El requerimiento no contempla imputarlo por negociaciones incompatibles con la función pública, como lo consideran el abogado denunciante Guillermo Mulet, el juez de Transición Nº 4 Humberto Franchi y la Sala I de la Cámara del Crimen de Paraná.
La fiscal de Transición, Viviana Ferreyra, presentó este miércoles por la mañana, en el Juzgado de Transición N° 4 de Humberto Franchi, el requerimiento de elevación a juicio de la causa contra Fabián Barreiro por el supuesto delito de falsificación ideológica de documento público.
Fuentes judiciales indicaron a RÍO BRAVO que en las próximas horas los abogados defensores de Barreiro, Raúl Barrandeguy y José Candelario Pérez, serán notificados sobre la solicitud de la fiscal. Una vez que reciban la comunicación tendrán un plazo de cinco días hábiles para oponerse a la elevación a juicio y pedir el sobreseimiento de su defendido.
El empresario santacruceño y ex jardinero de la residencia presidencial de El Calafate, está procesado en Entre Ríos desde julio de 2014 por el supuesto delito de falsificación ideológica de documento público. Se lo acusa de haber ocultado que tenía un cargo en un área que depende del Ministerio de Cultura y Comunicación y así presentarse a una licitación, que finalmente se le adjudicó.
El 28 de julio de 2014 el juez de Instrucción Número 7 de Paraná, Humberto Franchi (en aquel entonces era de Instrucción, hoy, por el nuevo sistema procesal penal, está dentro del Juzgado de Transición Nº4), procesó a Barreiro y también pidió al fiscal que tenía a cargo la investigación –en ese entonces Francisco Ramírez Montrull- investigar si Barreiro no incurrió además en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, ya que era funcionario y proveedor del Estado.
En noviembre de 2014, la Sala I de la Cámara del Crimen de Paraná integrada por José María Chemez, Miguel Ángel Giorgio y Elvio Garzón, confirmó el procesamiento y rechazó la apelación promovida por la defensa del jardinero. En esa oportunidad el tribunal también avaló que se investigue si no incurrió en negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
El 15 de febrero de este año, el juez Franchi corrió vista al fiscal sobre lo resuelto por la Cámara. Ante la demora de nueve meses por parte del funcionario judicial para resolver, el lunes pasado el abogado que denunció la presunta comisión del delito, Guillermo Mulet, solicitó al juez que intime al fiscal a cargo de la investigación para que cumpla con sus funciones y amplíe la denuncia contra Barreiro.
Denuncia original: negociaciones incompatibles
En rigor, en diálogo con Río Bravo, Mulet explicó que su denuncia original contra el ex jardinero presidencial y empresario fue por el supuesto delito de negociaciones incompatibles con la función pública. “Cuando originalmente hago la denuncia contra Barreiro planteo que el delito que se debe investigar era el de negociaciones incompatibles con la función pública, ya que él era funcionario de la Provincia y en su doble carácter de funcionario y empresario se presentó a la licitación, la ganó y la Provincia lo contrató para trasladar a los chicos a Teconópolis”, señaló el letrado.
Enseguida, subrayó: “creo que debería estar imputado y procesado por los dos delitos, pero hasta que el fiscal no requiera instrucción formal sobre ese delito no se lo puede imputar”.
Consultado sobre qué responsabilidad les cabe a los funcionarios que aparecen en la trama, sostuvo: “no podían desconocer que era funcionario público. Lo había designado el gobernador a través de un decreto. Tampoco se explicó cómo es posible que en el mismo día que presentó los papeles lo tuvieran como proveedor del Estado”, dijo y agregó que para inscribirse como proveedor se debe sortear un burocrático trámite que lleva su tiempo.
Mulet presume que hay “un negocio amañado en beneficio de una determinada persona” y que existen indicios de que hubo una “licitación armada” o direccionada.
Si bien en un principio se habló de que la causa seguía en manos del fiscal Francisco Ramírez Montrull, fuentes tribunalicias indicaron que el funcionario judicial no tiene más intervención en el tema desde septiembre de 2014. Ahora está bajo la órbita de la fiscal de Transición, Viviana Ferreyra.
Este miércoles la fiscal presentó el requerimiento de elevación a juicio contra Barreiro por el presunto delito de falsificación ideológica de documento público. La solicitud no contempla imputarlo por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública.
Claves
- Noviembre de 2012: Barreiro es nombrado coordinador de Relaciones Institucionales del Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos (CEICER), ad honorem, –que dirigía en ese momento Sebastián Lorenzo-. En ese cargo fue designado mediante el Decreto Número 2.693 por el gobernador Sergio Urribarri y el ministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez. Con el Decreto Número 3.793, del 13 de diciembre, se le asignó viáticos. Aún así nunca se presentó a trabajar.
-Diciembre de 2012: En diciembre de ese año su empresa RP Transportes SA, fue la única que se presenta a la licitación del Ministerio de Turismo para llevar a Tecnópolis a 2.324 estudiantes de 60 escuelas entrerrianas. Más tarde, el funcionario le cobraría al Estado provincial 220 mil pesos por ese servicio. Su empresa aparece en el Registro de Proveedores con el número 4711.
- En una nota titulada "El “jardinero multimillonario” Ricardo Barreiro tiene un cargo en el gobierno de Entre Ríos", RÍO BRAVO informa por primera vez del caso.
-Mayo de 2013: el abogado Guillermo Mulet lo denunció y la justicia comenzó a investigar.
-27 de mayo de 2013: el ministro de Turismo Hugo Marsó declaró en los medios: “El gobierno de Entre Ríos contrató a la empresa de transporte más económica que se presentó a la licitación para trasladar alumnos y ahorró 400 mil pesos”.
-Marzo de 2014: El fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull imputó a Ricardo Fabián Barreiro por la supuesta falsificación de un documento público, ya que se habría presentado como proveedor del Estado sin declarar que en ese momento tenía un cargo ad honorem en el Ministerio de Cultura y Comunicación de la provincia. A mediados de marzo, en una entrevista a Río Bravo, el fiscal dijo que otro plano de la investigación sería indagar si la licitación fue “direccionada” por el poder político.
-Junio de 2014: Barreiro declara como imputado y niega haber sido contratado como asesor cultural. Aquella vez, sus abogados Raúl Barrandeguy y José Candelario Pérez, citaron como testigos a los ministros de Cultura, Pedro Báez, y de Turismo, Hugo Marsó. Ambos declararon por escrito no estar enterados que Barreiro era proveedor del Estado cuando fue designado asesor cultural. En julio fue procesado por Franchi y en noviembre esa resolución fue confirmada por la Sala I de la Cámara del Crimen de Paraná.
Publicado por Río Bravo el 25 de noviembre de 2015.