso en práctica su sucesor Gustavo Bordet.

El artículo 14 bis de la Constitución de la Nación argentina establece para el trabajador, así como "condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas", la garantía de ejercer, a través de sus gremios, "el derecho de huelga".

La huelga, el paro, es un instrumento de la clase trabajadora para defender sus derechos, avanzar en sus conquistas y protegerse de los embates de sus patrones. La herramienta ´paro´ tiene una historia en paralelo a la de la clase que la ostenta: signada por la lucha obrera, despreciada y atacada por los explotadores, enaltecida por su importancia para los triunfos y también teñida por la sangre que ha costado su ejercicio y defensa.

Ajeno a los intereses que postula su puesta en práctica y ansioso por cosechar los frutos que habilitaría su supresión, el gobierno nacional que encabeza Mauricio Macri sugiere que la huelga está en la lista de derechos populares que le interesa ´armonizar´ al Cambio. La Revolución de la Alegría que rige en la Argentina desde el 10 de diciembre último no necesita de paros, medidas de fuerza, marchas y manifestaciones de trabajadores para lograr sus metas. 

“Darle una chance al debate"

Para ello, el presidente echó a rodar en los medios sus intenciones de descontarle sueldo al trabajador que se sume al paro. Para tantear las reacciones, envió a su ministro de Trabajo Jorge Triaca a instalar el debate. También le habría encomendado estudiar los pormenores del mecanismo que viene aplicando sistemáticamente, especialmente contra el sector docente, el gobierno de Entre Ríos.  

En entrevista con radio Continental, el ministro Triaca convocó a "darle una chance al debate" del descuento por huelga. Lo dijo con la agenda política al rojo vivo por la discusión de la ley antidespidos -finalmente aprobada en el Congreso y automáticamente vetada por Macri- y a propósito de la convocatoria presidencial al Consejo del Salario, que definió un aumento del Mínimo, Vital y Móvil del 33% en tres cuotas, llegando a $8.060 recién en enero. Triaca instó a "mejorar nuestra capacidad productiva" a través de un difícil, conceptualmente imposible, "enfoque común entre el gobierno, los sindicatos y las empresas".

Al ser consultado sobre los temas que empresarios, sindicatos y gobierno discutirían en dicha instancia, el funcionario concedió que "productividad, ausentismo y descuento por huelga" se pondrían sobre la mesa  e intentó imprimirle un barniz democrático al plan: "tiene que hacerse desde la construcción del consenso, y este Consejo es una buena oportunidad para darle una chance al debate", expresó.

Luego llegaría otro envión oficialista para abonar la idea de castigar al trabajador que considera necesario, una vez superadas las demás instancias de negociación, sumarse a un paro. Fue Nicolás Massot, jefe de diputados nacionales del PRO, quien consideró "nada alocado" el castigo salarial, ya que "hay muchas huelgas que están genuinamente impulsadas y hay otras que están interesadas". Es el viejo y estúpido argumento del ´paro político´, que tantas veces escuchamos utilizar, por ejemplo, a los ex jefes de Gabinete kirchneristas Jorge Capitanich y Aníbal Fernández. Como si el atributo ´político´ le quitase prestigio a una acción, en vez de valorizarla.

"Hay una proliferación de marchas y manifestaciones que afecta la vida cotidiana de todos nosotros", justificó Massot, pretendiendo que las injusticias que llevan a los trabajadores al paro y la movilización no afectan sus respetivas ´vidas cotidianas´. "No sé si el camino es ese o no lo es", agregó el diputado macrista sobre el descuento salarial, "pero lo que no tengo dudas es que hay que discutir el tema".

El mecanismo entrerriano

A Mauricio Macri le resulta particularmente meritoria e interesante la estrategia de amedrentamiento al trabajador rebelde que usufructuó, durante ocho años, la gestión de Sergio Urribarri, kirchnerista de paladar negro y paradigma del proyecto ´nacional y popular´. Herramienta a la que ya echó mano su sucesor Gustavo Bordet, ante la primera andanada de paros que le ejecutaron los docentes de Agmer a comienzos de marzo de este año, en reclamo de una mejora salarial digna.

Teniendo en cuenta el sector educativo y sólo los cuatro años del último mandato urribarrista, suma 77 la cuenta de paros docentes, a causa de la mala política educativa del referente kirchnerista, de precarización, pauperización y desprestigio de la educación pública y sus trabajadores. A los 77 que ostenta el frustrado ex aspirante a candidato a presidente y actual diputado provincial se suman los cuatro paros ejecutados este año, ya en la era de Gustavo Bordet, el sucesor de Urribarri "aggiornado al Cambio". En la mayoría de los casos, esos días de huelga han sido descontados a los docentes entrerrianos.

La estrategia del ex gobernador constituyó un verdadero modus operandi: primero, retrasar la convocatoria a paritarias lo máximo posible, empujando las definiciones hasta las últimas horas previas al inicio de clases pautado por calendario; por otra parte, ofrecer aumentos salariales por debajo de las subas en el costo de vida e ir proponiendo pequeñas -más bien, insignificantes- modificaciones en las sucesivas reuniones paritarias; mientras tanto, llegar al inicio de clases con la paritaria no resuelta y forzar el comienzo del ciclo lectivo pese a ello; luego, si los gremios, disconformes, repudiasen el chantaje y el ajuste con una huelga, ampararse en una discutible intervención del Poder Judicial, conciliación obligatoria mediante; y a continuación, como corolario del plan, descontarle al docente los días que fue al paro, ante el fracaso de la negociación que su gremio empezó a pedir quizás meses atrás. Con algunas pequeñas variaciones, la gestión Bordet debutó este año perpetrando los mismos pasos.

 La estrategia siempre contó, a modo de ariete institucional, con la presidencia del Consejo General de Educación, a cargo de negociar cara a cara con los sindicatos, firmar las resoluciones de descuento salarial y esgrimir los correspondientes y lamentables argumentos para justificar el castigo. Así lo han hecho a sus turnos Graciela Bar, Claudia Vallori y el nuevo titular del palacio educativo José Luis Panozzo. Por caso, está de ejemplo -en el marco de la resolución Nº 4.263 de noviembre 2015- la letra de la ex mandataria del CGE Claudia Vallori, quien no titubeó en ponerle el gancho a sucesivos descuentos salariales pero intentó esgrimir fundamentos que validen la medida. 

Usando de escudo a los alumnos entrerrianos, ha dicho Vallori que “el acceso a la educación es un derecho reconocido a todos los habitantes de la Nación”, así como que el pago del sueldo docente corresponde necesariamente a una "contraprestación de un servicio laboral", concepto poco pedagógico, por cierto. Por lo tanto, aunque siempre queriendo dejar claro que el gobierno entrerriano "no desconoce el derecho de huelga", se termina concluyendo que “corresponde no abonar remuneraciones por el tiempo en que los servicios han dejado de prestarse". Así, a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores docentes debida a aumentos salariales inferiores a la inflación, se agregó durante años, por miles de pesos, el robo a sus sueldos a través de estos descuentos.

El tiro por la culata

La legalidad de los descuentos salariales por motivo de huelga es tema de debate abierto en ámbitos judiciales o especializados, sin ser patrimonio exclusivo del Derecho: en juzgados, cámaras, tribunales, cátedras y foros internacionales se encuentran fallos divergentes, tanto a favor como en contra de su legalidad o constitucionalidad. De todos modos, cabe debatir su legitimidad: hay momentos en los que los trabajadores se ven empujados al paro, una de sus herramientas amparadas constitucionalmente, para defenderse o avanzar  en sus reivindicaciones; y, ante ello, aparece el contragolpe patronal, en muchas ocasiones a través del descuento salarial, entre otros mecanismos destinados a garantizar el ajuste. 

En Entre Ríos, nuevamente tomando el caso docente, ni el grado de acatamiento a los paros ni el tamaño de las columnas docentes en la calles han logrado mermarse con el empleo gubernamental de dicho castigo durante los últimos años. En vez de doblegar, los descuentos indignan; en lugar de debilitar, fortalecen. Habrá que ver si el gobierno nacional, en caso de insistir en lo que por ahora sólo es un cusqueo, en vez de disciplina, no siembra más rebeldía.

 

Publicado por Río Bravo el 25 de mayo de 2016