Ante la severa parálisis que provoca en la actividad económica el inevitable paquete de medidas dispuesto por el gobierno nacional para contener el avance del Coronavirus, el sindicato de las organizaciones sociales (la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) impulsa el otorgamiento de un bono paliativo para trabajadores en negro o del monotributo social.
La pandemia de Coronavirus, que ya suma casi 330.000 casos a nivel mundial, con más de 14.000 víctimas fatales (225 y 4 en Argentina) motivó que la mayoría de los gobiernos de la región a tomar medidas que apuntan a restringir la circulación de personas para evitar la propagación del virus. Estas medidas, aunque resultan ineludibles para evitar un agravamiento mayor de la situación sanitaria, provocan un fuerte impacto para una economía claramente deteriorada por cuatro años de franco retroceso de la producción, el empleo y el poder adquisitivo, sobre todo de los sectores populares.
En este contexto, son los llamados trabajadores de la economía popular, changarines, trabajadores en condiciones precarias o de informalidad -que definen en cada jornada el plato diario de comida- quienes más sufren las consecuencias de la parálisis económica. Es en este marco que la UTEP (el sindicato impulsado por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la organización Somos Barrios de Pie) proponen que el Estado nacional otorgue un bono especial de 5.000 pesos a personas que “no tengan trabajo en blanco, no sean jubilados o pensionados, no sean monotributistas comunes (pueden tener monotributo social), no pueden percibir ningún plan social nacional, sean mayores de 18 años, posean DNI y CUIT o CUIL”.
Además, solicitan que no estén impedidos de percibirlo extranjeros residentes en el país y personas casadas con beneficiarios/as de la Asignación Universal por Hijo o algún otro plan social. Por el momento, el otorgamiento del bono sería por única vez.
Según manifestaron desde la UTEP, hay conversaciones muy avanzadas al respecto con el Gobierno nacional y las organizaciones llevan adelante un relevamiento “para que el Ministerio de Desarrollo Social pueda canalizar rápidamente este beneficio extraordinario en el marco de la crisis que atravesamos”, indicaron desde la Asociación para la Promoción de los Derechos del Niño y el Adolescente (ADPENA), entidad que colabora con la recolección de información.
