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Domingo, 05 Julio 2020 14:24

Desde supervisores hasta CTERA, fuerte rechazo docente al ajuste en la provincia

Escrito por Ignacio González Lowy

La sanción de la Ley de Emergencia Social, proyecto del gobierno de Bordet convertido en ley el jueves último en el Senado, generó una fuerte oposición en el colectivo docente de la provincia (y más allá también). La contradicción es particularmente con los artículos 4, 5 y 6 de la ley, ya que los mismos afectan el salario de miles de docentes que, de bolsillo, cobran más de 59 mil pesos (aunque el texto normativo hable de 75 mil, en alusión al monto nominal que figura en los recibos de haberes). Además, generó particular rechazo la creación de un aporte extraordinario de las y los jubilados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones, en abierta contradicción con lo que marca la Ley Previsional N°8732 al respecto.

La oposición a la norma se planteó fuertemente desde AGMER en general, con una decisión unánime de los secretarios generales de seccionales, definiendo un paro virtual de tres días y la amenaza de no volver a las escuelas cuando se defina la presencialidad, si no se revisa la norma. Por su parte, AGMER Paraná y otras seccionales se movilizaron, respetando las medidas de cuidado de la salud pública, los dos días en los que el proyecto se trató, en diputados y senadores, y realizaron sendos actos frente a Casa de Gobierno.

Esta lucha, desde ya, no es exclusiva de los docentes (aunque el rechazo en este sector generó un particular consenso). El sindicato de las y los trabajadores de la educación ha golpeado así en unidad con otros sectores de trabajadores y de la sociedad, especialmente en el marco de la Multisectorial de la provincia.

CTERA se suma al repudio

Esta vez el descontento generado no quedó exclusivamente en las medidas sindicales locales, ya que la propia CTERA, a nivel nacional, adhirió al repudio y se expresó respecto de la situación que preocupa y moviliza a las y los docentes en nuestra provincia. “CTERA rechaza el ajuste previsional que pretende aplicar el Gobernador de Entre Ríos y acompaña la lucha de los compañeros y compañeras de AGMER”, dice el texto y no deja margen de dudas al respecto.

El comunicado de la confederación nacional de las y los trabajadores de la educación se concentra en criticar los artículos 4, 5 y 6 de la ley, ya que su aplicación significaría “un saqueo al bolsillo de trabajadores y jubilados”. Así, en consonancia con el reclamo de los sindicatos entrerrianos y de la Multisectorial, exige al gobierno provincial que la crisis no la paguen las y los trabajadores: “Rechazamos de plano que la crisis se descargue sobre lxs trabajadorxs, por el contrario los sectores más ricos de la provincia son los que deberían hacer un mayor aporte para afrontar los efectos de la pandemia y generar el inicio de un sistema más justo de distribución de la riqueza.”

Supervisores de Concordia

Por su parte, en el Departamento Concordia se expresó un colectivo que raramente se manifiesta por cuestiones políticas y, mucho menos, en contra de la voluntad del poder ejecutivo provincial. Así, el equipo de supervisores de primaria (que en jerarquía están por encima de los directores de escuela) elevó una carta a Bordet en la que le piden que revea la medida convertida en ley, con la que “literalmente han destruido cualquier intento de esfuerzo por dar lo mejor de sí de los actores institucionales, haciéndonos sentir castigados por dar lo mejor en pos de la sociedad y principalmente por los primogénitos de los derechos que son los niños”.

El texto de los supervisores plantea un reconocimiento del trabajo docente en el contexto de pandemia, en contraposición al “castigo” que representa la ley sancionada: “Desde el primer día de este aislamiento, todos hemos duplicado las horas de trabajo y gastos de nuestro propio bolsillo para mantener con esfuerzo y compromiso la escuela presente en cada hogar, hasta el punto de poner en peligro la salud en pos de conseguir atraer a los alumnos sin conectividad y para garantizar los vínculos con las familias, adaptando la educación en la no presencialidad en los diversos y diferentes contextos institucionales, con ausencia de conectividad gratis. Cada docente, directivo, supervisor tuvo que sostener y financiar, junto a las familias, la actividad virtual que conlleva gastos extra de servicios de internet, dispositivos electrónicos y tecnológicos, mantenimiento de estos, sumado a gastos de traslado para poder hacer llegar las actividades y propuestas pedagógicas a los niños y familias carentes de recursos, en zonas rurales, suburbanas y periféricas, además de asegurar el derecho a la alimentación, con la atención de comedores escolares (que no es inherente a la función y que aún así los equivos directivos continúan trabajando para sostener estos derechos para los niños y familias más vulnerables). Así, podemos seguir detallando muchas situaciones”. Y cierran pidiendo: “Solicitamos tener la empatía y obligación de asumir por parte del Gobierno estos gastos y hacerse cargo de ellos sin trasladarlos a los trabajadores en descuentos y que se valore la labor sostenida que con tanto empeño se está realizando por los docentes”

Publicado por Río Bravo, el 5 de julio de 2020.

Modificado por última vez en Domingo, 05 Julio 2020 20:55

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