Sábado, 20 Febrero 2021 16:18

Feministas critican duramente el proyecto de ley “Alejo” que apoyan Lena y Hein

Escrito por Ignacio González Lowy

Las organizaciones y referencias feministas son diversas y tienen también sus diferencias y matices. Sin embargo, son muchos los temas y problemáticas en donde no hay fisuras. El proyecto de ley “Alejo”, que busca prevenir la “violencia contra los varones”, parece ser uno de estos casos. Cuál es la respuesta a las críticas al proyecto por parte de Gabriela Lena, la legisladora entrerriana que, junto a Gustavo Hein, acompaña su presentación.

El proyecto de Ley que acompañan con su firma lxs diputadxs nacionales entrerrianxs Gabriela Lena y Gustavo Hein, se plantea el objetivo de prevenir “la violencia contra los varones” y las “falsas denuncias de género”. Públicamente lo han denominado “ley Alejo” en referencia a Alejo Oroño, joven de 22 años asesinado hace pocos días por la madre de su hijo en la localidad bonaerense de Hurlingham. Es en función de casos como el de Alejo que quienes impulsan el proyecto plantean que existe una estigmatización para las violencias que sufren los varones por parte de mujeres, que los lleva a no denunciar por “vergüenza”. Además, entienden que la propia Ley Micaela (cuyos alcances este proyecto busca ampliar) habla de la necesidad de capacitar al personal del Estado sobre violencia “desde la perspectiva de diversidad de géneros y no sólo de las mujeres”.
Que se hable de comisarías especializadas, línea de asistencia gratuita y capacitación obligatoria para atender la violencia contra los varones, en un contexto en el que se están sucediendo y multiplicando los femicidios en todo el territorio nacional (incluso los indiscutiblemente anunciados por amenazas previas ignoradas por el Estado, como el reciente caso de Úrsula Bahillo, en Rojas); no pasó desapercibido para quienes vienen luchando contra la violencia machista y por un definitivo “Ni Una Menos” en nuestro país.

Cáceres, el autor del proyecto

“Deberías hablar con el diputado Cáceres”, fue la primera respuesta que obtuvimos de la diputada Lena cuando la consultamos por el proyecto. Eduardo Augusto Cáceres Giménez es abogado y diputado de Cambiemos por San Juan. Tiene 46 años y fue presidente del Instituto de Derecho Penal Económico del Foro de Abogados de su provincia: sabe de lo que habla. Es el diputado que, para justificar su voto en contra del Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas, fustigó a la militancia que estaba en el Congreso diciendo que al país no lo sacan adelante “estas personas que trajeron ustedes extorsionadas (…), la saca la Argentina de Los Pumas”; justo en los días en que se conocían masivamente los tuits misóginos, machistas y racistas de algunos integrantes del seleccionado nacional de rugby que el diputado puso como ejemplo a seguir.

Cáceres tiene desde noviembre del año pasado una denuncia por violencia de género que le hizo su expareja, la dirigente del PRO Gimena Martinazzo. Respecto de esto consultamos a la diputada Lena, quien justamente en su voto a favor de la IVE, en diciembre pasado, dijo: “Nosotros los legisladores debemos legislar sin tener en cuenta nuestras experiencias personales y por sobre todas las cosas sin hipocresías”. Nos respondió que “no es mi situación personal, y sigo pensando que la mirada debe ser amplia”.

Las críticas al proyecto

A continuación, algunas de las repercusiones que recogimos a partir de la divulgación del proyecto de Ley en cuestión.

Carolina Acuña es Secretaria de Género y Diversidad de AGMER Seccional Paraná. Plantea que le parece infame que haya quienes están elaborando un proyecto en este sentido mientras en Argentina cada 23 horas ocurre un femicidio. “Creo que es totalmente nefasto. Parece que no supieran dónde están viviendo, que vivieran en una realidad paralela, porque no hay un asesinato de un varón cada 23 horas, ni cada 24 ni 25, en manos de una mujer por el solo hecho de ser hombre. No existe, no pasa, sí al revés.” De todos modos, sostiene, no le sorprende quiénes están impulsando el proyecto de Ley. “Es la misma gente que cuando gobernó el país destinaba la mísera suma de 11 pesos para prevenir y sancionar la violencia de género. O sea, tuvieron la oportunidad de poder hacer un montón de cosas y no lo hicieron.” Carolina Acuña entiende que en nuestro país existen sectores machistas y misóginos a los que les desespera el avance del feminismo. “Cada vez que las mujeres salimos a la calle, nos organizamos para luchar o exigir justicia por nuestros derechos, esta gente sale a atacar al movimiento de mujeres.” Al contrario, como referente docente, asegura que le sorprendería si desde ese sector presentaran propuestas “para que la Educación Sexual Integral realmente se cumpla como se tiene que cumplir, porque a largo plazo, si tenemos ESI en cada una de las aulas de nuestras escuelas de nuestro país, vamos a tener una sociedad libre de violencias.”

Luciana Basso es docente e investigadora de la UNER, integrante de la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans. Toma el argumento que esgrimen quienes presentan el proyecto, para responder, y sostiene que obviamente existen mujeres violentas: “las mujeres también somos producto de un orden cultural misógino y patriarcal, también estamos atravesadas por situaciones de salud mental, de pobreza, y toda la problemática social circundante en la que suelen excusarse los varones violentos que nos matan cada 23 horas en la Argentina.” De todos modos, explica Basso, “se equivocan, desde mi punto de vista, las y los legisladores del Proyecto conceptualmente, porque las mujeres no maltratan o matan a hombres por ser hombres”. En palabras de Basso, lo que motiva y define la violencia de género “es precisamente pertenecer a un género que es construido como ‘atacable’. Es decir que el ‘factor de riesgo’ para padecer la violencia de género es ser mujer.” Plantea Basso que hablar de violencia sin tener en cuenta el contexto del patriarcado, es no entender la raíz del problema: “En los casos (mínimos) en los que un varón sea maltratado por una mujer, hay que sacar el género de la ecuación y juzgar cada caso con su contexto y sus motivaciones propias.” Luciana Basso finaliza planteando que “es hora de que los varones puedan interpelarse como colectivo social, algo que se les sigue haciendo difícil. Es hora de que empiecen a hablar de sus masculinidades, de cómo han sido construidas, y puedan comprender su participación necesaria en este estado de cosas. (…) mientras nosotras decimos ‘si tocan a una, tocan a todas’, ellos no han podido trascender los muros de la individualidad y por lo tanto seguirán creyendo que esto es algo que ‘hacen otros’ a ‘otras’.”

Sandra V. Miguez es periodista, integra la Red de Periodistas con Visión de Género y es autora del libro ‘Crímenes Menores, Género y Poder Judicial, la trama de una disputa’. Define con precisión cuál cree que es el rol que juega este proyecto en este contexto: “Los feminicidios de Ursula Bahillo, de Fátima Acevedo y de Romina Rodas, muestran con patética evidencia que las denuncias de las mujeres no son tenidas en cuenta, que aún falta años en la implementación de un plan integral que proteja a las mujeres y evite la violencia de género. Desviar la atención de esta problemática resulta ciertamente canallesco. Sobre todo si se trata de personas que estando en la función pública –en el lugar que les corresponda- prefieren distraernos con proyectos que pretenden sostener una protección histórica que ostentan los varones en un mundo machista y patriarcal.” Señala que las estadísticas muestran que a nivel mundial las “denominadas falsas denuncias” son una ínfima minoría, extremadamente inusuales. “Frente al dramático problema de las mujeres ‘asesinadas’, que legisladores dediquen su tiempo a presentar un proyecto que se sostiene sobre menos del 0,1% de las denuncias, termina siendo parte del problema y no de la solución: agrandan el desfavorable escenario sobre el cual las mujeres víctimas de violencia de género deben realizar las denuncias, promueven las actitudes corporativas de quienes se amparan en el poder para lograr impunidad.”

Daniela Vera es integrante de la Multisectorial de Mujeres Entrerrianas y referente del Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP). Plantea: “Es inentendible la propuesta de diputados y diputadas de Juntos por el Cambio. Quieren modificar la Ley Micaela, cuya implementación sigue costando a nivel estatal, siendo que la justificación de dicha ley es que muchas veces las denuncias realizadas son desestimadas por la policía y la justicia, y terminan en femicidio. En 2019 hubo 284 femicidios, de los cuales el 18 % tenía denuncias previas, el 10 % tenía restricción de contacto o perimetral y el 9 % antecedentes penales de violencia de género sobre otras víctimas.” Contrapone de este modo la realidad que viven las mujeres con los objetivos que el proyecto de Ley “Alejo” declara perseguir. “Este sector nefasto desconoce la violencia de género, mientras las mujeres nos movilizamos y exigimos la emergencia nacional en violencia hacia las mujeres porque en lo que va del año se cometieron 52 femicidios.”

Carina Carmody, es Mg en trabajo social, docente investigadora de la UNER, feminista, integrante de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Como las demás, declara en primer lugar la sorpresa de encontrarse con un proyecto de estas características en este contexto. Entiende que quienes elaboraron la propuesta desconocen, no comprenden o no comparten aquello que llamamos perspectiva de género. “El género es una categoría teórica que expresa una de las formas en que se sustentan las jerarquías sociales. Por ello, no se trata de problemas de mujeres o de varones, se trata de revisar y transformar los procesos sutiles, naturalizados, normativizados que producen y reproducen las jerarquías de género que se traducen en formas de discriminación y violencias específicas y que afectan con una abrumadora mayoría a mujeres, lesbianas, travestis y trans.” Carina Carmody se suma a las otras voces que manifiestan el repudio a que esta iniciativa sea impulsada justo en este momento. “En este marco, este proyecto resulta una burla patriarcal, machista y profundamente reaccionaria. Y que legisladores y legisladoras acompañen este proyecto obtuso es aún más alarmante, porque da cuenta de la tremenda insensibilidad e insensatez frente a uno de los problemas más extendidos en todo el tejido social que se replica de las más diversas formas en todos los espacios de la vida, y que vulnera sistemáticamente los derechos humanos más fundamentales.”

La defensa de Lena

No fue azaroso que buscáramos su opinión. La diputada nacional por Entre Ríos (UCR, interbloque Juntos Por el Cambio mandato 2019-2023), no toca de oído en este tema. Es fundadora e integrante del Foro de Mujeres Radicales y fue por años docente de la Cátedra Derechos Humanos de la UADER. La legisladora, oriunda de Chajarí, expresó su voto a favor de la Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, el 10 de diciembre de 2020, recordando a “Florentina Gómez Miranda, defensora de los derechos de las mujeres, un orgullo para mi partido y para toda la sociedad”, quien “hace ya más de 20 años hablaba de que había que descorrer los velos y tratar estos temas sin hipocresías”.

Por ello fue que buscamos su opinión antes que la de su compañero de interbloque, también firmante del proyecto, Gustavo Hein (PRO). Tal como lo contamos, la diputada nos mandó a hablar con Cáceres, aunque consultada específicamente por sus motivos para apoyar el proyecto, fue escueta pero respondió: “Porque hay que visibilizar todos los problemas”.

Ya más puntualmente, le preguntamos qué sería lo que hace necesaria una ley sobre temas que ya están legislados: la violencia hacia los varones, como hemos visto, no es violencia de género, y las denuncias falsas (que por supuesto existen, en éste como en todos los temas) también ya están penadas. En palabras de Luciana Basso: “Las agresiones hacia los hombres no se denominan violencia de género sino ‘violencia’ (dentro del ámbito teórico) y ‘lesiones’ en el ámbito judicial. El Código penal ya tiene figuras para esto… no hace falta una nueva ley.” La respuesta de la diputada fue: “No, no es violencia de género. Y este tipo de violencias no sólo no está legislado de manera concreta sino que además está estigmatizado.”

El debate está planteado

Desde la Multisectorial de Mujeres Entrerrianas vienen impulsado la creación de un Polo Integral de la Mujer, como hay en otras provincias, para terminar con el peregrinar que tienen que hacer las mujeres cada vez que sufren algún tipo de violencia: “que vayan a la comisaría, de ahí a la fiscalía, de la fiscalía a asistencia a la víctima y así”, relata Carolina Acuña. “Un peregrinar constante en el que muchas mujeres se terminan cansando. A veces termina en la nada y otras veces pasa lo que le pasó a Fátima Acevedo.” Que en ese contexto se busque avanzar en un proyecto de Ley que pone el foco en las “denuncias falsas” (la ínfima minoría), parece casi una provocación.

Además, sobre estas y las demás cuestiones que trata el proyecto de Ley, ya existe legislación. Lo explica Carina Carmody: “Desconocen las normativas y procedimientos que ya existen para salvaguardar los derechos de las infancias; ignoran que ya existen políticas públicas tendientes a lograr vidas libres de violencias y coerciones; planteando una mirada sesgada, suspicaz y restrictiva de género”.

Por innecesaria, por imprudente, por falta de empatía y por irrespetuosa, las organizaciones y referentes de la lucha feminista consultadas, todas, sin excepción, rechazan la propuesta. Veremos qué pasa en el Congreso. Allí, donde tantas veces los avances sociales y democráticos se vuelven ley, y tantas otras veces las leyes buscan que dichos avances se detengan, e incluso retrocedan.

Publicado por Río Bravo el 20 de febrero de 2021.

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