En sus considerandos, la jueza señaló que "este recorte salarial que instauran los arts. 4 y 5 de la Ley 10806, al irrumpir modificando el salario líquido o de bolsillo de los trabajadores que poseen acuerdos paritarios firmados, vigentes en los términos y con las características de ultractividad e inmodificabilidad unilateral resulta, prima facie, lesivo de garantías esenciales de nuestra constitución” .

Y más adelante observó que también "afectaría los principios del Derecho Laboral internacional contenidos entre otros en el Convenio 154 OIT, contrario a los Principios y Recomendaciones del mismo organismo internacional, horadando, por tanto, el derecho que poseen los Gremios a celebrar esos convenios y que recepta el art. 14 bis de la Constitución Nacional y en el art 82 de la Constitución Provincial”.

Sobre esa base, la magistrada resolvió:

1) Hacer lugar parcialmente a la medida cautelar innovativa y en consecuencia disponer la suspensión de la aplicación de los art. 4 y 5 de la ley 10.806 respecto del tramo comprendido entre $75001 a $ 100.000 de la totalidad de los trabajadores de la educación activos y de la administración pública provincial y municipal.

2) Disponer la vigencia de la presente hasta tanto se dicte sentencia.

Agmer reivindicó el fallo pero "todavía falta"

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, al respecto, manifestó: "Reivindicamos el fallo al entender que ratifica la legitimidad de nuestros justos reclamos y va en dirección de lo que venimos denunciando desde el momento en que se  conoció el proyecto de Ley del Ejecutivo y enviado a la Legislatura. Lo resuelto por la Justicia hoy se suma a lo que logramos días atrás con la suspensión del Art. 6 referente a las trabajadoras y trabajadores jubilados".

De todos modos, consideraron que es insuficiente: "Aún nuestras compañeras y compañeros con salarios nominales a partir de 100.000 pesos siguen siendo sujetos de aportes de una Ley que no nos cansaremos de denunciar por su carácter profundamente regresivo –específicamente- en sus Art. 4, 5 y 6. En este sentido, continuaremos accionando hasta lograr la inconstitucionalidad de los mismos".

"Ningún trabajador, ninguna trabajadora debe padecer otro ajuste al bolsillo. Como decimos siempre: nosotros y nosotras ya hicimos el esfuerzo, es hora de que la crisis la paguen el capital financiera y el poder económico y oligopólico", reclamaron.

Publicado en Río Bravo el 23 de septiembre de 2020